Perseguida por el TPI, la violencia sexual sigue vigente como arma de guerra

Carolina Valdehíta, Ciudad del Cabo (Sudáfrica)/Mundonegro.es

Pie de foto: La mujer, siempre en el punto de mira

La guerra en República Democrática de Congo sistematizó la violación como arma de guerra para destruir comunidades. En R. Centroafricana y Sudán del Sur han repetido el modelo. La Segunda Guerra de Congo trajo consigo una de las peores tácticas ejecutadas durante un conflicto armado. La periodista congoleña Caddy Adzuba, Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 2014, fue la cara visible de un mal al que se refiere como «feminicidio»: un genocido destinado a acabar con las mujeres o a causar daños irreversibles que impacten tanto en ellas como en la sociedad.

Cientos de miles de congoleñas sufrieron una terrible violencia sexual durante este gran conflicto librado entre 1998 y 2003 durante el Gobierno de Laurent Kabila. «Casi todas las mujeres de nuestro país han sido violadas», me contó en una ocasión un grupo de refugiados congoleños en Nairobi. Pero no era el abuso sexual per se, sistematizado desde los anales de la historia, lo que hizo de Congo una excepción. Lo era el hecho de que las violaciones respondían a un plan militar, y así lo expone Adzuba durante una conversación con Mundo Negro: «Los beligerantes decidieron utilizar la violación como una estrategia de guerra utilizando el cuerpo de la mujer como campo de batalla». Y estos fantasmas que horrorizaron a comunidades enteras hace dos décadas en RDC y más recientemente en RCA, han resurgido en Sudán del Sur. «Pensábamos que esto no volvería a ocurrir, pero la historia se repite», lamenta.

Amnistía Internacional (AI) publicaba en el mes de julio un informe denunciando el aumento de la violencia sexual en el contexto bélico de Sudán del Sur iniciado a finales de 2013. Para ellos, este tipo de agresión responde a «actos premeditados de violencia sexual a gran escala», firma Muthoni Wanyeki, su directora regional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos.

Pie de foto: Una refugiada sursudanesa espera a ser registrada el pasado 23 de diciembre en República Democrática del Congo. Foro Gety Images

El Estado más joven del mundo se independizó de Sudán en julio de 2011 después de dos guerras civiles prolongadas durante cuatro décadas. El Gobierno sursudanés, conformado por las dos etnias mayoritarias –nuer y dinka–, se quebró dos años después, precipitándose a una guerra total donde se han llevado a cabo masacres, saqueos, torturas y violaciones por parte de ambos bandos. Se calcula que dos millones de personas viven en campos de desplazados internos, principalmente en la capital, Yuba, y otros dos millones en campamentos en Kenia, Etiopía y Uganda. «Algunos ataques parecen dirigidos a aterrorizar, degradar y avergonzar a las víctimas y, en algunos casos, a impedir que los miembros de los partidos políticos rivales puedan procrear», dice Wanyeki.

La violencia sexual se ha sistematizado de tal forma que no se dirige en exclusiva hacia las féminas, sino también hacia hombres y niños. Decenas de personas relataron a AI episodios de violaciones en grupo, agresiones sexuales con palos y ­mutilaciones con cuchillos. A finales de 2016 la ONU declaró que el 70 por ciento de las mujeres refugiadas en Yuba habían sido violadas.

Pie de foto: En RuANDA- arriba una sesión de un tribunal popular- se consideró la violación como un crimen de genocidio. Foto: Getty Images

La historia se repite en RCA

En octubre, Human Rights Watch denunció el mismo escenario en RCA desde 2013. «Grupos armados están usando la violación de manera brutal y calculada para castigar y aterrorizar a mujeres y niñas», dijo una de las investigadoras de la entidad, ­Hillary Margolis. Tanto los selekas como los anti-Balakas «han utilizado la violencia sexual como venganza por el apoyo percibido a aquellos que están al otro lado», denuncian. En ambos escenarios, estas agresiones llegan a causar la muerte por hemorragias imposibles de frenar debido al escaso soporte médico.

