Antonio Regalado

Pie de foto: Tecnología frente a los okupas. La ciberseguriad de Smart Tower-VPS, incorpora la tecnológica más innovadora para detectar los robos y el vandalismo rural.

El derecho a la propiedad privada y a la herencia está consagrado en el artículo 33 de nuestra Carta Magna. De hecho, la calidad democrática de una nación se evalúa por el nivel de protección al patrimonio de los ciudadanos. La propiedad privada es la esencia de la libertad frente al “exprópiese” de los regímenes dictatoriales. Desde hace años, el fenómeno “okupa” se ha extendido exponencialmente en nuestro país hasta el punto de que instituciones municipales, como los ayuntamientos de Madrid y Barcelona, han alentado y apoyado estos “movimientos culturales”.

Este fenómeno social, acrecentado tras la crisis de 2007 en los desahucios por impago a los bancos, tiene más de 25 años de historia en Europa. Según datos del INE, en España, con 3,4 millones de viviendas vacías, se han dado 1.500 casos de okupación en los últimos dos años. La Junta no ha publicado cifras todavía de esta actividad ilegal. Baste un ejemplo para dibujar la magnitud del problema: en Elche se producen dos okupaciones por semana.  

Sistemas antiokupa

Desde la UE están llegando las soluciones al campo y a la ciudad. Es el caso de la multinacional británica VPS que ha multiplicado por cuatro su presencia en España desde 2015. En las próximas semanas ofrecerá una estadística nacional, autonómica y local completa. Una estadística que incluirá las cinco capitales de provincia de Castilla-La Mancha y todas las ciudades mayores de 10.000 habitantes. Oscar Aragón, managing director del Grupo VPS se ha comprometido a adelantar a ATALAYAR esta estadística que puede sorprendernos a todos: “Creemos que los datos servirán para abordar desde las instituciones un problema que va más allá de los desahucios. La gente necesita sentirse segura; muchas personas tienen miedo a perder la propiedad mientras está vacía”, sostiene el principal ejecutivo de VPS. 

Pie de foto: Oscar Aragón, managing director del Grupo VPS

Ser víctima de una okupación ilegal –volvemos a insistir en el carácter ilegal- puede costar, además de muchos dolores de cabeza, unos 25.000 euros en trámites jurídicos, lucro cesante y desperfectos.  Más de 400 particulares e inversores castellano-manchegos han contratado los servicios de esta multinacional y tienen alquilados temporalmente sus equipos antiokupas hasta que la propiedad se arriende o se venda.

Aragón nos explica que “la crisis y la falta de protección legal efectiva hace que muchos ciudadanos piensen que se protege más a los okupas que los propietarios”. En este sentido, a esperas de una legislación menos permisiva, la respuesta técnica es sencilla: la instalación de sistemas antiokupas. Se trata de puertas de acero con un sistema de cerradura especial y ventanas de un cristal especial que hacen imposible la penetración de personas indeseables en casas o en inmuebles no ocupados.  Se complementa con sistemas de alarmas sin cableado, con cámaras de grabación nocturna permanente, conectados vía wi-fi a la central propia y a la de la policía. Una protección total que incluye, además, el mantenimiento, la limpieza, la vigilancia, la evaluación de riesgos y, en definitiva, la revalorización del bien protegido para que pueda salir  de nuevo al mercado. 

Colaboración 

El máximo responsable de VPS entiende que su misión preventiva, defiende la convivencia y el bien común. “No cabe duda” – confiesa O. Aragón a nuestro diario- “de que las empresas de seguridad contribuyen y colaboran con la Fuerzas de Seguridad en la lucha contra la criminalidad organizada, los desórdenes en vecindarios conflictivos y de que nuestros servicios permiten que los ciudadanos sientan mejor protegidos sus bienes inmuebles desocupados contra intrusos, robos y vandalismo. En suma, contribuimos a una mayor convivencia cívica. Y nos sentimos orgullosos de ello. Generar confianza y seguridad son parte de la filosofía corporativa de nuestra entidad en España y en medio mundo”. 

Esta empresa de servicios de seguridad, instalados en España a finales en 1992, tiene cobertura nacional y delegaciones en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. A raíz de los resultados de la “estadística okupa” que está elaborando, estudiará ampliar su implantación regional. También tiene soluciones para el medio rural, muy castigado en Castilla-La Mancha por robos, incendios, vandalismo, violencia e inseguridad. Las llanuras de La Mancha son muy vulnerables y hasta se habló la pasada legislatura de crear una policía rural. 

Por fortuna, el ministerio del Interior y las autoridades regionales la desestimaron.  La innovación permite hoy blindar el campo también. VPS dispone de la Smart Tower. El propio manager de la empresa la describe con estas palabras: “es una torre con cámaras de visión nocturna y detectores de movimiento. Se conecta a Internet sin necesidad de que haya corriente o wi-fi. Tiene alarma de aviso y conexión permanente con nuestra central y con la policía. Actúa con una autonomía de 7 días. Graba todo lo que ocurre las 24 horas y dispone de altavoces para que los vigilantes, desde nuestra oficina, puedan hablar con la persona que se acerca y comunicar cualquier incidencia. La Smart Tower la ofrecemos a propietarios de grandes extensiones e instituciones de C-LM para que comprueben su eficacia y seguridad. Es la forma más innovadora de blindar y poner puertas al campo”.

Sabemos que el binomio libertad-seguridad no tiene precio. Pero tanto los alquileres temporales para cuidar casas o naves como los de la Smart Tower oscilan entre los 60 y los 100 euros por mes. Un precio asequible por la tranquilidad de saber que nuestra propiedad vacía se encuentra segura en manos expertas y no pierde el valor. Excelentes soluciones las de VPS contra los okupas del campo y de la ciudad. Quedamos a la espera de conocer los datos de la encuesta sobre okupación, un fenómeno social no nuevo, pero si preocupante, agravado por la globalización.

 

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