Pedro Canales

A pesar de poseer estructuras institucionales muy dispares y regímenes de naturaleza opuesta, los países del Magreb, Marruecos, Argelia y Túnez han reaccionado de forma coherente y consecuente ante la llamada “crisis catalana” provocada por el desafío independentista en esta región de España.

Tanto la Monarquía marroquí con su gobierno presidido por un partido islamista ganador de las últimas elecciones legislativas; como la República presidencialista en Argelia, cuyo gobierno sigue en manos de un partido perteneciente a la familia nacionalista que arrancó la independencia a Francia tras siete años de cruenta guerra; como la República tunecina con gran peso presidencial y un gobierno amplio de consenso presidido por un tecnócrata; los tres países y sus instituciones han adoptado la misma posición respecto al tema catalán: apoyo incondicional a la unidad de España y respeto a la Constitución.

En mayor o menor grado, Rabat, Argel y Túnez, han sugerido que debe prevalecer la vía del diálogo en la búsqueda de la solución de cualquier crisis, como declaró el gobierno tunecino a finales de octubre, pero siempre como premisa el respeto a la Constitución vigente.

 La posición de los tres gobiernos del Magreb, socios y aliados estratégicos de España no es fortuita ni oportunista; es una posición de principios. El respeto a la Carta Magna es la clave de la estabilidad y del Estado de Derecho, sin el cual no puede existir un régimen democrático. Es cierto que las Constituciones son perfectibles, se pueden modificar, adecuarlas a los nuevos tiempos. Túnez, Argelia y Marruecos, lo saben, y de hecho las han modificado recientemente, para “ponerlas al día” tras la Revolución del jazmín en Túnez a comienzos de 2011, y los efectos combinados de la crisis financiera y de la primavera árabe en los otros dos países, en julio de 2011 en Marruecos, y en febrero de 2016 en Argelia.

Sin embargo, mientras las Constituciones están en vigor son de obligado cumplimiento. No son utilizables a la carta. Marruecos y Argelia lo saben por propia experiencia. El llamado movimiento rifeño en el norte del país pretende imponer la formación de una República del Rif, rompiendo la unidad territorial y la cohesión nacional marroquí de varios siglos de existencia; el movimiento independentista cabil MAK, pretende lo mismo en esta región argelina, cuyo sacrificio para alcanzar la independencia del país fue ejemplar. Ambas formaciones independentistas se saltan a la torera las respectivas Constituciones, y enarbolan una supuesta legitimidad en base al apoyo popular. En esta forma de comportamiento se asemejan a los independentistas catalanes. De ahí que, para los gobiernos de Rabat, Argel y Túnez, el respeto a la Carta Magna sea incuestionable.

Las opiniones públicas en cambio son más volubles, más influenciables por la presión de los movimientos sociales y políticos críticos y hasta claramente hostiles a los regímenes. Según su pertenencia a una corriente política o una región determinada, las organizaciones socio-políticas pueden sentirse más en sintonía con los movimientos que, según ellas, cuestionan el poder central y ahogan las reivindicaciones locales.

 No cabe duda de que el “apoyo” recibido por el independentismo catalán personificado en Carles Puigdemont por organizaciones como el MAK de Ferhat Mehenni, que se ha atrevido a “reconocer la república catalana”, o el Movimiento Popular del Rif, que se autoproclama como heredero de la República Confederada de tribus del Rif proclamada por el Emir Abdelkrim en los años 20 del siglo pasado; ha terminado por confundir una parte de la opinión pública magrebí, que llega a tergiversar el legítimo derecho a la crítica política con el cuestionamiento de la independencia del Poder judicial, entre cuyas competencias está la de respetar y hacer respetar la Constitución por todos.

La crítica a una actitud policial o a un error político, ya sea del gobierno o de los partidos políticos, no da derecho a cuestionar la separación de poderes, la independencia judicial y la obligatoriedad de someterse a la Constitución. Sin embargo, las posiciones a veces equívocas expuestas por algunos medios de comunicación magrebíes, a veces llegando al extremo como la de Infomarruecos (http://infomarruecos.ma/cataluna-y-europa-en-una-encrucijada-por-la-democracia-imrani-idrissi-hamid/) , son la excepción a la regla general de la denuncia del independentismo anticonstitucional, como una deriva peligrosa hacia la desestabilización institucional y la ruptura del marco de convivencia democrático, base del Estado de Derecho y las libertades.