El seísmo político anunciado por el Rey y el descontento social asustan a los dirigentes marroquíes

Paco Soto

Pie de foto: El Rey Mohamed VI en un acto institucional.

El seísmo político que anunció hace pocos meses el Rey de Marruecos. Mohamed VI, porque los dirigentes públicos, el mundo económico y el funcionariado no están haciendo las cosas bien en el país, está teniendo muchos efectos en diversos puntos del territorio marroquí, especialmente en la ciudad de Marraquech y otros municipios de su provincia. El monarca es consciente de que las malas prácticas, los retrasos de los proyectos de desarrollo socioeconómico anunciados a bombo y platillo, la corrupción, la pobreza y las desigualdades generan un enorme descontento en la población.

Millones de marroquíes no creen en la clase política, porque la consideran una casta que se aprovecha del poder para defender privilegios y en algunos casos enriquecerse ilegalmente. La revuelta social en la región norteña del Rif, que dejó a los partidos fuera de lugar y dio el protagonismo callejero a la población es un claro ejemplo de la crisis política e institucional que vive Marruecos, y podría acabando afectando a la propia institución monárquica.

Mohamed VI no ha dudado ni un segundo en destituir ministros y altos cargos por incompetentes y ha cargado las tintas contra el conjunto de la clase dirigente, que en parte sigue estando en manos del viejo majzén, el entramado político, económico y social que frena el gran desarrollo democrático que el país magrebí necesita. “¿El Rey es miembro o rehén del majzén? Digamos que ambas cosas. Viene de una tradición, usos y costumbres de otra época, pero es consciente de que el país necesita verdaderas transformaciones y no cambios de fachada. Entre otros motivos, porque de los verdaderos cambios depende la estabilidad de la monarquía”, explica a Atalayar el politólogo Ahmed Alaoui.

En este marco de relativa inestabilidad, conflictos, peleas internas en el poder, avances y retrocesos, muchos políticos y cargos públicos que no tienen la conciencia tranquila intenta salvar su pellejo. Tanto es así que en algunos municipios de la provincia de Marraquech, según informan medios marroquíes, algunos alcaldes y altos responsables estarían dispuestos a ceder bienes de su propiedad a miembros de sus respectivas familias y a personas cercanas. Como señala un medio digital, no se trata de “generosidad” sino de protegerse frente al último informe del Tribunal de Cuentas, que acusa a 102 altos cargos y concejales de Marraquech de haber violado la ley en materia económica.

Pie de foto: Una vista de la ciudad de Jerada/© AFP/Fadel Senna.

El Ministerio del Interior investiga el asunto, y podrían caer muchas cabezas. La Justicia también ha tomado cartas en el asunto, y el Tribunal de Cuentas está presidido por Driss Jettou, exprimer ministro que tiene plena confianza del jefe del Estado para hacer su trabajo correctamente y hasta el final. “La responsabilidad pública de muchos dirigentes y cargos está en entredicho en la Ciudad Ocre y muchos otros municipios, y esta vez las cosas van en serio”, piensa un exmilitante de base de la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP). Según han filtrado algunos medios, la lista de presuntos delincuentes económicos en Marraquech y otros municipios es de 40 alcaldes, 28 presidentes municipales y 34 concejales.

El Othmani pide cambios en Interior

Por otra parte, el primer ministro islamista, Saad Eddine El Othmani, proyecta retirar al Ministerio del Interior las funciones de control de los Centros Regionales de Inversión (CRI) y entregarlas a los presidentes de las regiones. Siguiendo las recomendaciones del monarca, El Othmani, que se reunió esta semana con Jettou, quiere acabar con ciertas “disfunciones” detectadas en los CRI, y prepara un proyecto de reforma para mejorar sus objetivos, según informó el diario ‘Al Ahdath Al Magharibiya’.

Pie de foto: Manifestación de protesta en la ciudad de Jerada.

Por otra parte, en la ciudad de Jerada, situada en el este de Marruecos, la población local lleva dos semanas manifestándose para acabar con la precariedad laboral y social que un habitante de la zona calificó a la emisora Radio France Internacional (RFI) de “silicose valley”. La silicosis es una grave enfermedad corriente en los mineros. Está provocada por la inhalación continua de polvo de carbón. Las autoridades marroquíes consideran que el número de enfermos en Jerada es de 2.000 personas, pero algunos activistas sociales locales hablan de 6.000 afectados.

Muchos trabajadores realizan su actividad en minas ilegales, denunció un sindicalista y presidente local de la Confederación Democrática del Trabajo (CDT), Abdelwahab Houmani. La población se queja de la falta de medios como material médico y hasta medicamentos adecuados. El Rey visitó Jerada en 2011 y prometió cambios y mejoras que no se han producido, según activistas sociales.

El ‘Hirak’ de Jerada’

El ‘Hirak’ (movimiento de protesta) de Jerada ha descolocado una vez más a los partidos, aunque esta vez algunas formaciones han reaccionado e intentado canalizar las protestas. Los habitantes de la ciudad reclaman la gratuidad del agua y la electricidad y mejoras sociales. El Gobierno ha prometido tener en cuenta sus reivindicaciones, el ministro de Energía y Minas, Aziz Rebbah, miembro del islamista Partido de la Justicia y el desarrollo (PJD), se ha reunido con representantes del ‘Hirak’; pero de momento la situación no ha variado sustancialmente. Algunos políticos temen que el movimiento de protesta se extienda a otros lugares del país, donde los problemas sociales son también muy graves. “La población pide diálogo y acuerdo con el Gobierno, no deseamos violencia, pero tampoco estamos dispuestos a que nos tomen el pelo”, declaró un protagonismo de la protesta. La ciudad acoge dos centrales térmicas que funcionan con carbón, y algunos habitantes creen que es un peligro para su salud. Además, los descontentos piden la creación de puestos de trabajo para sacar a muchas familias de la miseria. De momento, el ministro Rebbah rechazó la gratuidad de las facturas del agua y la electricidad, que la población considera muy caras para su pobre nivel de vida.

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