Atalayar

Tras las últimas informaciones provenientes de la Comisión Europea en las que se negaba que se prevean sanciones para las comunidades autónomas que prohíben la existencia de estaciones de servicio desatendidas, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) cree que ha llegado el momento de aunar esfuerzos entre los sectores afectados.

«Aquí hay muchas partes interesadas –asegura Luis Alonso, gerente del CERMI aludiendo a sindicatos, patronal, asociaciones de consumidores…– y estamos haciendo todos mucha presión. Vamos a intentar coordinarnos a partir de ahora. Cada uno tiene un interés particular en algún aspecto concreto, pero está claro que todos esos intereses confluyen en un objetivo común y ese no es otro que el que no haya gasolineras desatendidas».

«Aunque los objetivos individuales sean distintos –concluye Alonso- el objetivo común es el mismo, por eso tenemos que trabajar en conjunto».

Luis Alonso, gerente del CERMI: «Hay un bien superior que hay que proteger, que es el de la libertad de movimiento de las personas con discapacidad».

EL CERMI, que ha logrado que el Parlamento Europeo inste a la Comisión Europea a investigar si las gasolineras desatendidas vulneran los derechos como clientes de las personas con discapacidad, considera que, en todo este asunto, hay que saber qué es lo prioritario.

«Por un lado está la libertad de competencia y por otro la libertad de movimiento de las personas –argumenta el gerente del CERMI–; nosotros pensamos que, en este caso, la libertad de movimiento de las personas con discapacidad está por encima de la de competencia.  No en vano, la libertad de movimiento es un derecho fundamental, tal y como lo reconoce la Convención Internacional de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad.»

Alonso, que dice estar pendiente de una nueva reunión en Bruselas entre sectores afectados y representantes europeos, ha encontrado interés entre los parlamentarios europeos por las consideraciones del colectivo al que representa, y se felicita porque la CE, a través de su portavoz en Madrid, haya desmentido que se estén estudiando sanciones para las Comunidades Autónomas cuya legislación impide las estaciones de servicio desatendidas.