Amnistía Internacional denuncia la represión que ejerce Arabia Saudí contra los activistas civiles

 

Amnistía Internacional (AI) denuncia en un informe que hizo público estos días la represión que ejerce el poder en Arabía Saudí contra los activistas sociales. Arabia Saudí es un rico país productor de petróleo del Golfo Pérsico que aplica un islam fundamentalista y radical, ejerce un poder dictatorial y anacrónico sobre la población, siendo las mujeres las más perjudicadas,  financia movimientos extremistas e intenta controlar las mezquitas, los centros islámicos y las mentes de muchos musulmanes en todo el mundo,  según han denunciado países democráticos occidentales y expertos en islamismo radical. Sin embargo, Arabia Saudí es un aliado clave de Estados Unidos en Oriente Medio y hace jugosos negocios y mantiene estrechas relaciones con las principales potencias de la Unión Europea (UE). El sistema político saudí no es mejor que el de Siria bajo Bashar al-Asad  o el de  Irak en tiempos de Sadam Husein. En algunos aspectos es incluso más cruel. Pero los aliados occidentales y musulmanes de Riad aceptan esta triste realidad en nombre de la ‘realpolitik’. El régimen de Riad, que inunda con sus petrodólares a medio mundo, lo sabe y se aprovecha de la situación. Ese régimen tiene las manos prácticamente libres para reprimir sin piedad a los opositores que se atreven a desafiarlo. AI, a través del trabajo llevado a cabo por la Asociación Saudí por los Derechos Civiles y Políticos (ACPRA), elaboró un informe detallado sobre el acoso sistemático que sufren los pacíficos activistas pro derechos humanos en el país árabe. La Policía y la Justicia los tratan como si fueran terroristas o peligrosos delincuentes comunes. La nueva legislación antiterrorista, que equipara cualquier crítica al poder a un crimen contra el Estado, preocupa a la ONG con sede en Londres.  

 

“Las autoridades de Arabia Saudí han intentado borrar cualquier huella de ACPRA, de la misma forma que han intentado erradicar todas las voces críticas que piden una reforma pacífica”, declaró Said Boumedouha, vicedirector para Oriente Próximo de AI, en la presentación del informe ‘ACPRA de Arabia Saudí: Cómo el Reino silencia a sus activistas de derechos humanos’. Desde su fundación en 2009, esta organización social saudí ha sido uno de los pocos colectivos que se han atrevido a denunciar la represión política y social y la falta de libertad en su país. Ha sido una voz crítica en el desierto de Arabia. La respuesta del poder es tan perversa como antidemocrática: acusa a los activistas de  “romper con la lealtad y desobedecer al gobernante” o de “incitar a la opinión pública contra las autoridades”. La mayoría de los saudíes no saben lo que ocurre con ACPRA por culpa de la férrea censura que ejerce el régimen de Riad sobre los medios. Las redes sociales son la única fuente de información para muchos saudíes. Dos de los 11 miembros de ACPRA  están detenidos sin juicio, tres esperan una repetición del mismo, y otros tres cumplen condenas de hasta 15 años de reclusión. Además, tres más están libres a la espera del resultado de sus causas. AI denuncia que los procesos judiciales se han llevado a cabo sin garantías. La situación de Saleh al Ashwan es especialmente delicada. Este activista estuvo dos meses recluido e incomunicado y fue interrogado sin la presencia de un abogado. Según AI, sufrió torturas  y malos tratos. Suliaman al Rashudi, que al ser detenido tenía 76 años, es otro activista que estuvo dos meses arrestado en régimen de incomunicación y de aislamiento antes de ser autorizado a tener contacto con su familia.  

 

Varios prisioneros se han declarado en huelga de hambre para protestar por el maltrato y las penosas condiciones de reclusión. En un país donde no existe la libertad de expresión y de asociación, los activistas pro derechos humanos lo tienen francamente difícil frente a una Justicia dependiente del poder y ejercida por jueces antidemocráticos y sin un mínimo de conciencia profesional.  Por todo ello, Said Boumedouha planteó que “las sentencias de todos los activistas de ACPRA deben anularse, y ellos quedar en libertad de inmediato y de forma incondicional”, y pidió  a los aliados de Riad que le exijan que respete los derechos humanos elementales. Desde que estalló la  ‘Primavera Árabe’, en 2011, prácticamente todos los activistas pro derechos humanos saudíes han sido detenidos y están encarcelados. Muchos son blogueros y activistas en las redes sociales.  “El Gobierno ha respondido a las protestas pacíficas a favor de reformas y de mayores derechos políticos, o en nombre de las víctimas de violaciones de derechos, utilizando la fuerza para aplastarlas, en particular en la Provincia Oriental donde se concentra la minoría musulmana chií del país”, critica AI.