Jamal Mechbal y Clara Riveros*/CPLATAM

Pie de foto: El ex presidente del gobierno español, Felipe González, en el homenaje a Abderrahmane Youssou

Las relaciones políticas y económicas entre Marruecos y España pasan por su mejor momento, son sólidas, estables y se inscriben en el marco de la cooperación mutua. No obstante, es difícil encontrar en los medios españoles, opiniones rigurosas, serenas, edificantes, y, principalmente, sustentadas cuando se habla de Marruecos y de la cuestión del Sahara.

Aunque el fenómeno de las noticias falsas se tiene como un evento reciente, se infiere, al analizar la información que durante años se ha presentado en España sobre Marruecos y, en especial, respecto al Sahara, que algunos medios españoles llevan enorme ventaja en el ejercicio del pseudo periodismo dedicado a la producción y difusión de “fake news”. Las opiniones que, sobre el vecino país, se difunden en medios y portales españoles, salvo contadas excepciones, son militantes de la “causa saharaui” que se arroga el Frente Polisario y, deliberadamente, omiten a los ciudadanos desde qué posición se les está informando, sub informando o desinformando.

Abunda la información sesgada y las opiniones que, valga decir, desbordan las críticas y se inscriben en los prejuicios y en un ánimo incendiario y tóxico. ¿Por qué los intelectuales marroquíes están ausentes de los medios españoles? A menudo vemos, leemos y oímos, en los principales diarios de España, a representantes notables del mundo de la cultura, la economía y la política de América Latina, pero, pese a la cercanía, las voces de los marroquíes están silenciadas, marginadas e ignoradas en la prensa española.

La libertad de prensa y las plenas garantías para el ejercicio periodístico son condiciones esenciales para la existencia de la democracia. Si acaso hace falta precisar, libertades y garantías no son sinónimo de medianía ni justifican la mediocridad, tampoco excluyen o liberan de la necesidad de rigor y profesionalismo al medio y/o al periodista. Habría que empezar por aclarar que hay un periodismo militante que afecta tanto la forma como el contenido de las noticias que se presentan ante la ausencia total de equilibrio informativo y contrastación de fuentes, elementos necesarios para que las audiencias puedan documentarse de forma suficiente sobre los diferentes temas y, de ese modo, sacar sus propias conclusiones. En el diferendo del Sahara, hay dos partes reclamantes del territorio: Marruecos y Argelia-Frente Polisario, pero, solo a la segunda parte, se le han abierto los micrófonos y se le dedican páginas enteras de propaganda revestida de información.

Una muestra notable de ese periodismo militante es el que hace el rotativo español Público, afecto al populismo español, latinoamericano y Polisario, el medio publicó el 9 de marzo (2018), un artículo bajo el título: “Felipe González alaba en Marruecos la “integridad territorial” con el Sáhara”, donde acusa al ex presidente de defender “la ocupación ilegal que el reino alauí mantiene desde 1975 en los territorios de la ex colonia española”, en referencia al ex Sahara español que hoy es marroquí. Es un artículo de propaganda para una de las partes inmersas en la cuestión y se inscribe en las prácticas lesivas para el periodismo que han sido referenciadas en líneas anteriores.

En el artículo se acusa al ex presidente del Gobierno español, Felipe González, de alabar, en un acto celebrado en Marruecos, la integridad territorial de este país y se afirma que Marruecos hace una “ocupación ilegal” del Sahara Occidental, “a pesar de que la ONU y la legalidad internacional obligan a Marruecos a celebrar un referéndum de autodeterminación en los territorios que mantiene ocupados desde 1975”. Se hace necesario evidenciar las falacias esbozadas por ese medio. En primer lugar, el contexto en el que González hizo uso del término “integridad territorial” para referirse al ex jefe de gobierno marroquí, Abderramán el Yusufi, a quien el ex mandatario español calificó de “un hombre completo” que luchó “por la independencia de su país, por la soberanía y por la integridad territorial”. Esta última expresión, “que en Marruecos se usa para referirse a la soberanía sobre el Sahara Occidental”, según cita el artículo, la empleó González en dos ocasiones. Se le reprocha a González, de manera errónea, el uso del término “integridad territorial”. Público omite que, este compromiso del Estado español hacia Marruecos, se remonta al 7 de abril de 1956, cuando, en una declaración oficial conjunta hispano-marroquí, España reconoció que no podía seguir en vigor el régimen de protectorado o el Convenio franco-español del 27 de noviembre de 1912, mediante el cual los dos países europeos se repartieron el Reino. En esa declaración conjunta, se reconoció la independencia de Marruecos y también se afirmó la voluntad de España de respetar la unidad territorial de Marruecos.

