Instituciones en América Latina: el momento decisivo
Servicio de Estudios de 'la Caixa'/CapitalMadrid.com
Pie de foto: Un marco institucional mejor pero no suficiente. En la imagen, la Casa Rosada, sede de la presidencia de la República Argentina.
América Latina ha vivido una auténtica revolución institucional en las últimas décadas que ha alterado decisivamente el marco de toma de decisiones de política económica. Aunque muchas veces se destacan cambios formales como la evolución hacia regímenes democráticos que ha tenido lugar en la región desde la década de 1980, desde un punto de vista estrictamente económico, es más relevante referirse a la mejora en diferentes ámbitos de la gobernanza que se han demostrado vinculados a la eficiencia económica.
En particular, son útiles los indicadores de gobernanza elaborados por el Banco Mundial, que detallan la situación en seis espacios clave: voz y rendición de cuentas (que incluyen, entre otros aspectos, la elección democrática del Gobierno y la libertad de prensa y de asociación), estabilidad política y ausencia de violencia, eficacia del Gobierno (que incorpora medidas de la calidad de los servicios públicos, de las políticas públicas, etc.), calidad del marco regulatorio, Estado de derecho y, finalmente, control de la corrupción.
A pesar de que la visión convencional es que el marco de gobernanza ha mejorado en los últimos 20 años, lo cierto es que su evolución no ha sido uniforme en el tiempo. Mientras que, entre 1996 (primer año con datos) y 2005, la evolución del promedio de estos seis indicadores es negativa, en los 10 años siguientes se torna positiva. Paradójicamente, la situación de 2014, último año disponible, es prácticamente igual a la existente en 1996. Sin embargo, este estancamiento institucional se debe de forma prácticamente exclusiva a la involución registrada en dos países, Argentina y Venezuela. Eliminados estos casos atípicos de la muestra, se constata que, entre 1996 y 2014, la región mejora en materia institucional, destacando especialmente la calidad institucional de Chile, Uruguay y Costa Rica. Con todo, y a fin de disponer de una referencia del progreso institucional realizado, cabe mencionar que los niveles alcanzados en el promedio regional (excluyendo Argentina y Venezuela) son algo mejores que los del Asia emergente pero netamente inferiores a los de la Europa emergente.
Pues bien, dado que América Latina está entrando en una etapa de peores perspectivas económicas debido a un doble shock negativo (el endurecimiento de la financiación internacional y una evolución de las cotizaciones de las materias primas inferior a los niveles de bonanza de la década de 2000) y que la primera economía de la zona, Brasil, se encuentra en una recesión intensa, ¿podrá capear el temporal mejor que en el pasado gracias a los cambios institucionales de las últimas décadas?
Dos son las cuestiones centrales que dilucidar. La más general se refiere a si el marco institucional del que se ha dotado la región hace más probable adoptar una política económica adecuada. Un segundo aspecto, más específico, hace referencia a si la mejora del sistema institucional aminorará el aumento de la probabilidad de impago de la deuda, que se ha vuelto menos sostenible a causa de la combinación de menor crecimiento y mayor endurecimiento financiero.1
En relación con la segunda de las cuestiones mencionadas, la literatura establece que existen relaciones causales entre la (mayor) calidad institucional y la (menor) probabilidad de impago de la deuda. Por ello, cabe esperar que esta última sea menor que en el pasado.
En definitiva, América Latina afronta los tiempos turbulentos venideros con un marco institucional mejor que en el pasado. Sin embargo, en materia institucional, no todo el monte es orégano o, lo que es lo mismo, no toda América Latina es Chile. Como tampoco está claro que la mejora institucional del resto de países sea suficiente, dado el temporal que deberán afrontar.