Pedro Canales

La “lista unitaria” propuesta para las Elecciones autonómicas de Cataluña el 21-D, es una trampa tendida por los independentistas a la llamada izquierda social, Podem catalán, En comú, Catalunya sí que es Pot, y otros grupos y asociaciones, para que se sumen al tren que conducen Esquerra Republicana, el PDECat (Partido demócrata europeo catalán) y la CUP (Candidatos de Unidad Popular).

Los independentistas, los mismos que han “proclamado” la fantasmagórica República catalana, saben que no podrán obtener la mayoría de votos, ni de escaños, el 21-D; y quieren arrastrar con ellos a los más afines a sus plañidos y quejidos victimistas.

Por ello, han pensado que la única reivindicación, el único objetivo que los puede ligar, es “libertad para los presos políticos”. Pero, ¿cuáles son esos encarcelados por sus ideas políticas? ¿Dónde están?

Citan el ejemplo de Jordi Sánchez, dirigente de la Asamblea Nacional catalana, y de Jordi Cuixart, dirigente de la asociación Omnium.  La jueza los ha enviado a prisión acusados del delito de “sedición”, por organizar manifestaciones tumultuosas y en algunos casos violentas, para impedir a las fuerzas de seguridad proceder a la detención de los responsables de la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre. Ambos tienen ideas independentistas, y su derecho a defenderlas, como cualquier ciudadano de este país. Pero su delito no es por las ideas que tengan, ni por manifestarse en la calle, organizar reuniones o hablar por la radio, sino por arengar a la ciudadanía  para impedir la acción de las fuerzas de seguridad que, obedeciendo órdenes judiciales, tenían el cometido de detener a los organizadores de un acto ilegal.

En medio de la confusión y el desconcierto creado en Cataluña por las actuaciones del Gobierno de la Generalitat, el solo hecho de hablar de presos políticos levanta ampollas y viejos recuerdos, que es precisamente el objetivo malévolo de sus promotores, para tocar la fibra sentimental.

Son muchos los que en Cataluña sostienen que en España hay “presos políticos”; y no lo piensan dos veces en tomar el ejemplo de Arnaldo Otegi, que cumplió seis años de cárcel. Es cierto que, en los últimos tiempos de su estancia en prisión, hubo un movimiento de firmas de intelectuales, políticos, artistas y algunas personalidades internacionales, pidiendo su liberación. Sin embargo, Otegi no estaba en la cárcel por sus ideas independentistas, ni por haber sido el dirigente de la ilegalizada Herri Batasuna, ni por sus encendidos elogios a la Patria Vasca, ni por haber suscrito el Pacto de Estella que proponía “el diálogo” para solucionar “el problema vasco”. No. Otegi cumplía una condena firme de prisión por “pertenencia a banda armada”, por haber recibido “instrucciones de la dirección de ETA para reconstruir la ilegalizada Batasuna”. No era por sus ideas, sino por su actividad como parte de la organización terrorista ETA.

Sin embargo, algunos pensaban que podía jugar un papel político de mediación, para convencer al sector más agresivo del terrorismo etarra de que “la etapa de los atentados y asesinatos había terminado”. No era un político preso, sino un preso que, algunos pensaban, podía jugar un papel político.  

Cada cosa hay que ponerla en su sitio. Dirigentes políticos, en general de la izquierda socialista, comunista y más allá, se están dejando embaucar por el mito de tales presos. Algunos, como el que fuera dirigente de la formación política Podemos, Juan Carlos Monedero, enredan aún más esta cuestión, cuando en un reciente artículo sobre los “presos políticos”, comienza a hacer referencias a él mismo y a su “militancia”. Un artículo que no tiene desperdicio. Monedero se atreve a decir lo siguiente: “Es evidente que el Gobierno de Puigdemont está incumpliendo la ley. Igual que los que repartían panfletos en las fábricas durante el franquismo, los que militaban en partidos políticos en la clandestinidad o los que nos opusimos al servicio militar obligatorio y a la prestación social sustitoria. La diferencia es que quebrábamos la ley por razones políticas. Queríamos cambiar las cosas y el Estado no nos escuchaba”.

Es exactamente lo que dice. Primero hace una mezcla de tiempos, como par que el lector superficial se crea que él, Juan Carlos Monedero, fue un luchador contra el franquismo. Con todo desparpajo se atreve a decir: “queríamos cambiar las cosas y el Estado no nos escuchaba”. Casi nada, como si se creyese Mandela.

¿Cuándo realizaba estas acciones tan aguerridas, Monedero? Pues mientras era militante del PSOE, entre 1982 y 1986. Le tocaba hacer la “Mili” (Servicio militar obligatorio) en 1983 al cumplir los 20 años. Y la llamada Prestación Social Sustitutoria (PSS) fue un decreto ley hecho por el PSOE, después de que Felipe González llegó a La Moncloa. Monedero dice que “quería cambiar las cosas, y el Estado no le dejaba”; pero si fue su partido de entonces, el PSOE, quien propuso esa Ley, y aún así siguió militando dos años más. ¿Qué “Estado” no le dejaba cambiar las cosas? El gobierno del PSOE, ¿no era el Estado? Bueno, después de “quebrar la Ley por razones políticas” (estamos en 1984, no en 1968), el resultado fue que Juan Carlos Monedero siguió su nomadismo político pasando por Izquierda Unida, siguiendo en Podemos, y gozando ahora de una jubilación caribeña.

Esto no es una polémica con el profesor universitario Monedero, sino un ejemplo de la manipulación de la información, de la utilización del sentimiento popular contrario a las dictaduras y a los presos de conciencia, para defender lo indefendible. Las personas que están en la cárcel, no son presos políticos. Están ahí acusados del delito de sedición, que es suficientemente grave, vista la fractura social creada en Cataluña, como para que la Ley se les aplique con el rigor que merecen.