Público, ¿ignora, desconoce u olvida?

A los pocos días de firmado ese Acuerdo de 1956, fue la izquierda española, especialmente, el Partido Comunista Español (PCE), quien puso en duda la intención del régimen franquista de cumplir efectivamente con el compromiso pactado. En los comunicados del PCE se resaltaba con claridad que los territorios de Tarfaya, Ifni y Sahara hacían parte del territorio marroquí al que se le debía respetar su integridad. A partir del Acuerdo entre España y Marruecos, este último recuperó los territorios mencionados. Sin embargo, en el caso del Sahara la recuperación coincidió con el hecho de que Argelia ya era independiente y lideraba la vocería del Tercer Mundo.

La ideología dominó la razón y, la izquierda española, que antes reclamaba la integridad territorial de Marruecos llegó a posicionarse del lado argelino y empezó a exigir la desintegración del Reino de Marruecos, inclusive poniendo en peligro los propios intereses de España. Fue una época en la que hubo lugar a grandes despropósitos y megalomanía. Incluso, el presidente argelino Houari Boumédiène, llegó a declarar que, para el año 2000, Argelia sería el Japón del Mediterráneo. Transcurridas varias décadas de la sentencia argelina, no solo ese deseo de Boumédiène no llegó a concretarse, tampoco pudo hacerse con el Sahara Occidental para obtener su anhelada salida al Atlántico. Esa es una realidad ampliamente conocida —aun en Latinoamérica— como lo documentaron intelectuales cubanos recientemente.

Es una falacia enorme afirmar una “ocupación ilegal” de Marruecos en su territorio, territorio que venía reclamando tanto de manera bilateral como ante la ONU, desde que recuperó su soberanía en 1956. El Sahara no era terra nullius, sino que estaba bajo la administración de España. El mismo Consejo de Seguridad instaba a España a negociar una solución conforme al artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas y, eso fue lo que se hizo, en el Acuerdo de Madrid, en noviembre de 1975. De hecho, se depositó copia del documento en la Secretaria General de la ONU y la propia Asamblea tomó nota del documento en diciembre de ese año. España entregó el territorio, conforme a la legalidad internacional y dando cuenta de ello a la ONU. La Asamblea General lo registró. Algunos medios españoles hacen una lectura muy peculiar del Derecho Internacional, quizá valiéndose de la interpretación de los servicios jurídicos de Argel.

Nótese que en el dossier del Sahara que lleva Naciones Unidas, salvo una arcaica y huérfana resolución, no existe otra que haga mención a Marruecos como un ocupante ilegal [1]. Tampoco existe en la actualidad una exigencia de la llamada “legalidad internacional” que obligue a Marruecos a celebrar un “referéndum de autodeterminación”. Desde los años ochenta, la ONU trata el tema del Sahara como un conflicto, diferendo y/o controversia entre Marruecos y el Polisario. Desde 2004, la ONU y en concreto el Consejo de Seguridad, que encarna la legalidad internacional, insta a las partes a alcanzar una solución negociada justa y duradera mediante una negociación con espíritu realista. Baste consultar la última resolución del Consejo de Seguridad sobre la cuestión.

