Antonio Sánchez-Gijón/CapitalMadrid.com 

Pie de foto: Requiere or­ga­ni­za­ción, di­nero, vo­luntad y algo de coer­ción coor­di­nada

El es­pacio Schengen, for­mado por los países de la Unión Europea que re­co­nocen el de­recho de sus ciu­da­danos a cir­cular li­bre­mente, está siendo puesto en cues­tión desde hace años por la lle­gada ma­siva de mi­grantes de origen ex­tra­co­mu­ni­ta­rio.

Una vez dentro, un extracomunitario tiene libertad prácticamente ilimitada de movimientos, a no ser que se le apliquen medidas restrictivas, que implican un grado mayor o menor de coerción, algo que los ideales humanistas en que se inspiran los tratados tienden a restringir a los casos de violencia o delito que se dan entre los migrantes, o a los que se ha denegado la condición de refugiado.

Prácticamente todo inmigrante que llega a la Unión alega ser refugiado en busca de asilo. Si se le reconoce, tiene derecho a permanecer en el territorio de la Unión y aún a recibir ayudas para emprender una nueva vida. El proceso de clasificación de un migrante tarda entre 400 días en Italia y 380 en Alemania. Entre tanto, hay que mantenerlos.

A los no reconocidos con derechos de asilo se procede a expulsarlos. Se debería decir ‘intentar expulsarlos’ porque de las 516.000 órdenes de expulsión formalizadas en 2017 solo se pudieron ejecutar 211.000. Los 305.000 no localizados (59%) alimentan hoy la economía sumergida, o viven de la caridad o se dedican a actividades no regladas o ilícitas, aunque es posible también que un cierto número se hayan ido sin dejar constancia.

El cuestionamiento de ese estado de cosas fue expresado del modo más vivo por el actual gobierno italiano, poco después de su formación. Italia ha cerrado prácticamente sus fronteras a la entrada de migrantes, pero nadie en la Unión se atreve a acusarla de falta de humanidad, cuando ha sido muchos años el puerto de llegada de cientos de miles.

Sólo Alemania puede alegar una actitud receptiva comparable o superior a la de Italia, por el gesto de la canciller Merkel de permitir la entrada en el país de más de un millón de refugiados durante la crisis migratoria procedente de Oriente Medio, en 2015.

En dos reuniones de primeros ministros del pasado junio se trató de establecer algunas reglas para la admisión o rechazo de la condición de refugiado, consistentes en que los países de llegada realizarían la clasificación, retendrían a los no refugiados y los aprobados serían repartidos por cuotas entre todos los países de la Unión. Hoy es preocupante que algunos no quieran participar ni siquiera en las labores de clasificación; y si han sido clasificados como refugiados en otro país, habrá que ver hasta qué punto un gobierno como el de Austria o Hungría admitirían recibirlos.

La clasificación de los inmigrantes es una tarea laboriosa y costosa. Exige la aplicación de cierta fuerza coactiva para obligar a los inmigrantes a permanecer fijos en un lugar durante meses, si no años. Supone alimentarlos y alojarlos, proveer asistencia médica, escuelas para los menores, mantener a éstos con sus madres, dotarles de algún recurso monetario para su movilidad, asistencia médica, etc. Italia se dispensaba de muchos de esos gastos a sabiendas de que su territorio era de tránsito, y con destino preferente a Alemania, Francia, Reino Unido y norte de Europa. Los acuerdos de junio obligan ahora a retener en el propio territorio de llegada a los migrantes, para su tratamiento, e Italia parece haber accedido a ello a cambio de que los barcos de rescate de los migrantes que salen de Libia no se dirijan a sus puertos. Ello ha desplazado el flujo hacia el oeste, hacia las costas de Argelia y Marruecos, con destino a España, que ahora tiene un problema de humanidad, cuya solución exigirá nuevas infraestructuras materiales y administrativas, uniéndose a Italia en su condición de plataforma de acogida y ‘tratamiento’.

Esta última es una tarea que Europa, sobre todo bajo el impulso de Italia y Francia, trató de encomendar a algunos de los países de tránsito, con resultados no muy positivos. Sucesivamente Egipto, Libia, Túnez, Argelia y Marruecos se han negado a crear esas plataformas de acogida temporal. Marruecos en particular parece haber abandonado la política de contención de las migraciones hacia Europa, como muestran las llegadas masivas de migrantes a las costas de Cádiz. Pero los propios migrantes son adversarios de esa solución. Un campo establecido en Túnez en 2013 para ese fin (Choucha) tuvo que ser cerrado poco después porque la mayor parte de los acogidos preferían vivaquear en las ciudades. Fenómeno perfectamente visible en cualquier ciudad española.

El modelo operativo más eficaz en que pueda inspirarse la política migratoria de la UE es el de su acuerdo con Turquía, que incluye fuertes compensaciones económicas por su cooperación. Pero el status de Turquía no es comparable con el de los países del norte de África, ya que mantiene una vinculación institucional con la UE.

No sirviendo el modelo turco para África, sólo hay dos vías para cerrar o moderar la llegada masiva de migrantes: fuertes acuerdos condicionales de cooperación y asociación con los países de la orilla sur del Mediterráneo, y planes de desarrollo económico y de seguridad con los países situados al sur de esa franja norteafricana, una de las zonas más pobres e inseguras de África. Pero ese desafío requiere dos cosas: que en ellos se pueda hacer la clasificación de los migrantes, y de que Europa disponga de la voluntad de ejercer esa política, lo que no necesariamente va a ser comprendido, por no decir participado, por los países no mediterráneos de Europa. Quede todo eso para otro día.