Se producen muchos embarazos no deseados poniendo a las mujeres en una terrible situación de culpa y rechazo hacia los bebés concebidos de la violencia. La mayoría acaba sufriendo daños psicológicos irreparables y estrés postraumático, presentándose en ciertos casos tendencias suicidas. Pero sin duda, la consecuencia más generalizada es que las víctimas tendrán que convivir con el estigma de haber sido violadas, el sufrimiento y el rechazo de sus familias y comunidades.

El germen de esta violencia lo encontramos en RDC. Tanto en la excolonia belga como en otros países africanos la mujer ha estado relegada a su rol de madre y ama de casa mientras que el hombre participaba de la sociedad y podía optar a tener trabajos remunerados. En el caso de Congo, al estallar la guerra muchos hombres perdieron sus trabajos, lo que hizo evolucionar a la mujer, pasando de ser una posesión más del marido a asociarse con otras mujeres hasta convertirse en muchos casos en el pilar económico de la familia y de comunidades enteras.

«[Los combatientes] entendieron que violando a las mujeres se hacía una guerra a gran escala que les salía más barata ya que les ayudaba a ahorrar en munición», sostiene Adzuba. «Además, haciendo daño a las mujeres se hace daño a toda la comunidad». Durante la también llamada Guerra del Coltán los métodos utilizados para las violaciones buscaban causar heridas profundas tanto en su cuerpo como a nivel psicológico y social. Se introdujeron botellas rotas en sus cuerpos, palos y otros utensilios para causar un dolor que se mantiene latente.

Si bien ahora RDC no sufre una guerra a gran escala, continúan los ataques a civiles de grupos armados y de las Fuerzas de Seguridad, especialmente en zonas donde abundan los recursos minerales. Decenas de mujeres son violadas cada día. «Hay más movimientos y organizaciones que ayudan a estas mujeres y se han firmado leyes de protección. El problema es que no se han reparado los daños ni se ha hecho justicia», subraya Adzuba.

Pie de foto: Una mujer lleva una carretilla en el campo de desplazados internos situado en el aeropuerto de Bangui (RCA). Foto: Getty Images

Ignorado hasta los años 90

El artículo 27 del IV Convenio de Ginebra prohíbe desde 1949 la violación y prostitución forzada durante la guerra. Pero durante décadas, organizaciones como AI han denunciado que la violación en los conflictos actuales no surge como consecuencia del abuso de la guerra, sino que se utiliza como «táctica para infundir miedo y castigar a las mujeres y a las comunidades y tiene lugar en todas las regiones del mundo», señala a Mundo Negro Maribel Tellado, responsable de Campañas de Amnistía en España.

En la actualidad, más de 40 artículos entre convenios y protocolos hacen referencia de manera directa o indirecta a la protección de las mujeres como categoría diferenciada. La violación fue reconocida como crimen contra la humanidad por primera vez a principios de los años 90 del siglo pasado, cuando el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, establecido por el Consejo de Seguridad de la ONU en 1993, vio evidencias de que las mujeres musulmanas de la localidad de Foca sufrieron violaciones sistemáticas y generalizadas por parte de soldados, policías y paramilitares serbios de Bosnia en 1992, durante el conflicto.

Posteriormente el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, establecido por la ONU en 1998, tomó la histórica decisión de considerar la violación de guerra como un crimen de genocidio. El órgano concluyó que durante el terrible episodio de la historia moderna ruandesa, en el que casi un millón de tutsis y hutus moderados fueron masacrados durante 100 días en 1994, cerca de medio millón de mujeres fueron violadas.

Pie de foto: Una mujer sostiene una cruz durante un encuentro de oración, organizado por la Iglesia presbiteriana, para pedir por el final del sufrimiento de las mujeres y los niños en Yuba. Foto: Getty Images

El papel del TPI

En el año 2000, el Consejo de Seguridad de la ONU reconocía el impacto desproporcionado que tiene el conflicto armado en las mujeres y niñas e hizo un llamamiento a los Estados para que se implicasen en temas como la resolución de los conflictos y la construcción de la paz. «Sin embargo –expone Tellado–, la violencia sexual sigue siendo utilizada como arma de guerra por todas las partes involucradas en los conflictos y se sigue caracterizando por la casi total impunidad de los ­perpetradores».

