Paco Soto

Pie de foto: Abdessadek El Bouchtaoui, abogado de Nacer Zafzafi, líder de la revuelta rifeña y otros activistas.

Abdessadek El Bouchtaoui, abogado de numerosos activistas y de Nacer Zafzafi, líder de la revuelta rifeña –o ‘Hirak’-, que estalló hace más de un año contra la pobreza, el desempleo, las injusticias sociales, la corrupción y la prepotencia delos poderosos, fue condenado por el Tribunal de Primera Instancia de Alhucemas a 20 meses de cárcel y 500 dirhams (unos 40 euros) de multa. La Fiscalía acusó al letrado de haber insultado y amenazado a varios “funcionarios y representantes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones”.

El abogado también es acusado de “incitación a cometer delitos”· y de haber participado en la organización de “concentraciones no autorizadas”. Una web arabófona dio la noticia, que fue confirmada por El Bouchtaoui. “Mis publicaciones en Facebook en solidaridad con los detenidos del ‘Hirak’ y el movimiento en el Rif no han gustado a algunas partes. Han molestado a los que no quieren que existan voces libres que hagan saber la verdad a la opinión pública”, declaró el letrado tras conocer la sentencia judicial. De momento, la defensa del abogado no ha hecho saber si pensaba recurrir o no la sentencia.

“Juicio político”

“Vamos a ver cuáles serán los próximos pasos a seguir, en coordinación con el comité de apoyo [a los activistas rifeños encarcelados]”, dijo la defensa del letrado. El abogado condenado cree que su juicio es político, porque el poder quiere “taparme la boca” y que no se sepa la verdadera versión de lo que ocurre en el Rif., “donde las reivindicaciones sociales son y serán legítimas”. De momento, los abogados de Tetuán han mostrado su solidaridad con el letrado condenado, quien ha hecho saber a la opinión pública que no piensa cambiar de opinión y su condena “es un mensaje claro a todos los miembros de la defensa de los militantes del ‘Hirak’”.

Pie de foto: Un grupo de persona protesta durante el juicio contra activistas rifeños.

Por otra parte, la Corte de Apelación de Alhucemas confirmó la pena de 20 años de prisión de dos activistas rifeños, según informó EFE. La Justicia acusa a los dos militantes de haber incendiado una residencia policial y actuada con violencia contra la fuerza pública. Además, de haber desobedecido a la Policía y destruido mobiliario público y participado en manifestaciones no autorizadas. Los hechos ocurrieron el 26 de marzo de 2017.duarnte unos enfrentamientos entre policías y manifestantes en la ciudad e Imzouren, a unos 20 kilómetros de Alhucemas. Las penas de 20 años de reclusión fueron también confirmadas para dos otros activistas acusados de haber participado en enfrentamientos muy violentos con las fuerzas del orden, en agosto de 2017, después de los funerales del manifestante muerto Imad El Attabi, en una marcha prohibida por la autoridad gubernativa en Alhucemas.

Condena revisable

Asimismo, un militante del ‘Hirak’ fue sentenciado a cuatro años de cárcel por un tribunal de Alhucemas por haber participado en protestas en el Rif. Tarek Mouhim fue acusado de “atentado a la integridad territorial del país”, “incitación a la comisión de crímenes”, “participación a una manifestación no autorizada”, “ultraje a las fuerzas públicas” y “consumo de drogas”, entre otros delitos. En el mismo orden de cosas, la ONG estadounidense Human Rights Watch (HRW) hizo saber a las autoridades marroquíes que la condena contra el activista rifeño Mortada Iamrachen, condenado a cinco años de prisión, tiene que ser revisada. Sarah Leah Whitson, directora de la División Medio Oriente y África del Norte de HRW, manifestó que la condena es una “represalia” contra el activista y no es justa.

La ONG deplora que “el tribunal no examinó las afirmaciones de Iamrachen, cuyas declaraciones fueron arrancadas con malos tratos”. El activista está acusado de “apología del terrorismo”. Según la ONG, la Justicia marroquí tendría que revisar objetivamente el proceso y llevar a cabo una investigación justa, además de tener pruebas sólidas para condenarlo, y no declaraciones a la Policía que podrían haber sido obtenidas a través de malos tratos o tortura. El propio artículo 293 del Código Penal marroquí estipula que la coerción contra un detenido durante sus declaraciones es un acto ilegal.