El acuerdo nuclear con Irán entra en fase terminal

Las negociaciones para la reactivación del acuerdo nuclear con Irán penden de un hilo. Un año después del inicio de las conversaciones en Viena entre el P5+1, las seis potencias que aunaron esfuerzos diplomáticos en 2015 para detener el programa atómico iraní, la reanudación del denominado Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés) promovida por la Administración Biden se ve abocada al fracaso por las diferencias de fondo entre Washington y Teherán.

Existe desde hace semanas un documento de unas 27 páginas de extensión listo para ser firmado, según detalla POLITICO. Pero queda aún un escollo por superar, el estatus del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, la rama de las Fuerzas Armadas persas, consideradas por Estados Unidos como una organización terrorista, designación que acarrea consigo la imposición de sanciones. Unas sanciones, por otra parte, que la delegación iraní exige ver levantadas en su totalidad.

Los diplomáticos occidentales parecen haber perdido toda esperanza de que el acuerdo pueda cerrarse, según la agencia Reuters. El contexto tampoco ayuda. La invasión a gran escala sobre Ucrania desplegada en febrero por la Rusia de Vladímir Putin, potencia negociadora, ha dividido a los respectivos participantes del acuerdo, entre los que se también se encuentran China, Reino Unido, Francia y Alemania, además de la Unión Europea, coordinadora de las conversaciones.

Los socios occidentales especulan, dado el escenario, en vías alternativas para limitar el desarrollo del programa nuclear iraní, que podría estar cerca de finalizar con relativo éxito a pesar de los reiterados desmentidos del Gobierno persa. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, declaró hace unos meses que la República Islámica cuenta con material nuclear suficiente para una bomba, pero el diplomático argentino apuntaba que un arma atómica “requiere más que eso”.

Las partes no han renunciado por completo al acuerdo. En marzo, el reinicio del JCPOA parecía inminente cuando el equipo negociador europeo invitó a los máximos representantes diplomáticos de los países involucrados a la capital austríaca, sede de las negociaciones, para estampar sus rúbricas en el documento final. Pero la guerra en Ucrania provocó un solapamiento de las prioridades en materia de política exterior de los participantes, que aplazaron la reunión.

El secretario general adjunto del Servicio Europeo de Acción Exterior, Enrique Mora, trasladó hace unos días a sus homólogos iraníes su disposición de desplazarse hasta Teherán para mantener con vida el acuerdo nuclear, tal y como adelantó ‘The Wall Street Journal’. Sin embargo, la delegación persa aún no ha remitido una respuesta al diplomático español, persona de máxima confianza del Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell.

Las exigencias expresadas a última hora por Kremlin, que quiso evitar sin éxito que las sanciones afectaran a su comercio bilateral con Teherán, desestabilizaron entonces el pacto, que se vio tocado en su línea de flotación por las reclamaciones de Irán en relación con el estatus de la Guardia Revolucionaria, no tanto una cuestión simbólica como un lastre para la golpeada economía persa. El exministro de Exteriores iraní durante la presidencia del reformista Mohammad Jatamí, Kamal Kharazi, declaró airado que “un Ejército nacional no puede ser catalogado como grupo terrorista”.

La sanción, impuesta tras la retirada del acuerdo emprendida en 2018 por el expresidente Donald Trump, constituye el único punto que imposibilita una reedición del JCPOA. Para la Administración Biden supone una decisión política complicada, pues podría debilitar su posición ante la opinión pública estadounidense, ya de por sí perjudicada por la galopante inflación, y también a ojos de sus socios regionales, como los países del Golfo o Israel, que presionan para poner fin a las negociaciones.

Para el régimen de los ayatolás, la designación como grupo terrorista del Pasdarán (apelativo informal que recibe la Guardia Revolucionaria Islámica) representa un agravio. Pero Estados Unidos señala al cuerpo, en especial a la Fuerza Quds, su división de élite, como el principal responsable de una dilatada campaña de hostigamiento dirigida a través de sus milicias afines contra sus rivales regionales, Israel y Arabia Saudí, estrechos aliados de Washington.

El Ejecutivo persa que preside desde agosto Ebrahim Raisí, procedente del ala dura del régimen, dijo estar dispuesto la semana pasada a celebrar una nueva ronda de negociaciones en Viena, aunque no concretó fechas. “Las partes han acordado que prolongar este parón no va en favor de los intereses de las conversaciones y que es apropiado mantener una reunión lo antes posible”, aseguró al respecto el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Saeed Khatibzadeh, quien declaró además que Irán “es miembro del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNPN) y ha aceptado el régimen de no proliferación”.

Los asesores del presidente Biden rechazan de plano retirar a la Guardia Revolucionaria de la lista de organizaciones terroristas, según recoge la prensa estadounidense, y exigen al Gobierno iraní aceptar las condiciones puestas encima de la mesa por los negociadores occidentales. Para Washington se trata de una “línea roja” y, aunque Teherán pueda profundizar en este contexto en su hoja de ruta nuclear, sostiene que es una postura inamovible y que solo cederá si la delegación iraní se abre a abordar las preocupaciones de Estados Unidos ajenas al JCPOA.

El acuerdo nuclear firmado en 2015 con Irán supuso, probablemente, el mayor logro diplomático de Estados Unidos durante el mandato de Barack Obama al conseguir establecer una suspensión del programa nuclear persa para los próximos 10 años. Sin embargo, la sorpresiva llegada de Donald Trump a La Casa Blanca alteró los planes y este decidió abandonar de forma abrupta el pacto en 2018, imponiendo en su lugar un contundente régimen de sanciones.

Un año después, tras sufrir las primeras consecuencias económicas agravadas después por la pandemia, Teherán incurrió en el incumplimiento de su parte del acuerdo y avanzó en su proyecto atómico con el enriquecimiento de uranio a niveles muy superiores a los fijados en el JCPOA. Por eso la nueva Administración demócrata impulsó hace un año una renegociación de urgencia para reactivar los términos del pacto con Irán, y aplacar así la proliferación nuclear en una región minada, que se ha dilatado hasta la fecha.