Teniente Coronel Jesús Díez Alcalde   Analista Instituto Español de Estudios Estratégicos, 

Pie de foto: Bernardino León, representante del secretario general de la ONU para Libia con los negociadores libios en Marruecos.

En Libia, la espiral de violencia –marcada por una lucha sin cuartel de “todos contra todos”– se agrava; y, en el ámbito político, las posturas de las dos facciones en Trípoli y Tobruk, que reclaman su legitimidad para gobernar, están cada vez más enconadas. Sin embargo, y aunque es demasiado pronto para lanzar cualquier augurio, todo indica que la tenacidad y la postura inquebrantable del representante especial del Secretario General de Naciones Unidas para el país, el español Bernardino León, comienzan a dar algún fruto esperanzador: «la crisis –declaró el pasado viernes 13 en la localidad marroquí de Skhirat – se está agudizando en todos los aspectos, en el ámbito de la seguridad, económico y financiero (…) Hemos transmitido a las partes el sentido de urgencia, porque Libia ya no tiene tiempo»[1].

Esta reunión, a la que no acudieron representantes del gobierno de Tobruk, es ya la quinta ronda de negociaciones desde principios de 2015[2]; pero, en esta ocasión, el ultimátum lanzado por Bernardino León –cargado de fundamentos y, con toda seguridad, de consecuencias– pretende que las autoridades libias, las milicias armadas y la sociedad civil se convenzan de que solo cabe el diálogo para iniciar el camino a la estabilización del país y, aún más urgente, para erradicar el terrorismo yihadista. «La misión de Naciones Unidas (UNSMIL) –concluyó el representante especial– ha decidido dar a las partes tiempo para organizarse y prepararse para esta fase decisiva. Regresarán aquí el jueves (día 19), y tienen que venir todos listos para negociar». Sin duda, frente al continuo deterioro de la situación, es perentorio consensuar un alto el fuego y la formación de un gobierno de unidad nacional como medio para garantizar una solución política al conflicto, porque «la otra posibilidad es la destrucción», cuyas imprevisibles consecuencias desbordarán las fronteras libias.

En el damero libio, impera una anarquía marcada por el desgobierno, la violencia y el terrorismo yihadista, que, especialmente de manos del autoproclamado Estado Islámico (Daesh), se expande por todo el norte de África y cuyo epicentro se sitúa en la costa mediterránea de Libia, en el golfo de Sirte y Derna. Desde agosto de 2014, dos gobiernos y dos parlamentos –el de Trípoli, con marcado cuño islamista moderado; y el de Tobruk, liberal, fundamentalmente anti islamista y reconocido por la comunidad internacional– se erigen como representantes legítimos de la población, al tiempo que se muestran incapaces de legislar, de ejercer cualquier tipo de gobierno o de monopolizar el uso de la fuerza en el país. Y, lo que es aún peor, las propias milicias que los respaldan (Amanecer Libio y las fuerzas del general Haftar, respectivamente) están causando un enorme sufrimiento a la población y a la economía nacional, que ya se acerca peligrosamente a la bancarrota. El cisma de la legitimidad debería haberse resuelto con la decisión de la Corte Suprema, que el pasado noviembre declaró ilegales los comicios de junio de 2014 al considerar inconstitucionales sus bases reguladores; sin embargo, se ha convertido en el asunto más espinoso y controvertido para conseguir un acuerdo político y, por tanto, en el principal desafío que deben enfrentar los mediadores de Naciones Unidas para auspiciar el entendimiento.

En la situación actual, la cuestión no es ya quién pueda triunfar en un conflicto que se libra por el control del poder, del territorio y de los recursos energéticos; sino que, cuanto más se dilaten los enfrentamientos, más se extenderá el estigma yihadista en Libia, desde el norte mediterráneo hasta la meridional Fezzan. El 17 de febrero, la decapitación de los 21 egipcios coptos fue la execrable puesta en escena mediática del Consejo de la Shura de Jóvenes Islámicos, el primer grupo yihadista libio afiliado a Daesh en la ciudad de Derna, aunque ya había atentado semanas antes en un céntrico hotel de Trípoli. Entonces, la dura represalia aérea de Egipto y de las fuerzas libias no amedrentó a los terroristas. Y tampoco servirá de mucho, previsiblemente ocurrirá lo contrario, el levantamiento del embargo de armas en Libia, que el gobierno de Tobruk ha pedido al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: una solicitud que se resiste a considerar, por las perniciosas consecuencias que podría tener sobre el terreno y la población libia, hasta que no medie un acuerdo político inclusivo.

