Opinión

Un año después del Brexit: promesas sin cumplir y derechos sin garantizar

Camilla Hillier-FryVicepresidenta de EuroCitizens/The Diplomat

Pie de foto: Imagen de los negociadores del Brexit, el británico, David Davis, y el francés, Michel Barnier.

El pasado 29 de marzo se cumplió un año de la activación del Artículo 50 del Tratado de Lisboa para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Los acuerdos alcanzados en este tiempo son parciales y preliminares: quedan muchos aspectos por aclarar en cuanto a los derechos de los ciudadanos a vivir, estudiar y trabajar en otro país.

1,2 millones de británicos en Europa (de los que un 80% son trabajadores en activo o jóvenes) y 3 millones de europeos en el RU, 160.000 de ellos españoles, siguen pendientes de la negociación sobre aspectos fundamentales para su vida profesional y familiar. Si los trabajadores británicos en Europa pierden sus derechos actuales respecto al reconocimiento de las cualificaciones profesionales, la libertad de movimiento y, para los autónomos, la posibilidad de ofrecer servicios fuera del país de residencia, lo tendrán muy difícil para ganarse la vida como han hecho hasta ahora. Las futuras parejas y familiares de los ciudadanos europeos no tendrán sus derechos garantizados por el Tratado de Salida y se someterán a las leyes de inmigración del RU, de las más duras en el mundo en temas de reunificación familiar.

Hace un año los principales negociadores prometieron garantizar los derechos del medio millón de ciudadanos españoles y británicos afectados por el proceso del Brexit. La primera ministra Theresa May dijo que: “queremos garantizar lo antes posible los derechos de los europeos que ya residen en Gran Bretaña y los derechos de los británicos en otros estados miembros.” Al principio de mayo, el negociador jefe de la Comisión Europea, Michel Barnier fue aún más explícito: “nuestro objetivo es muy claro: estos hombres, estas mujeres, estas familias deberían poder continuar sus vidas cotidianas como ahora durante el resto de sus vidas”.

En la cumbre europea del 22-23 de marzo, la UE y el RU acordaron la mayor parte de los artículos sobre los derechos de la ciudadanía del tratado de salida del Reino Unido. Ambas partes se congratularon de haber alcanzado el objetivo de proteger a los ciudadanos del impacto negativo del Brexit. Es cierto que muchos derechos están incluidos, como la residencia y la reunificación familiar con esposos o familiares cercanos, no obstante, estamos muy lejos de poder ‘vivir nuestras vidas como hasta ahora’. El Artículo 32, que trataba el alcance de la libertad de movimiento y prestación de servicios de británicos fuera del país de residencia, ha literalmente desaparecido de la versión de marzo.

Según el Real Instituto Elcano, la mitad de la población británica residente en España tiene menos de 59 años, con lo que el número de trabajadores es elevado y son activos en todo tipo de sectores, desde la enseñanza del inglés a ejecutivos, pasando por la hostelería. Sin duda lo más grave será la pérdida del derecho actual a la libre circulación en los 27 países de la Unión. Miles de personas, que trabajan en más que un país – algo común en un mundo cada vez más interconectado – perderán la posibilidad de ganarse la vida.

Además, perderán sus derechos económicos de crear una empresa o de prestar servicios como autónomos y sus titulaciones profesionales no serán válidas fuera de su país de residencia o trabajo habitual. La pérdida de movilidad también afectará a los jóvenes británicos que no podrán estudiar fuera de su actual país de residencia. Según el acuerdo, ningún ciudadano español o británico tendrá derecho de retorno al otro país si se ausenta para un período mayor de 5 años. Independientemente de los años o décadas que lleve residiendo en dicho país o los lazos familiares que pueda tener ahí, tendría que volver a iniciar los trámites de solicitud.

Después de la propuesta inicial de Barnier de garantizar todos los derechos de los británicos en la UE, el gobierno británico respondió con una propuesta restrictiva que obligaba a los residentes europeos a solicitar un nuevo y peor estatus como inmigrantes. Desde entonces ambas partes han negociado futuras posibilidades y restricciones, en vez de mantener sus promesas iniciales de ‘garantizar’ los derechos actuales.