Opinión

Sobre la delimitación marítima de Marruecos a propósito del comunicado de Podemos

Jamal Eddine Mechbal (*)

Pie de foto: La bandera marroquí ondea en El Aaiún, capital del Sáhara Occidental.

El pasado 7 de julio (2017), el gobierno marroquí promulgó una ley para delimitar su espacio marítimo conforme al derecho internacional. Podemos, partido de izquierda español, en un reciente comunicado condenó la decisión soberana de un país africano vecino y amigo de España por considerar la apropiación por parte del Reino de Marruecos “de los espacios marítimos del Sáhara Occidental” afirmando que es una “clara violación del derecho internacional de un territorio no autónomo pendiente de descolonización por parte de Naciones Unidas”.

El ilustre tratadista del derecho internacional, Charles Rousseau[1], advertía, hace más de cuatro décadas, la importancia de no confundir espacio con territorio, ya que el mar y el cielo no son territorios sino espacios. Pese a ello, la delimitación del espacio aéreo y marítimo son relacionados directamente con las del territorio.

Podemos se presenta como un gran defensor del derecho de los pueblos y contrario al colonialismo pero, en el caso de Marruecos, pretende imponer a los 34 millones de marroquíes unas fronteras fijadas en acuerdos secretos a principios del siglo pasado entre las dos potencias coloniales -Francia y España-.

Es pertinente recordar que a raíz de la doctrina de Monroe -que proclamaba a mediados del siglo XIX el lema “América para los americanos” para expulsar a los europeos del continente americano en favor del imperialismo estadounidense- los estados europeos se dirigieron a África para sustituir los territorios perdidos en América. Marruecos era -a principios del siglo XX- el único país independiente y soberano de África junto con Abisinia (Etiopía). No obstante, atravesaba graves crisis y sufría las consecuencias de dos derrotas frente a las fuerzas coloniales: la primera, en la guerra contra la conquista francesa de Argelia en la Batalla de Isly, donde las tropas marroquíes fueron derrotadas el 14 de agosto de 1844; y, la segunda, en la guerra hispano-marroquí, específicamente en la Batalla de Tetuán que tuvo lugar durante el reinado de Isabel II (España) y Mohammed IV (Marruecos) y que culminó con la toma de Tetuán por parte de España en 1860.

Entre el 15 de noviembre de 1884 y el 26 de febrero de 1885 se celebró la Conferencia de Berlín, convocada por Francia, Reino Unido y Alemania con el fin de llegar a un acuerdo sobre el reparto colonial europeo de África y el mutuo reconocimiento del mismo. Durante la Conferencia, Francia rechazó reconocerle a España sus pretensiones en África por considerar que su reducida y limitada presencia en pequeños enclaves en la costa saharaui no era suficiente para justificar su titularidad sobre el inmenso territorio. España entró en negociaciones largas, difíciles y secretas con Francia para la repartición de Marruecos y la delimitación -a espaldas de los marroquíes- de las fronteras. Mediante esos acuerdos se procedió a desintegrar y a convertir a Marruecos en país y en un pueblo invertebrado. Un cruel reparto que fue repetido por Francia y Gran Bretaña en Oriente Medio -a espaldas de los árabes- conocido como los Acuerdos Sykes-Picot (1916).

En el caso de Marruecos hubo diferentes acuerdos secretos pero fue el hispano-francés de 1904, el que fijó las fronteras. España se quedó con el norte y con el sur de Marruecos, Francia con la parte central. En 1912, una vez impuesto el régimen del protectorado -que redujo la soberanía del Reino- se publicó el acuerdo y se procedió al reparto. Marruecos fue dividido y troceado por España y Francia. España asumió el control de Tarfaya, Ifni y el Sahara.

¿Qué valor jurídico -en el derecho internacional- tienen unos acuerdos secretos firmados a espaldas de Marruecos por parte de potencias coloniales, mediante los cuales se repartieron sus territorios y se fijaron fronteras de manera arbitraria? Esas fronteras trazadas entre Francia y España durante el reparto colonial hacen parte del pasado. Marruecos intenta pasar la página pero Podemos insiste en volver al momento del reparto colonialista. No obstante, se debe precisar que esas fronteras trazadas por Francia y España fueron suprimidas con la extinción del régimen del protectorado. Marruecos recuperó su territorio de manera pacífica y paulatina en Tarfaya (1958), Ifni (1969) y el Sahara (1975).

Ese partido de izquierdas se presenta como una fuerza progresista pero intenta retroceder a las fronteras establecidas secretamente por las potencias coloniales. Señalan -para justificar su contradicción- que son las fronteras heredadas del colonialismo las que prevalecen según los principios establecidos por el derecho internacional. Esa doctrina es aplicable a países emergentes a los que al nacer les fue aplicado el principio de sucesión de estados pero no es ese el caso de Marruecos que representa la monarquía más antigua del mundo y que no fue ni conquistado, ni colonizado. En Marruecos -pese a los acuerdos secretos que dividieron el territorio y lo dejaron bajo control del protectorado- la monarquía continuó representando su identidad política.

