Antonio Sánchez-Gijón/CapitalMadrid.com

Pie de foto: NIcolás Maduro, presidente de Venezuela y el nuevo presdiente de Colombia, Iván Duque. El aten­tado, una oca­sión para llamar a la mo­vi­li­za­ción contra los enemigos del ré­gimen

Para el go­bierno de Nicolás Maduro es una feliz coin­ci­dencia que el su­puesto ataque con bombas arro­jadas desde un dron contra el es­trado donde pre­sidía un acto mi­litar el sá­bado pa­sado pre­ceda en muy pocos días la toma de po­se­sión del nuevo pre­si­dente co­lom­biano, Iván Duque, un de­cla­rado ad­ver­sario del ré­gimen bo­li­va­riano ‘versión Maduro’. Así éste podrá acusar a los su­puestos au­to­res, de­te­nidos pocas horas des­pués del in­ci­dente, de ha­berse aliado con una po­tencia ex­tran­jera con pro­pó­sitos hos­ti­les.

El gobierno alega que siete militares resultaron heridos por un artefacto explosivo del que no proporcionaron detalles de modo inmediato, como el de si se trataba de una bomba o de un dron que se desploma.

En todo caso, aseguró Maduro, “se trata de un atentado para matarme”. El presidente no tuvo reparos en señalar con el dedo al colega colombiano: “el nombre de Juan Manuel Santos – dijo- está detrás de este atentado”, y anunció que había dado órdenes de “redoblar la inteligencia en la frontera de Colombia”.

Por esa extensa frontera es precisamente por donde escapan decenas de miles de venezolanos que salen de Venezuela para sobrevivir al hambre y la enfermedad que muchos sectores de la población sufren desde que la economía entró en bancarrota.

Un portavoz del Frente Amplio, Nicmer Evans, se apresuró a rechazar cualquier implicación de la oposición: “No queremos atentados ni auto-atentados, no queremos golpes ni auto-golpes”, en alusión a uno de los recursos manidos de todo movimiento totalitario que se encuentra en apuros.

El ataque se lo ha atribuido un desconocido Movimiento Nacional de Soldados de Franela a través de un mensaje de youtube, dado a conocer desde los Estados Unidos. El consejero nacional de Seguridad, John Bolton, se apresuró a “rechazar categóricamente cualquier implicación del gobierno americano en lo sucedido”.

Nadie duda de que el alegado intento de asesinato es preámbulo de una nueva ola de detenciones de adversarios del régimen. La oposición pone en 248 el número de opositores del régimen que actualmente se hallan en prisión.

En todo caso, lo que vaya a ocurrir podrá ser presentado por el régimen como una acción defensiva del programa de reactivación económica, por el que el próximo día 20 entrará en vigor ‘una reconversión monetaria y una reconversión económica integral’.

En cuanto a la reconversión monetaria, la reforma más significativa parece ser la emisión de nuevos billetes a los que se habrán quitado cuatro ceros de cada denominación. A esta situación aludió también el portavoz del Frente Amplio, Evans. “Tampoco queremos más hiperinflación, más hambre ni más muertes por falta de medicinas”.

Cualquier plan del gobierno para mantenerse en el poder debe contar con un firme apoyo de la única institución que podría desafiar al movimiento bolivariano, el Ejército. La estrategia del Gobierno se previene contra ese peligro mediante el conocido recurso a ‘comprar voluntades’, que en el caso del Ejército se realiza mediante la numerosa participación de jefes y oficiales en empresas que reciben contratas del gobierno.

Runrun, una página web que apoya a la oposición ha publicado un informe del grupo de investigación Armando.info que da cuenta de que al menos 785 jefes militares y policiales disfrutan de concesiones gubernamentales en los sectores construcción, seguridad, importación de alimentos, etc. Igual favoritismo se aplica en los consejos locales de Alimentación y Producción.

Dada la sensación de vivir bajo amenaza que el régimen padece, es lógico pensar que la consigna suprema del régimen es reprimir a los enemigos internos y denunciar a los externos, y no la de llevar a cabo la misión prometida tras la disolución de la Asamblea Nacional no mucho tiempo después de que ésta cayera, después de unas elecciones nacionales, en manos de la oposición. La nueva asamblea favorable al gobierno tenía oficialmente como misión preparar y aprobar una nueva constitución bolivariana.

Esta tarea justificatoria ha sido prácticamente abandonada en favor de otras prioridades gubernamentales de tipo económico, social o político, y otras que reducen las áreas de competencia de los gobernadores y alcaldes, así como aprobar la eliminación de la inmunidad parlamentaria.