Después de aquella sanguinaria matanza, el deterioro de la seguridad ha estado marcado por continuos ataques terroristas a plantas petroleras, donde han secuestro y asesinado a trabajadores internacionales; y esto ha provocado, a su vez, el cierre mayoritario de la producción energética: el único sustento económico libio, que sufraga los sueldos de los funcionarios, la electricidad y las comunicaciones, o el abastecimiento de alimentos y productos básicos. Así, esta ola creciente de atentados ratifica la fortaleza del yihadismo en Libia, pero también la intención terrorista de reventar cualquier conversación de paz y de reconciliación, porque esta “amenaza” con devolver la estabilidad al país. Resulta evidente que, para todos los grupos extremistas y violentos dentro y fuera de África, el caos y el desgobierno conforman el contexto perfecto para extender su violencia, su execrable ideario rigorista y excluyente, e incluso un fantasmagórico estado islámico, y cualquier atisbo de acuerdo o de estabilización se convierte en su principal enemigo.

Y frente a la anarquía y el colapso del “fallido estado” libio, la comunidad internacional debe jugar su trascendental partida el próximo jueves en Marruecos, con las cartas claramente sobre la mesa –respecto a los beneficios que conlleva lograr el acuerdo, así como los perjuicios en caso contrario– y con una estrategia que obligue, por la seguridad y estabilidad nacional e internacional, a cesar los enfrentamientos y a sentar las bases de la reconstrucción cierta, a muy largo plazo, de Libia.

En primer lugar, es imprescindible modificar la aproximación al conflicto; sobrevalorar el comportamiento de las partes en el terreno por encima de la cuestionada legitimidad, que no puede ser un obstáculo infranqueable para alcanzar la paz; evitar la marginalización de los islamistas moderados y revolucionarios; y subrayar la trascendencia de las tribus y etnias que conviven en el país, de la sociedad civil y de las autoridades municipales, que son las únicas que están intentando gobernar y proteger, aun sin fuerzas de seguridad, a sus respectivas población.

Al mismo tiempo, se debe preservar la neutralidad y el funcionamiento, cada vez más frágiles, de las principales instituciones financieras libias: el Banco Nacional de Libia, la Corporación Nacional del Petróleo y la Autoridad Libia de Inversión, para que puedan seguir sustentando económicamente al Estado, impidan que los beneficios de los recursos energéticos actúen como potenciador del conflicto, y alejen el fantasma de la crisis humanitaria que ya amenaza inexorablemente a la población. Por último, tal y como ya han demostrado países como Marruecos, Argelia y Túnez, es necesario que se mantenga un apoyo global, sin fisuras, a las negociaciones de paz, desde el convencimiento de que el conflicto libio, especialmente por la expansión del yihadismo, supone una amenaza insoportable para toda la comunidad internacional.

Unas claves para conseguir el éxito que, a tenor de los resultados alcanzados hasta ahora, están muy presentes en la mesa de negociaciones para lograr –como señalaba el representante especial Bernardino León–«una Libia unida, democrática y coherente con los principios del 17 de febrero. Una Libia que sea interregional, responsable y aislada del terrorismo»[3]. Pero si las partes enfrentadas se resisten a convenir un gobierno de unidad nacional, Naciones Unidas podría plantearse el fortalecimiento de las medidas de presión, además de aferrarse a la idea de que cualquier apoyo internacional en el ámbito de la seguridad para luchar contra la amenaza yihadista, especialmente el despliegue de una misión internacional, sería contraproducente en la situación actual. Un posicionamiento que la Unión Europea respalda sin fisuras, como señaló recientemente la alta representante Federica Mogherini: «Hoy no es tiempo para considerar una contribución militar (…). Ahora, hay que incrementar los esfuerzos diplomáticos para unir a las diferentes partes libias en un esfuerzo común para oponerse a Daesh» y, en el caso de contemplarse, cualquier acción «siempre sería en el marco de Naciones Unidas, conducida por los libios y con la necesaria involucración de los actores regionales: Egipto, Túnez y Argelia»[4].

Han transcurrido cuatro años desde el inicio de la revolución popular de 2011 y, lejos de avanzar en la anhelada democratización, la seguridad y el progreso social, Libia sigue peligrosamente cerca del precipicio. Solo un acuerdo político, sustentado en un serio compromiso con la sociedad libia, podrá frenar la violencia, la inestabilidad y el desgobierno que imperan hoy en todo el país; y esta será también la única forma de que la comunidad internacional consensue la respuesta más oportuna para colaborar en la reconstrucción nacional. Por el contrario, si Trípoli y Tobruk siguen perdiendo el tiempo y dinamitando cualquier consenso, los yihadistas seguirán aprovechando el caos para extender el terror por la ribera sur del Mediterráneo. Este preocupante escenario debe dinamizar las negociaciones en Marruecos, porque, como subraya el representante especial Bernardino León, «la destrucción no es una opción» para Libia, pero tampoco para África y Europa.