Crisis de Sudán: Jartum en 2026, capital de las epidemias y el fracaso del retorno voluntario
En menos de tres meses, Sudán habrá entrado en el cuarto año de guerra, dejando tras de sí tres años de combates encarnizados y una lista negra de muertos, heridos y desplazados —entre migración y desplazamiento interno— además de instalaciones civiles destruidas en todos los sectores. En el centro de todo esto se encuentra la capital, Jartum, que, según diversos informes, continúa sumida en el caos
- La peor crisis de desplazamiento
- Epidemias y negligencia administrativa
- Un retorno voluntario fallido
- ¿Quién es responsable?
Visto de cerca, el impacto de la continuidad de la guerra resulta doloroso para la población civil en los distintos estados de Sudán, incluida Jartum. El representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Sudán declaró hoy miércoles a «CNBC Arabia» que «los ingresos gubernamentales se redujeron entre un 70% y un 80% como consecuencia de la guerra y sus repercusiones», confirmando que «alrededor de 4 millones de desplazados internos abandonaron Jartum durante el conflicto».
La peor crisis de desplazamiento
Sobre la guerra en curso en Sudán, un informe del «Global Conflict Tracker», publicado en diciembre pasado, señala que «en medio del sangriento conflicto, las estimaciones del número de víctimas mortales varían considerablemente. El exenviado estadounidense a Sudán indicó previamente que hasta 400.000 personas han muerto desde el inicio del conflicto el 15 de abril de 2023. Más de 11 millones de personas han sido desplazadas, dando lugar a la peor crisis de desplazamiento del mundo. Naciones Unidas continúa solicitando más apoyo, ya que más de 30 millones de personas necesitan ayuda humanitaria».
El panorama en Sudán es sombrío. El informe también confirma que «el acceso a la ayuda humanitaria sigue siendo una preocupación crítica para numerosos actores internacionales. Además de las víctimas, los ataques han destruido hospitales y otras infraestructuras vitales. Desde agosto de 2023, informes de la ONU hablan del colapso del sistema sanitario y del temor a la propagación de enfermedades».
El informe recuerda asimismo la «resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que instaba a un cese inmediato de la violencia en Sudán, el 8 de marzo de 2024, aceptada por el Ejército sudanés, que posteriormente condicionó su aplicación a la retirada de las Fuerzas de Apoyo Rápido de sus posiciones, lo que dio inicio a combates en torno a Jartum con la participación de drones de fabricación iraní y turca».
El año pasado, las posiciones declaradas de las dos partes del conflicto fueron más claras: las Fuerzas de Apoyo Rápido aceptaron una tregua propuesta por el cuarteto internacional (Estados Unidos, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí), mientras que el Ejército sudanés respondió con reservas y exigencias poco realistas, encabezadas por la entrega de armas y la retirada total de las fuerzas de apoyo rápido de las zonas bajo su control.
Epidemias y negligencia administrativa
Desde el año pasado, la capital sudanesa, Jartum, ha sufrido oleadas sucesivas de enfermedades que han causado muertes debido a la contaminación del agua potable mezclada con aguas residuales o expuesta a polución. Lo más reciente fue lo confirmado ayer por el Comité Preparatorio del Sindicato de Médicos de Sudán, que informó del «registro de cientos de nuevas infecciones por dengue, incluidas 39 muertes, en el estado de Jartum».
El portavoz oficial del comité, Sayyed Mohamed Abdallah, declaró a «Sudan Tribune» que «se han detectado estadísticas alarmantes que indican una curva epidémica ascendente de casos de dengue, con 211 nuevas infecciones registradas, incluidas 39 muertes hasta el momento en Jartum». Los grupos más vulnerables encabezaron la lista de fallecimientos: 22 mujeres y 6 niños, en medio de una grave escasez de suministros médicos básicos.
