Nestor Nongo/MundoNegro.es

Coincidiendo con el vigésimo aniversario del Tribunal Penal Internacional (TPI), los países miembros –y muy especialmente los africanos– deberían aumentar su apoyo al Tribunal frente a los crecientes desafíos a los que se enfrenta la administración de la justicia. Si bien desde África llegan noticias de amagos de salidas del mismo.

Su tratado de fundación, el Estatuto de Roma, fue adoptado el 17 de julio de 1998. En estas dos décadas, los líderes africanos han pasado de apoyar decididamente a esta institución a acusarla de ser un arma occidental diseñada para subyugar a África e imponerle, de paso, una agenda imperialista. Resulta llamativo que países que participaron activamente en su establecimiento quieran ahora abandonarlo porque, según argumentan, se ha convertido en una institución neocolonialista y racista que investiga únicamente temas que afectan a África y no se interesa por los crímenes cometidos en otras regiones del mundo.

Estas acusaciones, recurrentes en medios oficialistas y esgrimidas por muchos líderes africanos, son poco realistas porque en el TPI África está sobradamente representada. Los africanos ocupan grandes responsabilidades en el Tribunal, incluida la Fiscalía General. Actualmente, 43 países africanos son firmantes del Estatuto fundacional del TPI; 30 de ellos lo han ratificado, convirtiendo a África en la región mejor representada dentro de la Corte. Además, los primeros asuntos que atendió este Tribunal fueron remitidos por Estados africanos: RDC, Uganda y RCA. Estos Gobiernos reconocieron la ineficacia de sus tribunales para juzgar crímenes horrendos cometidos en sus territorios y solicitaron al TPI que abriera investigaciones bajo el principio de complementariedad del Estatuto de Roma.

La luna de miel entre África y el Tribunal llegó a su fin cuando este comenzó a investigar crímenes cometidos por dirigentes en ejercicio. En 2009, emitió la primera orden de arresto contra el presidente de Sudán, Omar El-Beshir, por los crímenes cometidos en Darfur; en 2011, la orden contra el entonces presidente de Libia, Muhamar El Gadafi, y en 2012 se interesó por Uhuru Kenyatta, futuro presidente de Kenia. Esto no fue del gusto de una parte influyente de jefes de Estado africanos.

En realidad, lo que pasa entre el TPI y África no tiene nada de neocolonialismo. Se trata pura y simplemente del egoísmo de un puñado de dirigentes que tienen miedo de que el Tribunal pueda ir también contra ellos, porque la mayoría están asentados sobre crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de guerra, competencia de este tribunal internacional.
La sociedad africana y el público en general, en cambio, apoyan masivamente al TPI. Cerca de un millar de organizaciones africanas de la sociedad civil son miembros de la Coalición por el Tribunal Penal Internacional, conformando así aproximadamente un tercio de los miembros mundiales de la misma. Para todos ellos, el TPI es la institución que trabaja con seriedad para terminar con la impunidad y las atrocidades en el continente. De ahí que África ha de apostar por el Estatuto de Roma.