Francisco Javier López Martín/diarioabierto.es

El refugio es un fenómeno reciente para nosotros, al menos con las dimensiones que ha adquirido en nuestros días. Tan sólo en los años 2015 y 2016, fueron 2´5 millones de personas las que pidieron asilo en la Unión Europea. Muchos lugares del mundo se han convertido en zonas de guerra. En demasiados países se vive en el hambre y la pobreza extrema, se padecen regímenes dictatoriales, es habitual la represión de los más elementales derechos.

También es nuevo que, ante este fenómeno haya quienes alientan el rechazo de las personas que vienen de estas zonas hay quienes se han empeñado en mezclar nuestros problemas económicos y los efectos sociales de la crisis con la presencia de emigrantes y refugiados.

Un empeño que tiene éxito y audiencia en nuestros barrios y pueblos si atendemos a lo que escuchamos cada día en bancos de los parques, bares, o reuniones familiares. Hay quien, intencionadamente, ha resumido en una idea simple, simplista, pero eficaz: Los españoles primero.

Después de esto, vete y demuestra que los refugiados, o los inmigrantes, no reciben un trato laboral, social, económico, mejor que el de los nacidos en España. Además, podemos expulsarlos, pero volverán a intentarlo, aún a costa de dejarse la vida en el intento.

Podemos ignorarlos, pero sólo los condenaremos y nos condenaremos, a inevitables conflictos de convivencia y a la aparición de problemas de xenofobia y racismo. Podemos declararles ciudadanos de segunda, pero sólo nos esperará a la vuelta de la esquina, una sociedad fracturada, dividida, envenenada y al borde siempre del precipicio.

Cualquier persona sensata, que piense un poco en el asunto, sin dejarse devorar por las consignas que sólo buscan nuestras bajas pasiones, llegará a las mismas conclusiones que los grandes expertos europeos en migraciones. Cuanto antes accedan al idioma, la cultura, las habilidades profesionales, para desenvolverse y sobrevivir en este país, menos traumática será la experiencia y más fácil será una integración real en nuestra sociedad.

Es importante que existan centros de acogida, recursos para atender las necesidades básicas, asistencia sanitaria y escolarización para los hijos. Eso que llamamos ayuda humanitaria. Pero el paso inmediatamente necesario es que la persona refugiada, o asilada, conozca la cultura y la realidad laboral. Pueda encontrar información, orientación y formación para conseguir su autonomía económica y personal.

El problema es que vivimos en un país en el que ni los nativos, ni los que vienen de fuera, pueden acceder con facilidad a estos servicios públicos que permiten formarse. Y cuando se consigue esa formación, lo difícil es acceder a prácticas y puestos de trabajo adaptados a la cualificación adquirida. El desmantelamiento de lo público, los recortes brutales de todo tipo de ayudas, prestaciones y recursos de formación y empleo, hacen que ni nacionales, ni extranjeros, lo tengamos fácil para sobrevivir y construir proyectos personales y familiares en una sociedad bien integrada e inclusiva..

No es la primera vez que se han producido llegadas masivas de refugiados y la experiencia nos ha enseñado que la integración acelerada depende mucho de facilitar los trámites de solicitud y regularización, el aprendizaje de la lengua, la obtención de un permiso de trabajo, el reconocimiento adecuado de las competencias laborales. A veces no pueden mostrar un título, pero sí demostrar su cualificación profesional.

Además, tiene que ser una tarea de todo el país. Así ha ocurrido en los lugares de Europa que mejores resultados han obtenido. En nuestro caso, es tarea casi imposible si los gobiernos nacionales, autonómicos y locales no actúan de acuerdo. Si las fuerzas políticas convierten la acogida, el asilo, el refugio, en arma arrojadiza y señuelo para la captación de votos. Si las organizaciones sindicales, empresariales y sociales no se empeñan en que las condiciones laborales sean reguladas, ordenadas y propicien el trabajo decente.

No se puede lograr si permitimos que las personas refugiadas perciban un trato discriminatorio como ciudadanos de segunda, o si son las personas nacidas en España quienes terminan considerando que se ven privados de derechos, no a causa de un reparto nefasto de la riqueza y un aumento insoportable de las desigualdades, sino por la presencia de refugiados que acceden a insuficientes, cuando no inexistentes, ayudas sociales.

La atención a las necesidades básicas, orientación laboral, valoración de las cualificaciones, formación profesional, prácticas laborales, empleo decente, deberían de ser derechos de los que nadie que viva en España, sea refugiado, inmigrante, o español, debería verse excluido. La persona refugiada tiene necesidades específicas, como aprender el idioma, o verse acogida en una sociedad desconocida.

Ni más ni menos que lo que queremos para quienes siendo españoles han tenido que emigrar o buscar refugio, a causa de una guerra, de una hambruna, la pobreza, o de la represión política de una dictadura. Y no son pocos.

Tan sólo, tras la caída de Cataluña en la Guerra Civil, 465.000 personas pasaron a Francia, así de golpe, en avalancha. Dos millones de españoles salieron durante el franquismo a buscar trabajo por Europa y América, fundamentalmente. Casi 1´5 millones de españoles vivían en el extranjero antes de la crisis y hoy son unos 2´4 millones.

Frente a quienes alimentan nuestras bajas pasiones, la mentira fácil y las soluciones simplistas, vamos a darle una vuelta y hagamos las cosas bien desde el principio, para evitar que se nos tuerzan en el futuro. La formación es siempre una de las mejores respuestas.