Chema Caballero/Mundonegro.es

El pasado 15 de diciembre, la Corte Penal Internacional (CPI) sentenció que el exlíder militar congoleño Thomas Lubanga debe compensar a sus víctimas con 8.4 millones de euros. Esta decisión completa la orden de reparaciones del 3 de marzo de 2015 que concedió reparaciones colectivas a las víctimas de los crímenes de guerra cometidos por Lubanga que, según la sentencia hecha pública el 10 de julio de 2012, son: reclutar y alistar niños menores de 15 años en un grupo armado (la Unión de Patriotas Congoleños / Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo) y utilizarlos para participar activamente en las hostilidades. Se trata sin duda de un importante paso hacia la reparación de las víctimas. Sin embargo, la gran pregunta que surge aquí es si estas verán algo de ese dinero.

¿Quién pagará esta cantidad? Lubanga, que en 2015 fue trasladado a la República Democrática de Congo, para cumplir allí su condena de 14 años de prisión, se declaró insolvente, por lo que no podrá satisfacer la cantidad que se le pide. ¿Qué pasará entonces con las víctimas que empezaban, después de tantos años de espera, a ver justicia? ¿Se sentirán de nuevo abandonadas?

Según la nueva resolución, más de 420 víctimas directas o indirectas tienen que ser recompensadas con 3.400.000 euros. Los fondos restantes han sido atribuidos a víctimas potenciales dado que los jueces afirman que podrían ser “cientos e incluso miles” los niños que se vieron obligados a combatir en las filas de la milicia de Thomas Lubanga.

Thomas Lubanga Dyilo reclutó y utilizó a los niños y niñas como soldados entre 2002 y 2003 durante el conflicto de Ituri, una región congoleña rica en oro, diamantes, petróleo y coltan. Desde un primer momento, la asociación de víctimas de este señor de la guerra desempeñó un papel muy importante en el juicio celebrado en La Haya gracias al abogado que la representaba, el belga Luc Walleyn. Este planteó al tribunal la cuestión de cómo compensar a estos jóvenes quince años después de los hechos juzgados. Chicos y chicas que abandonaron las armas que les habían obligado a tomar, pero que siguen estigmatizados en su país. Esto les provoca ideas de suicidio y el vivir constantemente con miedo, según alegaron los expertos que declararon durante el juicio.

Muchas de las niñas que, como los niños, fueron forzadas a integrar las milicias, volvieron a casa años más tarde, a veces con hijos en los brazos, fruto de las violaciones que sufrieron, y se encontraron con el rechazo de su familia o de la comunidad. Según otro de los abogados de la asociación de víctimas, James Mehigan Mehigan, ellas solo querían, antes que nada “volver a la escuela para aprender y ganarse de nuevo el respeto de su comunidad”.

“Hay daños que no se pueden calcular. ¿Cómo calcular una juventud perdida? ¿Eso vale un millón? ¿Medio millón, 100.000 euros, 1.000 euros?”, preguntó Walley durante una de sus intervenciones ante la CPI.

El abogado de Lubanga, Jean-Marie Biju-Duval, defendió siempre que su cliente se había convertido en “el chivo expiatorio del fenómeno de los niños soldados en Ituri que existe desde finales de los años 90”.

El proceso contra Thomas Lubanga fue el primero celebrado por la CPI. Otro hito histórico. Se inició el 26 de enero de 2009. Sin embargo, el camino hasta su conclusión no fue fácil y estuvo plagado de altibajos que incluso llevaron a los jueces de la CPI a decretar la libertad de Lubanga en 2008, para luego revocar su decisión tras una apelación de la fiscalía.

