España invierte en I+D menos que la media de sus socios europeos y la distribución público-privada no es la más adecuada para aumentar el impacto del conocimiento en la economía y el bienestar. Por otro lado, la sociedad española percibe favorablemente la ciencia y casi un 20% de los ciudadanos otorga prioridad al aumento de las inversiones públicas en I+D. Se da, por tanto, una discrepancia entre las actitudes y opiniones de los ciudadanos sobre la ciencia y la relevancia que las empresas españolas y los gobiernos le otorgan.

Lo que popularmente se conoce como ciencia es un concepto que, a efectos de este artículo, engloba la investigación científica y el desarrollo tecnológico (I+D). La medición de estas actividades se realiza, desde 1963, siguiendo las normas y directrices que se recogen en la propuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico conocida como el Manual de Frascati. Esta propuesta las define como “el trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluido el conocimiento de la humanidad, la cultura y la sociedad, y el uso de estos conocimientos para crear nuevas aplicaciones” (OECD, 2015a).

El objetivo de este trabajo es analizar comparativamente la situación de la investigación en España. Se trata de presentar los resultados de las acciones de los actores más importantes, empresas y gobiernos, desde el punto de vista de la financiación de la I+D y comparar estas realidades con las actitudes y expectativas que los ciudadanos tienen sobre la ciencia y la tecnología. 

La ciencia es una actividad muy relevante en términos económicos (Sanz Menéndez y Cruz Castro, 2010). A nivel mundial las inversiones en I+D estimadas para 2016 alcanzaron casi dos billones de dólares en paridad de poder de compra; de estos, unos 20.000 millones corresponden a España (IRI, 2016), lo que representa el 1%.

El nivel de vida actual de nuestras sociedades es, en gran medida, resultado de las inversiones en I+D y del avance del conocimiento. Los historiadores económicos han constatado una relación positiva entre el aumento de la I+D por una parte, y el crecimiento económico y la expansión de la riqueza por otra. Además, muchos trabajos empíricos cuantifican los efectos de las inversiones en investigación en la economía, llegando algunos a concluir que dos tercios del crecimiento económico en Europa entre 1995 y 2007 se derivaron de la I+D entendida de modo amplio (EC, 2017); una mayor inversión en I+D también se asocia con ganancias de productividad (Donselaar y Koopmans, 2016). A largo plazo existe una “coevolución” entre el crecimiento real del producto interior bruto (PIB) y el gasto interno bruto en I+D de los países. En definitiva, hoy se albergan pocas dudas acerca de los efectos multiplicadores que producen las inversiones en I+D, así como las inversiones en educación y formación de capital humano.

El gráfico 1 presenta, para 2015, la relación entre la renta per cápita y el esfuerzo en I+D (medido en gasto en I+D por habitante) de los países seleccionados, e incluye el coeficiente de correlación (0,7), que es bastante alto para el conjunto.

El esfuerzo relativo de los países en I+D se suele medir mediante la proporción que representa el gasto en I+D sobre el producto interior bruto (PIB). En España se ha desarrollado un proceso de convergencia económica y monetaria con la Unión Europea desde 1986, pero la convergencia ha sido menor en I+D. Así, si en 1986 la renta per cápita española se situaba en un 70% de la media de la UE-15 y el gasto en I+D sobre el PIB era del 50% respecto a esa media, en 2015 el PIB per cápita español alcanzó el 90% de la media de la UE-28, mientras que la inversión en I+D era el 60%.

El gráfico 2 presenta la evolución de este indicador para España y los países del G7 (Estados Unidos, Japón, Canadá, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido), así como otros similares a España en tamaño demográfico, económico o de su sistema de I+D (Corea del Sur, Australia, Países Bajos) y nuestro vecino Portugal. En 2015 España invirtió un 1,22% de su PIB en I+D, mientras que la media en la UE-28 fue del 2,02. En la parte inferior del gráfico se presentan las diferencias (con valores negativos) entre el nivel de gasto en I+D de España y la media de la UE-28 y de la OCDE. Si en 2008 esta diferencia con la media europea suponía el 0,44% del PIB, en 2015 ha ascendido a 0,73%.

La baja inversión en I+D implica a la sociedad en su conjunto, a las empresas y al sector público, y desatiende los compromisos de los gobiernos español y de la Unión Europea, según los cuales, además de aumentar las inversiones generales en I+D (al 3% en la UE o al 2% en España), el papel de financiador principal de la I+D corresponde a las empresas, que deberían aumentar su peso en el total, al menos, hasta el 66%; en España solo alcanza el 46% del total de las inversiones en I+D.

