Víctor Arribas

Nadie puede quedar indiferente ante lo que está ocurriendo en Venezuela. Incluso si tratamos de ignorar los acontecimientos históricos que han derivado en una encrucijada de riesgo vital grave para los ciudadanos de ese país, incluso dejando de lado las culpabilidades de veinte años atrás originadas en un “socialismo del siglo XXI” que condujo finalmente al XV, la tragedia humanitaria que está teniendo lugar tiene que sobrecogernos a todos e implicarnos en la búsqueda de la solución definitiva, que no es otra que el cumplimiento de la legalidad y los principios democráticos exigibles a cualquier Estado del mundo. Mientras se articula ese fin, el objetivo es lograr que la población pueda disponer de las necesidades esenciales a las que cualquier ser humano debe tener la oportunidad de acceder: alimentos, agua, medicamentos, suministro energético en condiciones. Cualquier gobierno democrático del mundo que no garantizara esos resortes de primera necesidad tendría muy complicado continuar en el poder a través del voto, aunque con las armas y los cuerpos parapoliciales es todo mucho más sencillo en la tarea de usurpar.

Escribir que Venezuela cabalga hacia estadios cuasi medievales al no disponer ni de luz, ni de agua ni de una distribución ordenada de los alimentos resulta una tarea desalentadora. Tendríamos que estar loando su organización política, su riqueza de recursos naturales, su acceso a la democracia plena por y para el pueblo, que en el fondo era lo que prometían los bolivarianos. Pero la realidad es la que es y sobre ella hay que trabajar. El alineamiento en bloques de países que han apoyado o rechazado al presidente encargado legalmente de la situación ya está claro, ha alumbrado posiciones muy claras de países como España que no pueden quedarse en el mero reconocimiento de Guaidó sino que tienen que implicarse mucho más en la búsqueda de esa solución definitiva y de las fórmulas para hacer llegar a la ciudadanía lo esencial para poder sobrevivir. Claro que esa toma de posición puede conllevar conflictos, por supuesto que es arriesgada y exige ser activo y referente en la defensa de la democracia. Pero la ascendencia de nuestro país sobre los países hermanos latinoamericanos le obliga a adoptar esas decisiones, al menos a promoverlas e impulsarlas. Podríamos comenzar pro aclarar las cuestiones abiertas en canal en relación con Venezuela: 

¿Sólo existe la opción de la intervención militar?

Hoy por hoy es una posibilidad cada vez más cercana. Estados Unidos la sugiere, pero aún no ha entrado en mayores consideraciones al respecto. El descuido de John Bolton con su anotación en la libreta Docket Gold anticipando el posible envío de cinco mil soldados a Colombia, país vecino y destino de millones de refugiados, ni es un descuido ni aporta grandes novedades respecto a lo que el presidente Trump suele decir en público, que es todo o casi todo lo que piensa. EEUU está valorando esta opción en sus planes militares. Cuando llegue a pisar suelo venezolano, el ejército norteamericano se topará con presencia logística rusa y con tropas cubanas. ¿Eso no es invasivo?. La crítica internacional de izquierdas debería ser consecuente a la hora de defender la integridad de un país, también cuando paramilitares de una de las superpotencias trabajan sobre el terreno desde hace bastantes años.

¿Tiene Naciones Unidas que autorizar cualquier entrada de ejércitos extranjeros en Venezuela?

Depende de hasta qué punto consideremos al Consejo de Seguridad como la “legalidad internacional”. En conflictos internacionales anteriores ese principio sacrosanto, ese dogma fue mantenido con autoridad incuestionable pero la ocupación de tropas en un país soberano sometido a una tiranía se llevó a cabo. De sus cinco miembros permanentes, uno es una democracia aparente en la que la oposición política pasa de cuando en cuando por el calabozo para evitar su costumbre a manifestarse, y otro es una dictadura de partido único que sin embargo se ha abierto al mundo utilizando sus amplísimos recursos monetarios. El criterio sobre una resolución que autorice el uso de la fuerza para que el presidente encargado pueda convocar elecciones parece imposible  de ser aprobado por unanimidad, pero llegado el caso de necesidad imperiosa de una intervención se defenderá el derecho de las gentes por encima de ese principio ambiguo de legalidad supranacional.

¿El diálogo con quienes usurpan el poder es aún posible?

Sólo cabe un posicionamiento inflexible ante el anterior gobierno que sigue ocupando el poder con apoyo militar. Y es la exigencia. Las vías del diálogo se agotaron hace muchos meses, años en los que el encarcelamiento de disidentes y la represión a opositores fueron creciendo hasta llegar a lo que hoy tenemos. Mientras Occidente no tenga claro esto, Venezuela seguirá sumida en el un dramático limbo legal en el que alternan dos estructuras de gobierno que reclaman para sí la legitimidad. 

¿Cómo garantizar la ayuda humanitaria a los venezolanos que la necesitan?

Los reportajes que muestran la abundancia en centros comerciales de Caracas y la normalidad en las calles con coches circulando y familias llevando a sus hijos al colegio no ayudan lo más mínimo a resolver esta situación. Se alinean con su ascendente, pero ignoran la verdad y la realidad. La huida de cientos de miles de refugiados por la frontera lo atestigua. Ni siquiera para esto, para hacer llegar medicinas y alimentos a quienes recogían agua esta semana de pozos fecales, el posible tender puentes con Maduro. La imposición de la llegada de convoyes humanitarios no requiere resoluciones de la legalidad internacional. Es un acto obligatorio moralmente para el mismo Occidente que se ha conmovido con la situación de los sirios o los palestinos.4