Pedro Canales

En política, como en la sociedad, en la medicina o en la ciencia, hay que empezar por el diagnóstico. Sólo un acertado análisis de los prolegómenos, permite llegar a conclusiones correctas y ahorrarse el despilfarro, los tanteos y las falsas soluciones.

Empiezo por el tema de las alianzas, cuando las fuerzas se unen para alcanzar un objetivo. Lo primero es identificar el objetivo, cuál es. Y lo segundo, determinar si las fuerzas que van a aliarse son compatibles.

Hay alianzas legítimas, y otras contra natura. Ejemplo de la primera: la unión de movimientos populares, liberales, religiosos, marxistas, demócratas en general, para alcanzar la Independencia de un país ocupado y sometido por el colonialismo. La liberación es una etapa sine qua non para seguir avanzando. Así fue en el norte de África durante la colonización francesa, en Oriente próximo y en Asia del sudeste. Bajo el manto nacionalista se unieron fuerzas dispares que tenían un objetivo común e imprescindible: echar a las fuerzas de ocupación coloniales y recuperar la soberanía del país.

Ejemplo de alianza contra natura, es la de las fuerzas políticas que defienden la unidad de un país, con las que quieren romperlo y desgajar sus partes. Es contra natura porque el objetivo que se pretende alcanzar es en sí mismo contradictorio. Si se alcanza el objetivo, sólo una de las partes sale ganando, los independentistas. Si no se consigue, sólo ganan quienes defienden la unidad del país. Se han escrito ríos de tinta para justificar la alianza de socialistas e independentistas en el ya caduco tripartito, la de otras fuerzas de la izquierda social con los mismos independentistas. La realidad ha mostrado que cuando los últimos han creído haber alcanzado su objetivo, proclamando su república independiente, los primeros, socialistas, comunistas, liberales, populistas, etc., se han apercibido del engaño y que simplemente han sido utilizados.

Y entonces se produce la reacción de la autojustificación. Los que se sienten engañados aluden a que ellos lo que querían era sólo la democracia, la libertad, el respeto a la cultura y a la dignidad, etc, etc. Y se empecinan en sus trece diciendo, “estamos en contra de la independencia, pero les seguimos apoyando en su lucha por la libertad…”. Se niegan a reconocer que han sido engañados, estafados y manipulados. Y se lanzan en acusaciones sobre “presos políticos”, “golpes a la democracia”, “vuelta a la dictadura”, y más.

Con ello vuelvo al principio. ¿Cuál es el diagnóstico? Sencillo: hay fuerzas cuyo objetivo principal y último es trocear España. Creen tener sus razones históricas, motivados por sus ambiciones políticas y (o) financieras, y se han organizado desde sus comienzos para alcanzar esos objetivos. Como no lo podían hacer solos por falta de fuerza y de apoyo social, han buscado aliados de circunstancia que han caído como pardillos. Esas fuerzas independentistas, con más o menos anclaje popular, existen en Cataluña, en Euskadi, en Galicia, en Canarias, y quizás en otras regiones de España.

¿Cuál ha sido la reacción del Estado frente al “hecho consumado” del desgarramiento que suponía proclamar la república independiente? Anular el gobierno autonómico e iniciar un proceso judicial a los responsables de la ruptura sediciosa. Para ello, el Estado no ha hecho sino aplicar la Constitución. La clave reside precisamente en la Carta Magna, que fue refrendada por todos los españoles, y adoptada por consenso de todos los partidos políticos, previendo precisamente que podía llegar el día en que una parte quisiera romper y mandar al traste todo lo conseguido.

 Sin embargo, hay que diferenciar la disolución del Gobierno de la Generalitat, del juicio a los responsables. El Estado, conforme a la Constitución, podía haberse limitado a anular el Govern y el Parlament, y convocar nuevas elecciones como ha hecho. El Ejecutivo y el Legislativo catalanes se volvieron en contra de la Ley, al proclamar la independencia; por lo tanto, se imponía su disolución. Está claro.

Pero llevar a juicio a los responsables, es otra cosa. La razón, invocada por el fiscal general y aceptada por los Tribunales, es que estas personas se habían organizado con el objetivo de romper el Estado español, habían llevado a cabo un plan preciso, una hoja de ruta, para culminar con la ruptura. No se les juzga por tener ideas republicanas o independentistas, sino por organizar durante años un plan para disgregar el país. No se les juzga tampoco por haber ocupado puestos en las instituciones catalanas, sino, repito, por llevar a cabo una hoja de ruta que ha conducido a la traición con lo que juraron cuando aceptaron sus cargos. Algunos medios de comunicación, desgraciadamente muchos y notorios, insisten en que “se juzga al president Puigdemont y a sus consejeros”; otros algo más cautos, dicen que son ex, pero dejan entender que el juicio es por haber tenido esas funciones antes.

Y no es así. Se les juzga por haber urdido un plan para romper España. Ciertamente el Fiscal tendrá que probar que ese Plan existía y que se puso en práctica. Si lo consigue, el juicio terminará con condenas más o menos ejemplares, sobre todo para evitar el contagio en otras regiones autónomas españolas.  Y si el Fiscal no consigue probar su acusación, pues tendrán que absolverlos al menos en lo que concierne al plan de desestabilización, y se limitarán a incriminarlos por su papel como actores en la organización del supuesto referéndum y en la proclamación de su república independiente, que no es poco. 

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