Más allá de que no exista nada, en definitiva, en el Consejo de Seguridad, que obligue a Marruecos al cumplimiento de las pretensiones de Argelia, del Polisario y de los militantes de su causa en los medios españoles, sorprende y decepciona el papel de Marruecos —a través de su Embajada en Madrid— que guarda silencio sistemáticamente ante la difusión y proliferación de noticias falsas e informes sesgados que lesionan la imagen del país fuera de sus fronteras. También hay que decir que, a los empresarios de medios marroquíes, les ha faltado visión —apuestan exclusivamente a la creación de medios en árabe y en francés— y le han dejado el dominio de la información —en español— sobre Marruecos a los medios españoles, en España y también en América Latina donde hay un mercado y unas audiencias que exceden los 300 millones de hispanohablantes.

No se trata de crear agencias noticiosas en América Latina emulando el estilo ruso con su avalancha de información de dudosa credibilidad. Al contrario, es deseable un sistema de medios en español que le permita a la ciudadanía española y latinoamericana acceder a informaciones equilibradas, rigurosas y contrastadas, donde los marroquíes tengan voz para hablar de su país.

*Jamal Mechbal es jurista, ex diplomático marroquí y columnista en medios de España y Marruecos.

*Clara Riveros es analista política en temas relacionados con Marruecos y América Latina.

CPLATAM -Análisis Político en América Latina-

Notas

[1] Respecto a esa única resolución que se remonta a 1979, cabe mencionar el contexto en el que se produce. Argelia tenía una gran influencia dentro de la ONU, gracias a los muchos países del Tercer Mundo que lideraba interesadamente y, también, porque el propio Abdelaziz Buteflika, había ocupado la presidencia de la ONU, un par de años atrás. En ese contexto, la Asamblea General adoptó una dura resolución contra Marruecos en la que lo calificó como ocupante, instándolo a realizar un referéndum de autodeterminación en el territorio. Esta resolución no solo es huérfana, sino que quedó completamente desfasada transcurridos casi 40 años. Nótese que dicha resolución fue superada, dos años más tarde, en 1981, cuando Hassan II propuso durante la Cumbre africana de Nairobi, un referéndum para la autodeterminación y así elegir entre la integración en Marruecos o a la independencia, tal y como instó la Asamblea General de la ONU. No obstante, el Polisario convencido de su eventual éxito, rechazó la propuesta alegando que el referéndum quedaba ya superado porque existía una nueva realidad sobre el terreno que era la RASD, reconocida por países africanos y a la que Marruecos debía reconocer y entregar el territorio sin referéndum.

En 1991, las partes aceptaron celebrar un referéndum contemplado en el Plan de Arreglo de la ONU pero, durante más de una década no se llegó a un acuerdo entre las partes para determinar el cuerpo electoral, esto es, los saharauis con derecho a voto. La ONU llegó a la conclusión de que ese Plan de arreglo era inviable debido, por un lado, a la imposibilidad de determinar el cuerpo electoral y, por el otro, porque las opciones a elegir eran extremas: independencia o integración, ante ese escenario la ONU se inclinaría por la búsqueda de una solución intermedia negociada. Se presentó el Plan Baker I, que Marruecos aceptó negociar pero Argelia y el Polisario rechazaron. Según informes de la ONU, el propio presidente de Argelia, Abdelaziz Buteflika, rompiendo con el protocolo de un Jefe de Estado, se desplazó a Houston para entrevistarse con James Baker y proponerle, en nombre de Argelia y del Polisario, el reparto. Marruecos simplemente rechazó. La ONU presentó una nueva propuesta para el arreglo de la controversia entre las partes, como denomina la ONU, llamada Plan Baker II. Marruecos la rechazó y propuso un plan basado en una amplia autonomía, a la que la totalidad de miembros del Consejo de Seguridad, que representa la legalidad internacional y la concreta, dio buena acogida, calificando la propuesta como creíble y reconociéndole a Marruecos su esfuerzo por encontrar una solución. De tal modo, la ONU ha descartado la obligatoriedad de realizar un referéndum como modalidad de autodeterminación y hoy insta a que las partes busquen una tercera vía donde todos sean ganadores y alcancen una solución negociada, justa y duradera.