España y Marruecos, a la carrera por el petróleo

 

El elevado precio del petróleo y los temibles vaivenes del oro negro, que tanto influyen en la economía, han decidido al Gobierno español a retomar la exploración de la bolsa de crudo que albergan las aguas canarias frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura con la fuerte oposición del Gobierno de Canarias. El objetivo no es otro que reducir la dependencia petrolera española, que supera el 98%. Como ha reconocido el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, España “no puede permitirse renunciar a la exploración de estos recursos”, unos yacimientos donde habría “mucho petróleo y de buena calidad”. Las estimaciones hablan de 38 millones de barriles cada año, lo que equivaldría nada menos que a un 10% del consumo actual total de crudo de España. En la carrera por el crudo también se asoma Marruecos que, con máxima prudencia, realiza investigaciones frente a la costa de Agadir, a 380 kilómetros del extremo norte de Lanzarote. Un sueño que Rabat persigue desde hace más de 60 años, con la esperanza de que el maná que fluye en el subsuelo de sus países vecinos riegue también a sus tierras mientras soluciona el contencioso del Sáhara.

 

 

 

La postura de los contrarios está bien resumida en la página Web savecanarias.org, con la que se han recogido más de 100.000 firmas. La Web alerta de que las zonas de perforación distan 10 kilómetros de las playas de Fuerteventura y 18 de las de Lanzarote, ambas declaradas Reservas de la Biosfera por Naciones Unidas. Explica que los trabajos se realizarán sobre un fondo marino de intensa actividad sísmica y advierten de que el Archipiélago es un área de inmensa riqueza natural. Hay, además, otro detalle que les da muy mala espina a los que luchan contra los sondeos populares: se está promoviendo la declaración de zona protegida bajo la etiqueta de Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), que impediría continuar con el proyecto, pero Canarias es el único de los diez espacios propuestos en el país como áreas LIC cuya protección ni siquiera se ha comenzado a tramitar por parte de Medio Ambiente. El proyecto cuenta con el rechazo inicial del PSOE y del Gobierno canario, de la oposición regional de izquierdas, de los grupos ecologistas y de una parte sustancial de la población de las islas (el 60% se mostraría contrario, según una reciente encuesta). Argumentan, con el presidente Paulino Rivero a la cabeza  que “eventuales vertidos procedentes de las zonas de prospección y explotación, que, en caso de producirse, pondrían en jaque toda la economía regional, basada en el turismo, y tendría graves consecuencias medioambientales”. Desde Repsol, se insiste en otros razonamientos mil veces repetidos. “Durante veinte años se generarán esos puestos de trabajo, que no serán directos. Además de la mano de obra especializada, Repsol necesitará estibadores, seguridad, limpieza, administrativos, mantenimiento, etc. Hay 9.000 millones de inversión previstos, y harán falta suministros, material, proveedores”, aseguran fuentes de la compañía. Tiene argumentos para quienes temen un desastre ecológico: “Los estudios demuestran que la probabilidad de que ocurra un accidente es de 1 entre 52.250, analizando los peores escenarios posibles. Turismo y petróleo son compatibles, y ahí está el ejemplo de la costa de Tarragona, donde está Port Aventura: nunca ha habido ningún problema. Y lo mismo pasa en el canal de Sicilia y la costa de Trento, en Noruega o en California, con plataformas a tres millas de la costa y visibles”.

 

El dilema de qué hacer con los mil millones de barriles de petróleo que tenemos ahí abajo, bajo la suela de los zapatos de las islas, presuntamente alojado en las profundidades de un mar discutible, no ha sido aún resuelto ni parece tener fácil solución. El contencioso no se limita al petróleo. Está íntimamente ligado a la declaración de las 200 millas de las aguas canarias respecto de Marruecos. El derecho internacional (la Convención del Mar de Montego May, Jamaica, suscrita en 1982) plantea algunas dificultades, no insalvables, para que a un archipiélago no Estado (sino dependiente de un Estado, como es nuestro caso), le sean reconocidas las pertinentes 200 millas de mar propio, como sí corresponde de facto a todo territorio costero soberano. No obstante, hay expertos en Derecho Marítimo Internacional, como el profesor José Manuel Lacleta, que sostienen que España ya negocia desde 2003 con Marruecos las 200 millas entre Canarias y el Estado ribereño vecino, a sabiendas de la parsimonia consustancial a la diplomacia de Rabat, que se toma el asunto con infinita paciencia. Y al oeste hay gas A su vez, desde Madrid se estaría discutiendo con Portugal los límites de las aguas a partir de Canarias hacia el norte y noroeste, sin acuerdo por el momento, con el fin de poder explotar sus recursos mineros marinos, como un importante yacimiento de gas que los expertos aseguran haber localizado, además de hierro y manganeso. Rabat se opondría a fijar la mediana en el brazo de océano que nos separa (dado que las 200 millas abarcan de orilla a orilla y habría que establecer un límite intermedio), para no perder sus derechos sobre el petróleo, amén de otras suposiciones. Algunas voces ya avisan que de hacerse la tarea pendiente históricamente, dejando las cosas claras, qué mar corresponde a cada cual, con sus hábitats marinos y recursos respectivos, el petróleo, o la mayor parte de él, caería del lado canario, y nuestro Archipiélago, con competencias en minería, podría explotarlo y beneficiarse sustancialmente de una auténtica mina.