El comité teme una «explosión de la situación sanitaria en los campamentos de desplazados durante el invierno y debido a la escasez de centros de salud operativos», tras registrarse 2.576 casos de malaria en un contexto de falta de alimentos y debilidad inmunitaria. Abdallah subraya que «las cifras no reflejan la magnitud real de la catástrofe debido a la dificultad de un recuento exhaustivo», y advierte de un posible repunte de la curva epidémica tras un periodo de descenso, a causa del deterioro ambiental y la ausencia de medidas preventivas.
El portavoz atribuye «el agravamiento de las infecciones a la negligencia administrativa y a la ausencia de intervención institucional», señalando la congestión de pacientes en los hospitales frente a una grave escasez de sueros intravenosos y medicamentos vitales. Explica que «las causas de la propagación del dengue y la malaria se deben al colapso total del entorno ambiental por la acumulación de residuos, el desbordamiento de aguas residuales, los charcos estancados y la proliferación del mosquito transmisor en los depósitos de agua».
Mientras aumentan los llamamientos del Gobierno de Puerto Sudán —designado por el comandante del Ejército, Abdel Fattah al-Burhan— para que los desplazados regresen a Jartum, el Comité Preparatorio del Sindicato de Médicos advierte, citando una evaluación publicada por la Ayuda de Iglesias Noruegas y la Organización Internacional de Equipos Médicos, que «la financiación gubernamental cubre menos del 10% de los costes operativos de las instalaciones sanitarias en funcionamiento en Jartum».
La misma evaluación revela que «el 70% de los centros de salud carece de antibióticos; el 85% sufre escasez de medicamentos contra la malaria; y el 45% no dispone de una fuente de agua segura».
Un informe previo de la red «Ayin», publicado en septiembre pasado, alertó de «barrios enteros de Jartum inundados por aguas pluviales y montones de basura que generan un hedor asfixiante, junto con la proliferación de enjambres de moscas y mosquitos». Dicho informe apareció seis meses después del regreso del Ejército a la capital en marzo de 2025.
Entonces se sucedieron las advertencias sobre «la acumulación de residuos mezclados con aguas estancadas, donde la guerra se combina con el colapso de los servicios municipales, transformando los barrios en vertederos abiertos y las calles en pantanos propicios para la proliferación de enfermedades». En ciudades agotadas por los combates y la ausencia de autoridades locales, la basura dejó de ser un signo de abandono para convertirse en una amenaza permanente para la salud pública y un peligro directo para la vida de las personas.
Sin embargo, cualquier denuncia ciudadana sobre corrupción administrativa en cualquier sector suele ser respondida con una represión evidente. Un ejemplo reciente lo reveló el escritor sudanés Awab Azzam Al-Boushi el 18 de enero en su cuenta de X, al informar de «la detención, por parte de las autoridades del Gobierno de Puerto Sudán, de un soldado del Ejército tras hablar de prácticas de corrupción y sobornos en los puestos militares, especialmente la imposición de tasas ilegales a ciudadanos y conductores en las carreteras, en un momento en que el país atraviesa una situación humanitaria y económica extremadamente compleja».
Al-Boushi cita a observadores que consideran que esta medida «refleja la persistencia de un enfoque represivo contra las voces que denuncian la corrupción, en lugar de abrir investigaciones y exigir responsabilidades, lo que plantea serias dudas sobre la voluntad real de las autoridades para combatir la corrupción y proteger a los denunciantes».
El diario local «Al-Rakouba» citó anteriormente al exmiembro del Consejo Soberano de Sudán, Malik Agar, quien afirmó que «la corrupción está extendida dentro de las instituciones gubernamentales, y que algunas personas que trabajaron con ministros durante los dos últimos años compraron apartamentos en Turquía, además de poseer terrenos en el estado sudanés del Mar Rojo». Estas declaraciones provocaron amplias reacciones en redes sociales, al considerarse un reconocimiento oficial de irregularidades financieras en las instituciones de Puerto Sudán durante la guerra, mientras millones de sudaneses sufren duras condiciones humanitarias, sanitarias y de vida.