Desde un inicio, esta causa se publicitó como un paso muy importante en la lucha contra el uso de menores soldados. Así lo afirmó Fatou Bensouda, Fiscal jefe de la CPI, al declarar que el juicio daba voz a los niños y niñas que el señor de la guerra Thomas Lubanga “ha transformado en asesinos; aquellas niñas que el sr. Lubanga ofreció a sus comandantes como esclavas sexuales (…) Niños y niñas que fueron utilizados en las hostilidades. Que se usaron para matar, violar y saquear”. Pero grupos de derechos humanos criticaron que la acusación contra Lubanga se redujera al uso de menores soldados cuando también era responsable de distintas masacres, violaciones, saqueos… Lo que en su momento cuestionó, una vez más, el papel que la CPI juega a la hora de impartir justicia.

A finales de los años noventa, Ituri se convertía en el frente de batalla de grupos rebeldes, fuerzas del gobierno y potencias extranjeras que luchaban por el poder y el control de los recursos naturales. La rivalidad tradicional existente en la región entre hemas y lendus fue manipulada y alentada por todas las partes en beneficio propio.

En junio de 2000, cientos de soldados hema de la Agrupación Congoleña para la Democracia (ACD), el movimiento que entonces controlaba Ituri, regresaron de Uganda donde habían recibido dos meses de formación militar. Un comerciante llamado Thomas Lubanga se convirtió en su portavoz. Carecía de experiencia política, pero era un hombre educado.

En 2001, Lubanga entró en el gobierno del ACD como comisario de la Juventud y Deporte. Poco después era nombrado ministro de Defensa. Meses más tarde se sintió dejado de lado por su partido en los acuerdos de paz de Sun City, Sudáfrica, de 2002, y decidió marcharse junto a los soldados hemas. Es en este momento cuando se forma la Unión de Patriotas Congoleños (UPC).

En agosto de 2002, la UPC expulsó al ACD de Bunia, la capital regional, e inició ataques contra la comunidad lendu y todos los no hemas. Fue el comienzo de una cruenta guerra en la que se utilizaron a miles de niñas y niños soldados. En septiembre de 2002, Lubanga fue nombrado presidente del UPC. Desde entonces no tuvo oposición.

En abril de 2004, elGgobierno congoleño remitió formalmente la situación de Ituri a la CPI y pidió al fiscal investigar si se habían perpetrado crímenes que competiesen al tribunal desde la entrada en vigor del Estatuto de Roma el 1 de julio de 2002. El 23 de junio de 2004, el fiscal abrió investigaciones en la región oriental de Ituri. Esta tuvo el honor de ser la primera investigación de la CPI desde su constitución. Tras lanzar una orden de arresto contra él. Lubanga fue detenido en 2005 y trasladado a La Haya en marzo de 2006.

Muchos hitos ha establecido y muchos caminos ha abierto este juicio. Lubanga cumple condena en la República Democrática de Congo. Saldrá de la cárcel como muy tarde en 2020. Entonces todo habrá terminado para él, pero no para sus víctimas que todavía buscan ser reparadas a pesar de la aparente victoria conseguida ante la CPI.

Ante la insolvencia declarada de Lubanga, el Tribunal ha remitido el caso al Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas, una herramienta establecida por el Estatuto de la CPI para trabajar en conjunto sobre las funciones reparativas del Tribunal, que se nutre de donaciones voluntarias de gobiernos e instituciones particulares. Su Junta directiva tendrá que examinar la posibilidad de destinar un monto para la implementación de estas reparaciones o buscar fondos que las cubran. Los jueces también pidieron a la entidad que establezca contactos con el Gobierno de la República Democrática de Congo para explorar cómo este podría contribuir al proceso de reparación.

Mucha burocracia y muchos trámites para estas personas que perdieron su infancia y juventud y que tras 15 años siguen esperando. Es verdad que la CPI ha vuelto a hacer historia, ha tenido en cuenta el clamor de las víctimas, les concede reparación…, pero el tiempo pasa y la vida no es fácil para ellas. Ahora queda por ver, si de verdad, la comunidad internacional cumplirá sus compromisos y pagará la cantidad asignada.