En 1998 se creó el tribunal de justicia internacional conocido como Tribunal Penal Internacional (TPI), independiente de la ONU y con su base en La Haya, con el fin de juzgar a los involucrados en crímenes de agresión, de genocidio, de guerra y de lesa humanidad. A través del Estatuto de Roma, el TPI reconoce específicamente como crimen de lesa humanidad «los actos de violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzoso, la esterilización forzada y cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable».

En marzo de 2016 el TPI encontró culpable a Jean Pierre Bemba, exvicepresidente de República Democrática de Congo y también exjefe del Movimiento para la Liberación de Congo (MLC), de tres crímenes de guerra y dos de lesa humanidad. Fue condenado a 18 años de prisión por los actos de violación, saqueo y asesinato que realizaron sus tropas en República Centroafricana entre 2002 y 2003. Esta ha sido la primera vez que un tribunal se ha centrado en la violación como arma de guerra y que alguien es condenado por los crímenes que otras personas cometieron bajo su mandato.

Desde su creación, el Tribunal únicamente ha podido dictar otras dos condenas, precisamente también de antiguos jefes militares congoleños, Germain Katanga y ­Thomas Lubanga.

Una práctica con historia

Las violaciones, torturas y servidumbre datan desde los tiempos en que los romanos y griegos hacían la guerra, una dinámica que compartían con los ejércitos de Oriente Próximo y Oriente Medio. Al llegar la Edad Media estas prácticas no cambiaron, sino que en el caso de algunos pueblos el saqueo y la violación se convirtieron en una forma de vida. Para muchos, la violación de guerra era considerada como una recompensa de los soldados y una prueba para demostrar su masculinidad.

La época colonial tampoco dio tregua y los colonos se tomaron las libertades que consideraron oportunas en cada uno de los territorios que conquistaban. Criadas que hacían las veces de concubinas de sus amos engendraron a la diversa población mestiza de gran parte de América Latina, el Caribe o Angola, donde los portugueses tenían órdenes de yacer con mujeres locales para contribuir al mestizaje. Uno de los peores episodios sin duda es el de las violaciones en grupo de los soldados alemanes durante el genocidio de las tribus herero y nama en Namibia a principios del siglo XX, que fue la única alternativa a la muerte para muchas mujeres.

La primera vez que hay voluntad de proteger a la población civil de los abusos de los conflictos bélicos se produce durante la Guerra Civil estadounidense. El ­Código ­Lieber (1863) fue el primer texto que redactó las leyes internacionales consuetudinarias que limitarían «la guerra sin cuartel» y sirvió como preámbulo de las leyes humanitarias. Aquí se determinó que los civiles deberían ser protegidos y que «toda violación estaba prohibida bajo pena de muerte». Sin embargo, y pese a sus buenas intenciones, la prohibición apenas fue acatada en la esfera internacional. Tanto durante la Primera como en la Segunda Guerra Mundial se encontraron pruebas claras de violencia sexual y prostitución forzada, entonces considerada como abuso colateral de la guerra, de naturaleza estrictamente sexual o derivados de una motivación personal.

Pese a todas las evidencias de la violencia sexual durante la Gran Guerra, la falta de voluntad de los Procesos de ­Nuremberg hizo que se obviase la violación en sus juicios contra los criminales de guerra nazis. Por su parte, el Tribunal de Crímenes de Guerra de Tokio sí que condenó a algunos funcionarios japoneses por «no haber evitado» el episodio conocido como «las violaciones de Nankin», cuando más de 20.000 mujeres y niñas fueron violadas por las tropas japonesas que ocuparon esta región de China.

La aprobación en 2014 en Colombia de una ley dirigida a abordar la impunidad por los delitos de violencia sexual relacionados con el conflicto y la condena de Bemba son algunos de los avances que se han hecho para enjuiciar a los responsables de esta barbarie. «Pero siguen siendo pequeños logros puntuales e insuficientes» remarca, desde Amnistía Internacional, Maribel Tellado.