Sudán del Sur: con Kiir y Machar nunca llegará la paz

Teniente Coronel Jesús Díez Alcalde. Analista

Pie de foto: La violencia ha vuelto a detonar en Juba, ante una población indefensa que no debería esperar hasta 2018 para decidir su futuro.

En Sudán del Sur, la paradoja es humillante. Tras cinco décadas de guerra ominosa contra el opresivo gobierno de Sudán, el pasado día 9 tendría que haber celebrado el quinto aniversario de su ansiada independencia. Sin embargo, la violencia ha acaparado de nuevo todo el protagonismo y, en las vísperas de la “gran” conmemoración, ha convertido a la capital Juba en un dantesco escenario de muerte, terror y confusión: carros de combate y helicópteros de ambos bandos atacaban de forma indiscriminada –incluidas las residencias del presidente Salva Kiir y el vicepresidente Riek Machar– y las milicias rebeldes mataban sin atender (presuntamente) a las órdenes de sus líderes, que al tiempo exigían un infructuoso alto el fuego...Por el momento, y mientras la lucha armada se va extendiendo por todo el país, hay más de 300 muertos entre la población civil, las facciones rebeldes de Machar (SPLA/O) y la fuerzas gubernamentales (SPLA) lideradas por Kiir; dos cascos azules de China fueron asesinados en un ataque contra la base de la misión UNMISS en Juba; y miles de sursudaneses siguen intentando huir de la masacre, mientras «las fuerzas armadas –según denuncia Naciones Unidas– les impiden buscar protección»[1].

Como siempre, el detonante que subyace en este nuevo rebrote de la violencia es el visceral enfrenamiento entre las dos máximas autoridades estatales, que han sido incapaces de liderar al país desde su independencia y que, por el contrario y en su propio beneficio, solo han sabido hundirlo en la más absoluta y sangrienta anarquía. Hoy, todo recuerda a lo ocurrido en diciembre de 2013, cuando un ataque similar a la residencia del vicepresidente Machar –acusado entonces de planear un golpe de Estado– desencadenó una guerra fratricida en todo el país, instigada por el poder como una lucha étnica y que, a pesar del acuerdo de paz firmado en agosto de 2015, nunca ha dejado de ser una realidad. Desde entonces, el país ha colapsado en todos los sentidos, pero lo más intolerable es el sufrimiento humano que ha provocado la lucha armada: decenas de miles de muertos, más de 2,5 millones de desplazados y refugiados, y más de un tercio de sus 12 millones de habitantes sobreviviendo a una hambruna extrema...Así hasta convertirse, lejos del interés mediático internacional que generan otros escenarios, en el segundo conflicto más grave del mundo solo por detrás de la guerra en Siria.

Frente al precipicio al que se asoma Sudán del Sur tras los nuevos incidentes, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha mostrado su «conmoción e indignación», y ha instado a Kiir y Machar a comprometerse «con la aplicación plena e inmediata del acuerdo de paz, incluyendo el alto el fuego permanente y redistribución de las fuerzas armadas en Juba», y también a permitir la investigación de todos los crímenes perpetrados y la rendición de cuentas para todos los culpables. Una advertencia que señala directamente a ambos dirigentes, pues la propia Naciones Unidas ya acusaba, en enero de este año, a «todas las facciones armadas, así como a sus respectivos líderes, de haber cometido execrables crímenes durante el conflicto: desde el reclutamiento forzoso, incluso de niños, hasta los asesinatos selectivos y abusos sexuales o la devastación de pueblos enteros para expulsar a los sursudaneses de sus tierras»[2]. Por su parte, y ante la gravedad de los acontecimientos, el secretario general de Naciones Unidas Ban Ki-Moon ha lanzado un enérgico y doble mensaje: por un lado, a los líderes sursudaneses, que «una vez más han fallado a su pueblo y han dilapidado muchas promesas en muy poco tiempo»; y, por otro, a la comunidad internacional, que tiene la responsabilidad de actuar «cuando un gobierno no puede o no quiere proteger a su propio población, y cuando las partes contendientes solo están interesadas en enriquecerse y en ganar poder a expensas de su pueblo»[3].

Sin embargo, esta contundente declaración de intenciones ya no parece suficiente, y el Consejo de Seguridad debería aprobar medidas urgentes –más allá del embargo de armas o las sanciones contra las máximas autoridades estatales– para frenar tanta barbarie. De lo contrario, habrá que prepararse para que Sudán del Sur termine de derrumbarse y se enfrente a un “no futuro” de consecuencias impredecibles dentro de sus fronteras, pero también con secuelas para la muy precaria estabilidad regional. Sin duda, la primera medida sería presionar a Salva Kiir y Rieck Machar para que abandonen el poder, tras demostrar –una vez más– que tan solo reconocen el discurso de las armas como la forma de solventar cualquier litigio político. Por otro lado, nada apunta a que ambos serán capaces de cumplir todas las clausulas pactadas en agosto de 2015, ya que su participación activa en el conflicto, sus intereses y la búsqueda de su propia impunidad[4] les inhabilita para ello; y además han perdido el control efectivo sobre sus propias fuerzas, que ya poco atienden a sus órdenes y están haciendo la guerra por cuenta propia. Y, lo más importante, ya no cuentan con el respaldo de su población, frustrada y desesperada por la ausencia total de la democracia, la paz y el desarrollo que les prometieron hace ya cinco lamentables años.

Con todo, la única salida viable a la guerra en Sudán del Sur no pasa ya porque el presidente Kiir y el vicepresidente Machar se perpetúen en el poder y lideren el proceso de paz, sino por la urgente convocatoria de un plebiscito democrático, creíble y vigilado estrechamente por observadores internacionales, que permita a los sursudaneses legitimar a aquellos que deban liderar su futuro inmediato. El acuerdo de paz, auspiciado por la comunidad internacional, establece que el actual gobierno de transición –con Kiir y Machar como máximos dirigentes nacionales– deberá convocar elecciones en 2018, pero dos años más suponen un tiempo excesivo para que la población sobreviva al escenario de violencia y destrucción que sufre desde diciembre de 2013. Y en este tiempo, mientras se perpetúe la falta de voluntad política y la inoperancia para asentar la reconstrucción y la reconciliación nacional, la deriva más peligrosa –también previsible si no se actúa con celeridad– será la total e irrevocable fragmentación del país, convertido entonces en un nuevo “agujero negro” tan solo controlado por distintas facciones armadas en una lucha permanente por el control del poder y los recursos. La comunidad internacional, en nombre de la población sursudanesa, no debería asumir tanto riesgo.