El gráfico 3 presenta la I+D que financian las empresas (en términos de % del PIB). En 2014 las empresas españolas invirtieron el 0,57% del PIB en I+D, mientras que la media en la UE-28 estaba en 1,07%. Así pues, nuestras empresas deberían invertir casi el doble para llegar a la media europea, y casi el triple para alcanzar los valores medios de la OCDE; si en 2015 las empresas financiaron actividades de I+D por algo más de 6.000 millones de euros, para estar en la media europea deberían invertir en torno a 11.500 millones de euros al año.

Una pregunta pertinente es: ¿por qué las empresas españolas invierten poco en I+D? Entre los factores principales se encuentra el mayor predominio de la pequeña y mediana empresa (PYME) y, especialmente, de las microempresas, combinado con la menor contribución de las grandes empresas españolas a la inversión empresarial en I+D, en comparación con las de otros países. El segundo factor tiene que ver con el modelo productivo y la especialización sectorial de la economía española. Con la actual estructura productiva no podremos alcanzar los niveles de gasto en I+D de los países cuyos sectores manufactureros intensivos en conocimiento, los sectores de alta tecnología o los sectores emergentes (TIC, biotecnología, nanotecnología, nuevos materiales, nuevas manufacturas, etc.) tienen un mayor peso.

El gráfico 4 presenta el valor real del gasto en I+D de las empresas sobre su contribución al valor añadido bruto (VAB) en %, y el valor que tendría este gasto en I+D, si la economía del país tuviese la composición de sectores productivos media de la OCDE. El gasto de las empresas españolas aumentaría ligeramente, pero aún estaría muy lejos de la media de los países de la OCDE (2,46%); por tanto, el problema español no es solo de estructura productiva. Incluso descontando los efectos de la composición sectorial, la inversión empresarial en I+D con respecto al VAB es muy escasa, si se compara con la media de la OCDE o con otros países.

Existen factores adicionales que explican esta situación, tales como un nivel insuficiente de cualificación de los directivos, una cultura innovadora limitada o el temor al riesgo empresarial. La buena noticia es que son factores que pueden mejorarse elevando el nivel educativo de los empresarios, o promoviendo el cambio cultural para que las empresas impulsen la creación de ventajas competitivas.

En resumen, España invierte en I+D menos que sus socios europeos. Además, la distribución público-privada no es adecuada para aumentar el impacto del conocimiento en la economía y en el bienestar.

En España, la financiación de la I+D por el sector público nacional (administraciones públicas y educación superior) representó, en 2015, el 45,2% del gasto en I+D. La diferencia con la media de la Unión es menor que en el caso del sector empresas. Sin embargo, aunque en 2008 se situó en un valor próximo a la media de la UE, en 2014 el sector gubernamental financió la I+D por un valor del 0,51% de PIB, frente al 0,64% de la UE-28; esto es, en términos de PIB, un 80% de la media europea. Este retroceso del esfuerzo público español está asociado, sin duda, a la crisis financiera y económica.

Aunque no toda la I+D financiada por el sector público está contabilizada en los presupuestos públicos para I+D (una parte importante se incluye en los presupuestos de educación superior o sanidad), la evolución del sistema se observa a través de esos presupuestos. En España, el gasto presupuestario en I+D aumenta tradicionalmente en épocas de bonanza y disminuye en las de crisis, un patrón procíclico al que también se ha ajustado la mayor parte del sector privado. Esta conducta, sin embargo, no se adapta ni a las recomendaciones de los organismos internacionales (OCDE, 2009), que sostienen que las inversiones en I+D preparan a los países para afrontar mejor la salida de la crisis, por lo que deberían seguir un patrón contracíclico, ni a la evidencia de que los países que históricamente han invertido más en I+D capean mejor las crisis.

El gráfico 5 presenta la evolución de los presupuestos públicos de I+D en los años de la crisis. En él vemos que, tras un proceso de expansión entre 2005 y 2008, se ha producido una caída significativa. Los presupuestos públicos para I+D en España se encuentran entre los más volátiles; además, España ha sido, junto con Eslovenia, el país de la UE que más los ha reducido (Izsak et al., 2013). Es interesante señalar que, con una crisis tan aguda como la nuestra, Portugal ha mantenido mejor el compromiso del Gobierno con la I+D.