Un retorno voluntario fallido
En los últimos días, el Gobierno del Ejército ha intentado avanzar ignorando la situación sanitaria y la infraestructura devastada en Jartum, al invitar a los desplazados a regresar a la capital. Sin embargo, el Foro de Medios Sudaneses afirmó en enero que «el programa de retorno voluntario promovido por el Gobierno aliado del Ejército como un rayo de esperanza para desplazados y refugiados sigue estancado, con crecientes interrogantes sobre las causas de su fracaso y sobre quién es responsable de convertirlo, de un deber gubernamental y un proyecto humanitario, en un simple eslogan político sin resultados tangibles».
El foro sostiene que «los hechos sobre el terreno confirman que aún no se han dado las condiciones para un retorno seguro, y que miles de familias sudanesas siguen atrapadas entre campamentos de desplazados y fronteras de refugio». Además, «no existe información suficiente sobre los refugiados destinatarios del retorno», y testimonios coincidentes indican que «sus zonas de origen han sido completamente destruidas o carecen de los servicios más básicos —agua, salud y educación—, además de persistir la inseguridad y la proliferación de armas».
Advierte también que «estas declaraciones coinciden con informes de organizaciones humanitarias que confirman que más del 60% de las zonas potenciales de retorno no son habitables». A nivel institucional, las investigaciones revelan «una clara brecha entre el discurso oficial y la realidad ejecutiva». Según expertos en acción humanitaria, el programa de retorno voluntario «careció desde sus inicios de un plan nacional integral y se basó en iniciativas dispersas y con financiación insuficiente».
Concluye que «el fracaso del programa de retorno voluntario tras dos años de guerra no es resultado de un solo factor, sino la consecuencia de la ausencia de voluntad política, la falta de seguridad, el deterioro de los servicios y la inexistencia de una visión nacional integral para la reconstrucción y la construcción de la paz».
¿Quién es responsable?
La pregunta que hoy se hacen los sudaneses ya no es quién disparó la primera bala, sino quién se niega a detener la guerra. El activista sudanés Bashir Sakin escribió en X que «Sudán vive hoy una de las etapas más oscuras de su historia contemporánea debido a los crímenes de Abdel Fattah al-Burhan, presidente del Consejo Soberano y comandante del Ejército, quien enfrenta graves acusaciones internacionales y de derechos humanos y se alía con la Hermandad Musulmana contra el pueblo sudanés».
Cita como prueba que «organizaciones internacionales de derechos humanos, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, además de comisiones de investigación de la ONU, han dirigido acusaciones directas contra Al-Burhan, en su calidad de comandante del Ejército, por su responsabilidad en una serie de violaciones». Señala que «durante las guerras de 2023 y 2024, los barriles explosivos y los bombardeos aéreos destruyeron barrios residenciales enteros en Jartum, Nyala y Wad Madani, además de obstaculizar la llegada de ayuda a zonas controladas por la oposición, lo que provocó hambrunas en campamentos de desplazados y la detención de miles de activistas y políticos en prisiones secretas de la inteligencia militar sin cargos legales».
Añade que entre «los crímenes se incluye el ataque a hospitales y a instalaciones de agua y electricidad, lo que dejó fuera de servicio a más del 80% del sistema sanitario, así como la alianza con el antiguo régimen islamista del expresidente depuesto Omar al-Bashir».
Concluye afirmando que «en 2026, el silencio internacional ya no es posible. La Corte Penal Internacional ha comenzado a recopilar testimonios sobre el papel de los líderes militares en la exacerbación del conflicto. El principio de ‘responsabilidad de mando’ coloca a Al-Burhan frente a la justicia internacional, ya que un comandante no queda exento de responsabilidad por los crímenes cometidos por sus subordinados si tenía conocimiento de ellos y no los impidió.
Lo que vive Sudán a comienzos de 2026 es el amargo resultado de años de priorizar el lenguaje de las armas sobre la razón y de una alianza sangrienta entre Al-Burhan y los Hermanos Musulmanes para aplastar al pueblo sudanés, quemando lo verde y lo seco, destruyendo la infraestructura, desgarrando el tejido social e introduciendo al país en un túnel oscuro de violaciones».