La tasa digital no es tan descartable como algunos países pretenden

Antonio Sánchez-Gijón/CapitalMadrid.com

Pie de foto: Transformación digital. La tasa ayudaría a fi­nan­ciar las pen­sio­nes, según anunció el mi­nistro de Economía

El mi­nistro de Economía, Román Escolano, es­pera ob­tener 1.000 mi­llones de euros pro­ce­dentes de una tasa sobre las com­pañías di­gi­tales que operan en España, según ha seña­lado en Sofia, Bulgaria. Un es­tudio de la Comisión Europea* evalúa los in­gresos por ese con­cepto en 5.000 mi­llones de euros para toda la Unión.

La nueva figura impositiva parece cada vez más universalmente aceptada. En febrero Singapur la anunció para después de 2020. Siguieron los anuncios de la provincia de Quebec, Tailandia. Turquía, Arabia Saudí, Emiratos, Argentina, Brasil, Colombia, Bangladesh, Filipinas, etc. Todos tienen planes de establecer la conocida como “tasa Google’ o modelos parecidos, en los próximos años.

Las operaciones de las compañías de servicios digitalizados eran contempladas con recelo por la inmensa mayor parte de los gobiernos, por su no localización donde generaban el grueso de sus ingresos, aunque contribuían en unos pocos países como compañías de servicio, rindiendo algunos beneficios por el establecimiento físico de sus infraestructuras y empleados. En Europa ese el caso, especialmente, de Irlanda.

Hasta el presidente Trump parece haberse apuntado a esa contestación, pero con sus argumentos ‘sui generis’. A finales de marzo acusó a Amazon.com de “no pagar suficientes impuestos”, de aprovecharse del servicio de Correos y de “expulsar del mercado a los comercios al detall”.

En todo caso, Escolano justificó la medida que se propone tomar en que Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, etc. ya han introducido figuras impositivas parecidas, que justifican por razones de justicia social. Para enfatizar este punto, el ministro hizo su anuncio en relación con el de que las pensiones de la seguridad social necesitarán €3.000 millones adicionales para dos años (2018 y 2019).

El documento de la Comisión cuantifica el volumen del tráfico digital diario en la Unión: 20.000 millones de correos, 150 millones de mensajes entre medios sociales, 500.000 blogs, 40.000.000 fotos, otros cuarenta millones de mensajes de voz y 650 millones de búsquedas online.

El régimen fiscal de las empresas corrientes tiene más de cien años de existencia, añade el informe, por lo que “se ha quedado atrasado en relación con la explosión de la economía digital”. Hoy día, añade, las compañías de medios sociales, las plataformas colaborativas y los proveedores de contenido online tributan la mitad que las compañías tradicionales, y en muchos casos menos. De hecho, su tasa media de impuestos es de 9,5%, en comparación con el 23,2% de las compañías convencionales.

El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, ha dado prioridad a la consecución del Mercado Digital Europeo, y espera que el esfuerzo comunitario sirva de modelo o inspiración para la fórmula que el G-20 y la OECD esperan patrocinar en 2020.

Los estados miembros, dice el informe, no podrán cumplir sus objetivos fiscales si las digitales siguen gozando de privilegios. Y añade: “Es muy común que las compañías digitales tengan niveles de imposición cercanos a cero en los países en que gozan de una significativa cuota de mercado”.

El crecimiento de las compañías digitales rebasa al de las convencionales: en 2006, sólo una compañía digital se hallaba entre las primeras veinte por capitalización. Hoy, son nueve digitales por las mismas 20.

La Comisión asegura que la nueva imposición, que se estima provisionalmente en 3%, es compatible con el Mercado Único Digital. Se aplicará a dos tipos de servicios: los que requieren la participación interactiva de los usuarios y los que ingresan por la venta de datos de los medios sociales, pero sólo afectará a compañías que facturen más de €750 millones globalmente y al menos €50 millones entre todos los países de la Unión.

* “Questions and Answers on a Fair and Efficient Tax System in the EU for the Digital Market”, Brussels, 21 March 2018.

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