Lo cierto es que en España las competencias sobre política de I+D y su financiación son responsabilidad compartida entre el Estado y las comunidades autónomas, y que tanto los presupuestos de I+D del Estado como los de las CC. AA. han descendido, a partir de 2009 para la Administración del Estado, y a partir de 2010, para las CC. AA., con un ligero repunte a partir de 2014 (Cruz-Castro y Sanz-Menéndez, 2016).

Sin duda hacen falta más recursos públicos para la I+D, pero también hay que mejorar la utilización de estos recursos y transformar algunas prácticas en las universidades y centros públicos de investigación; así pues, no solo deberían cambiar las actitudes de los gobiernos y las conductas inversoras en I+D de las empresas, sino también las de los investigadores e instituciones de investigación, a fin de ser más sensibles y responsables ante la sociedad (Parellada y Sanz Menéndez, 2017).

Hasta aquí se ha analizado el comportamiento de las empresas y de los gobiernos en relación con la I+D. A partir de ahora se presentan algunos aspectos de las opiniones y actitudes ciudadanas ante la ciencia: ¿qué piensan y esperan los españoles de la ciencia y la tecnología?

Las actitudes y expectativas de los españoles respecto a la ciencia son positivas, especialmente entre los segmentos más dinámicos de la sociedad española. Los datos del Eurobarómetro (EC, 2013) mostraban que el 89% de los españoles creían que la I+D tenía una influencia positiva en la sociedad, valor que se situaba en la media de la UE. Como indicador de la actitud favorable hacia la ciencia y sus efectos, el gráfico 6 presenta los resultados del grado de acuerdo o desacuerdo, con la idea de que “la ciencia y la tecnología hacen nuestra vida más fácil, más confortable y saludable”: más del 80 % de los españoles estaba de acuerdo, frente a un valor medio del 68% para el conjunto de la UE-27. España tiene el valor más alto, frente a países donde domina una actitud más escéptica o ambivalente, como Alemania o Francia.

La sociedad española percibe la ciencia muy favorablemente. La encuesta sobre la percepción social de la ciencia y la tecnología de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) permite indagar en las actitudes y expectativas ciudadanas ante la ciencia y sus instituciones, y confirmar esta disonancia con la conducta de empresas y gobiernos. Por ejemplo, cuando se compara el prestigio de diversas profesiones en España se observa que los científicos son, de forma sostenida, la profesión con más prestigio y reconocimiento social, tras los médicos, y que en el contexto de la crisis esta valoración social ha aumentado (Lobera y Torres, 2015).

Además, como se observa en el gráfico 7, cuando los ciudadanos expresan su confianza en distintas instituciones a la hora de tratar los asuntos relacionados con la ciencia y la tecnología, las universidades y los hospitales se encuentran en lo alto de la escala, mientras que la confianza de los ciudadanos es menor con respecto a los gobiernos, las administraciones y las empresas. En una escala de 0 a 100, las universidades y los hospitales obtienen una confianza media de 80,3, mientras que la confianza en las empresas es de 56,8, y en los gobiernos y las administraciones, el 44,6.

Por otra parte, la mayoría de los ciudadanos españoles creen que los gobiernos central y autonómicos invierten pocos recursos en investigación científica y tecnológica; en 2016, con todas las áreas de gasto público como referencia, más de la mitad de los españoles pensaban que gastaban poco en I+D; esta percepción aumentaba según el nivel de educación.

Para conocer mejor las actitudes ciudadanas ante la ciencia y la tecnología, es interesante saber qué harían los ciudadanos si tuviesen que elegir entre diversas prioridades de gasto público; entre estas preferencias predominan las relacionadas con los servicios del estado del bienestar (sanidad, educación, pensiones y protección del desempleo). Por eso es notable señalar que casi un 20% de los ciudadanos prefiere aumentar las inversiones públicas en I+D como prioridad, incluso frente a otras prioridades asociadas a la idea de estado del bienestar; no olvidemos que solamente el 0,9% de la población activa estaba desarrollando actividades de I+D. Así pues, existe un segmento relevante de la sociedad española que aborda la I+D de modo «altruista», y seguramente teniendo en cuenta los beneficios futuros de las inversiones en I+D. Por ello, es interesante caracterizar a estos segmentos de la población española. Un análisis reciente (Sanz-Menéndez et al., 2014) ha identificado algunas características de los ciudadanos que otorgan prioridad al aumento de los presupuestos en I+D; se confirma que son los más educados, los que tienen más formación y conocimientos científicos, los más jóvenes o los que viven en ciudades. El apoyo a la I+D y al incremento de las inversiones en I+D es mayor entre los sectores más dinámicos de la sociedad.

