El Fondo Monetario Internacional reclama a los gobiernos el rescate de las empresas
Las empresas acumularon una deuda de 83 billones de dólares, el 98% del Producto Interior Bruto mundial, a finales de 2020. El Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo que los gobiernos deben prestar soporte a todas las entidades que puedan recuperarse de la brecha ocasionada por la COVID-19.
Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, afirmó que “una fuerte cooperación internacional y una extraordinaria agilidad política” van a ser cruciales para hacer frente a una “carrera de obstáculos compleja”. El pasado enero, el Fondo redujo su pronostico de crecimiento económico para este año al 4,4% debido al aumento de la inflación.
Las interrupciones en la cadena de suministro, la variante Ómicron y las preocupaciones relacionadas con el sector inmobiliario chino son algunos de los factores que han contribuido a la ralentización de la recuperación económica. La deuda global, tanto pública como privada, asciende a los 226 billones de dólares.
En la última reunión de los ministros de Finanzas y gobernadores de los Bancos Centrales del G20, el FMI aseguró que “las lecturas de inflación siguen siendo altas en muchos países, los marcadores financieros son volátiles y las tensiones geopolíticas han aumentado considerablemente”.
El organismo internacional está utilizando un novedoso indicador para determinar en qué medida los sistemas de insolvencia y reestructuración de los países están preparados para una crisis financiera a gran escala. Los países con bajos ingresos son los menos preparados para reordenar o liquidar empresas con problemas.
La directora gerente del Fondo determinó que las cifras de países de bajos ingresos con alto riesgo se han duplicado desde el año 2015. Estas naciones deben reforzar los esfuerzos para mejorar sus sistemas de solvencia. Además, deben incluir garantías de transparencia para suavizar los riesgos y establecer planes de recuperación sólidos.
Los sistemas de solvencia deben contar con los recursos necesarios para manejar un aumento considerable de empresas adeudadas. Aquellos países que no posean con procedimientos fuertes deben confiar “en la reestructuración extrajudicial o híbrida, donde los tribunales desempeñan un papel limitado para apoyar las negociaciones entre deudores y acreedores”.
Según el FMI, las políticas macroeconómicas deben ajustarse de acuerdo con las circunstancias de cada país. En los próximos meses, muchas naciones experimentarán un ciclo monetario concreto ya que las fases de expansión y contracción de las empresas van a ser más restrictivas.
Las economías que componen el G20 tendrán que desempeñar un papel importante para garantizar que los esfuerzos de recuperación sean más transparentes. “El G20 es crucial para cumplir con las ambiciones globales, lo que incluye centrarse en amplificar el efecto de la histórica asignación de 650.000 millones de dólares”.
A pesar de esto, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo recoge en un informe que el comercio mundial aumentó el año pasado un 25%, alcanzándose una cifra de 28,5 millones de dólares. Esta tendencia positiva del comercio se debe al aumento de los precios de los productos básicos y a la disminución de las restricciones pandémicas.
Por su parte, Reino Unido espera un crecimiento del 4,7% y una inflación que alcance un máximo del 7%. La economía británica se vio gravemente perjudicada debido a la pandemia. Su producción bajó experimentó una bajada de más de un 9%, siendo esta su mayor caída desde 1919.
La producción consiguió un aumento gracias a los paquetes de ayuda millonarios que el Gobierno destinó para el respaldo de empleos y empresas durante la crisis. El principal riesgo de esta recuperación es la aparición de nuevas olas de COVID-19 y los efectos secundarios de las tensiones en Europa del Este.
El ministro de Servicios Financieros británicos, John Glen, afirmó que la nación desbloqueará “decenas de miles de millones de libras de capital del sector de seguros”. Esto debería impulsar la economía a través de la inversión en infraestructura. Los partidarios del Brexit ven esta reforma como una muestra de independencia a la hora de redactar regulaciones financieras propias.