Emiratos integrará el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU por tercera vez en su historia

Emiratos ha sido elegido miembro de pleno derecho del Consejo General de Derechos Humanos de la ONU por tercera vez en su historia tras haber integrado la comisión entre los años 2013 y 2018. En esta ocasión, su ingreso se ha producido gracias a un total de 180 votos pertenecientes a los países que conforman la región de Asia-Pacífico.

La consulta, celebrada el jueves en de la Asamblea General de las Naciones Unidas bajo sufragio secreto, premió los denodados esfuerzos diplomáticos de Emiratos por ser reconocido como garante de los Derechos Humanos y puso de relieve el peso estratégico que representa el país en el seno de las Naciones Unidas, así como sus fértiles vínculos dentro de la organización.

Aunque los estatutos impiden que los Estados sean reelegidos inmediatamente después de cumplir dos mandatos consecutivos, la nueva autoridad emiratí comenzará a ser visible a partir del próximo curso y se extenderá hasta 2024, alcanzando así el plazo máximo de tres años estipulado. Un tiempo en que Emiratos compartirá espacio con otros 47 países que integran la comisión.

El principal asesor diplomático del presidente Jalifa bin Zayed y director del Comité Nacional de Derechos Humanos, Anwar Gargash, declaró que el historial de Emiratos “no se limita a la protección y promoción de los derechos políticos, económicos y sociales, sino que también abarca el exitoso modelo del Estado en áreas como el empoderamiento de la mujer, la tolerancia religiosa y étnica, el sistema judicial, los derechos laborales, la lucha contra la trata de personas y otras cuestiones clave relacionadas”.

Según Gargash, la sociedad emiratí se basa “en valores fundamentales como el equilibrio y el apoyo a la Justicia, donde más de 200 nacionalidades coexisten y disfrutan de la libertad de practicar sus derechos civiles bajo un sistema judicial eficiente que ocupa el primer lugar regional según los índices internacionales pertinentes”.

En este sentido, el jeque y jefe de Estado Jalifa bin Zayed promulgó en agosto una legislación federal para la creación de un organismo independiente que fomente la defensa de los Derechos Humanos y forme a la población en la materia a través de seminarios, conferencias y mesas redondas. De esta forma, el jeque daba comienzo a los preparativos para fundar una Institución Nacional de Derechos Humanos en el país del Golfo, que tendría su sede en Abu Dhabi.

Entre sus funciones se contarán la de proporcionar información a las autoridades sobre si las leyes nacionales se ajustan a los tratados y convenciones internacionales sobre DD. HH. de los que Emiratos es signatario. Asimismo, este organismo se presupone vigilará el cumplimiento de las libertades inherentes al ser humano en suelo emiratí.

Antes de ponerse en marcha, el organismo cuenta con trabajo acumulado. Las denuncias por violaciones a los Derechos Humanos en la monarquía del Golfo han sido una constante desde su fundación. La última polémica estalló hace escasas semanas, cuando varios miembros del Parlamento europeo llamaron a boicotear la Expo Dubái 2020 y condenaron la presunta persecución a los disidentes encarcelados en el país, como Ahmed Mansoor, Mohammed al-Roken o Nasser bin Ghaith.

Emiratos impide la oposición política y silencia toda disidencia, asegura Amnistía Internacional. El último embate en contra del régimen provocó la celebración de un juicio masivo contra un centenar de acusados de los que finalmente 69 fueron condenados a penas de entre cinco y siete años, en el conocido EAU 94. El Departamento de Estado de Estados Unidos recoge casos de torturas, detenciones arbitrarias y restricciones a la libertad de expresión, y subraya la inexistencia de elecciones libres.

Por si esto fuera poco, el Tribunal Superior de Justicia del Reino Unido falló en marzo contra el jefe de Gobierno emiratí, líder ejecutivo ‘de facto’, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, por organizar la expulsión de su hija Shamsa de las islas británicas en el año 2000 y la posterior detención de su otra hija, Latifa, durante un asalto marítimo cuando ésta trataba de escapar de la familia real en 2018.

Además, entre 20.000 y 100.00 personas nacidas en Emiratos carecen de permiso de ciudadanía, por lo que no pueden acceder en igualdad de condiciones a los derechos reconocidos por el Estado. Esto desemboca en una desatención sistémica que se traduce en falta de asistencia sanitaria, acceso a la vivienda y a la educación superior subvencionada por el Estado, e incluso alcanzar los puestos de trabajo en el sector público, advierte Amnistía Internacional.

Human Rights Watch sentencia que, durante el ultimo año, Emiratos ha invertido miles de millones de euros “en su estrategia de poder blando, destinada a pintar al país como una nación progresista, tolerante y respetuosa de los derechos”. Una campaña de la que ha salido airoso y reforzado, en última instancia, por Naciones Unidas.