Por último, hay que señalar que los ciudadanos son conscientes del papel que la I+D desempeña en el cambio de modelo productivo y en preparar el futuro, porque cuando se les preguntó en 2014 su opinión sobre los tres sectores productivos y de crecimiento en la economía española del futuro, casi uno de cada cuatro españoles seleccionó la I+D como primera opción y sector preferido (Pereira y Sanz Menéndez, 2015), frente al turismo, la agricultura u otros.

En resumen, se puede afirmar que existe una discrepancia entre las actitudes y opiniones de los ciudadanos sobre la ciencia, y las conductas y la relevancia que las empresas españolas y los gobiernos otorgan a la misma en sus inversiones para preparar el futuro.

En España, la conducta de empresas y gobiernos desatiende, por un lado, la evidencia de los estudios económicos sobre la relevancia de la I+D para el crecimiento y, por otro, la experiencia positiva de los países que han seguido pautas contracíclicas de gasto público en I+D (como Alemania, Suecia o Dinamarca).

Asimismo, debería suscitar una cierta preocupación que tanto las empresas como los gobiernos tengan un comportamiento alejado de las expectativas del sector más dinámico de la sociedad española, representado por los jóvenes y la población con niveles educativos más altos. Cabe suponer que si se cumplieran esas expectativas ciudadanas sobre la ciencia, mejoraría la valoración, el prestigio y la confianza de los ciudadanos en los gobiernos y las empresas, además serviría para preparar el futuro y mejorar el modelo productivo.

Los recursos adicionales que se necesitan para cambiar el rumbo a corto plazo no son demasiados; por ejemplo, en el presupuesto público, incrementos anuales regulares, del orden de decenas de millones, permitirían iniciar la recuperación del sector de I+D (Parellada y Sanz Menéndez, 2017). Estas actuaciones podrían servir además para señalizar los esfuerzos por cambiar el modelo productivo.

Algunos de los actores implicados en la I+D vienen reclamando un Pacto por la Ciencia, que se ha interpretado como una petición de más recursos presupuestarios para la I+D; visto así, el pacto no es suficiente. Se trata de promover un nuevo “contrato social” entre la ciencia y la sociedad española, mejorando el sistema de I+D y aumentando su impacto en la economía y en la sociedad española como una tarea de todos los actores implicados. Unos mayores presupuestos deberían acompañarse, para mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos públicos, de reformas en la gobernanza y de cambios en las prácticas de las instituciones públicas de investigación y universidades, así como propiciar un aumento extraordinario de la responsabilidad inversora en I+D del sector empresarial.

Nuestro análisis concluye insistiendo en la contradicción entre la realidad de un compromiso limitado de las empresas y los gobiernos, por un lado, y las demandas de la ciudadanía de que se otorgue mayor relevancia y apoyo a la ciencia por otro. Empresas, gobiernos e instituciones de I+D deben hacer más y hacerlo mejor en materia de I+D para estar a la altura de las demandas y expectativas de los ciudadanos.

Cruz-Castro, L., y L. Sanz-Menéndez (2016): «The effects of the economic crisis on public research: Spanish budgetary policies and research organizations», Technological Forecasting and Social Change, 113.

Donselaar, P., y C. Koopmans (2016): «The fruits of R&D: meta-analyses of the effects of Research and Development on productivity», Research Memorandum 2016-1, Faculty of Economics and Business Administration, Vrije Universiteit Amsterdam.

European Commission (2017): The economic rationale for public R&I funding and its impact, Policy Brief Series, March 2017.

European Commission (2013): Special Eurobarometer 401: Responsible Research and Innovation (RRI), Science and Technology.

FECYT (2017): Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología 2016. Informe de Resultados.

Industrial Research Institute (2016): 2016 Global R&D Funding Forecast, R&D Magazine Supplement.

Izsak, K., P. Markianidou, R. Lukach y A. Wastyn (2013): Impact of the crisis on research and innovation policies, Study for the European Commission DG Research by Technopolis Group Belgium and Idea Consult.