Retomando el comunicado de Podemos en el que considera que las leyes promulgadas por Marruecos sobre sus aguas jurisdiccionales son “contrarias a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, promulgada el 21 de diciembre de 2016”, es necesario señalar que hacen una lectura errónea de la sentencia. De ésta, cabe destacar dos elementos: por un lado, niega al Frente Polisario el derecho de representar el Sahara en el litigio; y, por el otro, reitera la validez y vigor del Acuerdo entre Marruecos y la Unión Europea -no su nulidad como pretendía el Polisario- ya que no se menciona específicamente al Sahara en el mismo. Por consiguiente, queda abierta la posibilidad de llegar a un nuevo acuerdo que tome en cuenta la letra y el espíritu de la sentencia. De hecho, se espera una pronta solución en ese sentido.

Habría que coincidir con Podemos -con algunos matices por supuesto- cuando afirma que “defendemos la libre determinación del pueblo saharaui, acorde con la responsabilidad histórica de nuestro país y mediante una solución política basada en las resoluciones internacionales del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como única vía para acabar con un conflicto que dura ya 41 años”. Debería, en primer lugar, excluirse la expresión “pueblo saharaui” porque expresa en su contenido una identidad jurídico-política que la ONU evita utilizar. Nótese que Naciones Unidas emplea terminología de mayor neutralidad al referirse al “pueblo del Sahara occidental”, es decir, no prejuzga.

Pie de foto: Una vista de la costa saharaui.

De otra parte, las resoluciones del Consejo de Seguridad en las que se basa Podemos han exaltado en diferentes ocasiones la propuesta marroquí sobre la autonomía considerándola como creíble. Dichas resoluciones animan a las partes a negociar con un espíritu de realismo. Peter Van Walsum, Enviado Personal del Secretario General de Naciones Unidas (Kofi Annan) para el Sahara Occidental (2005-2008) reconoció que la opción independista no es una opción realista. En efecto, la forma más efectiva para mantener el statu quo y no llegar a un acuerdo mutuo es permanecer anclado en la independencia. Marruecos, con la intención de alcanzar un acuerdo equitativo y definitivo, abandonó su posición de la integración al territorio y aceptó la tercera vía -una solución intermedia propuesta por el Enviado Personal del Secretario General- sin ganadores ni perdedores o, mejor aún, donde todos ganen. Con tal propósito elaboró, concertó y consensuó con diferentes sectores de la sociedad saharaui un plan de autonomía que la ONU ha reconocido y elogiado pero que el Polisario rechaza sin ofrecer propuestas alternativas y viables.

El conflicto del Sahara no ha durado 41 años, como pretende Podemos, sino 61. Desde 1956 -cuando se puso fin al protectorado en el norte de Marruecos- salieron los saharauis en manifestación de júbilo pensando que la independencia les afectaba también como marroquíes y, en rechazo a Franco por no incluir los territorios del sur. Empezó una lucha armada que no cesó hasta que las fuerzas francesas y españolas llevaron a cabo una guerra sin cuartel contra los sublevados. En esos años, la izquierda española apoyaba las reivindicaciones marroquíes sin reservas, ni paliativos. El Partido Comunista Español fue el primero en poner en duda que Franco fuese a cumplir sus compromisos sobre la independencia y la recuperación de la integridad territorial. En comunicados publicados en esas fechas, el PCE mencionaba de manera expresa junto a Tarfaya e Ifni al Sahara occidental.

Tomando prudente distancia en el tiempo y, en vista del cambio de postura de la izquierda española, se infiere que la motivación no fue impulsada por la justicia y el derecho en el que se amparan los marroquíes sino que se debió a razones ideológicas y coyunturales en una España gobernada por Franco -con quien había que lidiar- y una Argelia -que con sus revolucionarios buscaba la independencia- y que mantiene todavía hoy un expansionismo velado, no confeso. La aparente y desinteresada solidaridad y “apoyo incondicional” de Argelia con el Polisario ha sido la forma de disimular su interés en una salida al Atlántico que le permitiría contar con doble salida marítima -Mediterránea y Atlántica- para reducir de ese modo el trayecto en sus exportaciones.

España y Marruecos son vecinos y amigos, están llamados a cooperar y a enfrentar múltiples desafíos. Es indispensable el fortalecimiento mutuo y una mayor solidaridad para defenderse de amenazas y riesgos. Por tanto, cabe preguntar: ¿Podemos -en su comunicado de condena a un país vecino y amigo de España- se ampara en un discutible planteamiento jurídico o su pronunciamiento está dictado por razones doctrinales y coyunturales? La inquietud surge por la histórica ambivalencia y contradicción de la izquierda española frente a la cuestión marroquí que desde tiempos de la república mantenía un demagógico discurso “progresista y anti colonial” mientras reprimía al pueblo marroquí. Eventos y situaciones ampliamente documentados por diferentes autores españoles (Juan Goytisolo, Fernando López Agudín, Serafín Fanjul, Bernabé López, entre otros).

(*) Jamal Mechbal es jurista, ex diplomático y columnista en medios de España y Marruecos. Este artículo fue publicado previamente en el medio digital CPLATAM-Análisis Político en América Latina.