España y la descolonización I

En todo proceso colonial se produce de una u otra manera el mismo fenómeno: el país colonizador ha extraído riquezas, ha cometido atropellos cuyas víctimas exigen compensación, ha coartado el desarrollo de las culturas y bienes autóctonos; pero, al mismo, tiempo ha invertido en infraestructuras, ha construido viviendas, escuelas, dispensarios; en una palabra, ha inducido el progreso económico y social de la población colonizada.  

En consecuencia, cuando se produce la descolonización, cuando el colonizador se va y la población autóctona asume su propio destino, es imprescindible que éste sea compensado, indemnizado. Lo mismo ocurre con la población colonizada. La justa indemnización es la mejor base razonable para una descolonización inteligente y próspera. Colonizador y colonizado han vivido decenios o siglos juntos; pueden seguir viviendo juntos, con otros esquemas. Así ocurrió con España en sus colonias del siglo XIX y comienzos del XX; así tuvo lugar con las metrópolis europeas y americanas con sus colonias en África, Asia, América y Oceanía. 

La descolonización completa del Sáhara se realizará cuando los países involucrados en la misma, junto con los representantes de la población autóctona, se sientan a discutir las indemnizaciones correspondientes aplicables a una y otra parte: a colonizadores y a colonizados. España y Francia, por la parte colonial; y Marruecos, Argelia y la población sahariana, por la parte colonizada (el Sáhara Occidental español y el Sáhara Oriental francés).  

Es previsible que el principal problema de la política exterior española en los próximos años, se encuentre en la geopolítica regional, en la zona del Mediterráneo occidental y del norte de África. Las relaciones entre España, Portugal, Marruecos, Argelia, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, van a dominar la política exterior.  

El epicentro que puede dar estabilidad y proyección a esta política, se encuentra en el Sáhara Occidental. Mientras la cuestión del Sáhara siga pendiente de solución, España no podrá desprenderse del pesado legado del contencioso colonial, y los factores de inestabilidad pesarán sobre la política exterior, sea cual sea el gobierno que presida España. 

Ni en el actual gobierno de coalición, ni en la alternativa gubernamental que supone un acuerdo entre el Partido Popular y la formación VOX cara a las próximas Elecciones generales, existe una visión homogénea acerca de la política exterior, de la geopolítica regional y del problema del Sáhara Occidental. 

El PSOE no tiene la misma visión sobre Marruecos-Argelia-Sáhara, que sostienen su aliado en el gobierno, Podemos, y sus apoyos parlamentarios de Esquerra republicana y el independentismo vasco y catalán. Y en el bloque de la oposición, ni el Partido Popular mantiene la misma posición que VOX sobre esta cuestión, ni dentro mismo del PP hay unanimidad en cuanto al tratamiento con Marruecos y con el tema del Sáhara.  

El constante y repetido incumplimiento por parte del Ejecutivo español de las promesas hechas a socios, aliados y vecinos, se debe no solo al diletantismo del actual Presidente del gobierno, sino a la incoherencia institucional de la visión política y estratégica.  

Es pues urgente adoptar una visión homogénea de la estrategia española. Y eso no se puede hacer ni con Referéndums, ni en sede parlamentaria, ni dejando a los llamados grupos de expertos contratados ad hoc, profesores universitarios o funcionarios de turno, que lo hagan. Las cuestiones de Estado deben ser tratadas como tales, y es necesario que los protagonistas del poder real, institucionales, políticos, financieros, industriales, científicos, trabajen para elaborarla y adoptarla. 

La cuestión del Sáhara occidental ha dejado unos lastres en las instituciones españolas, que es preciso superar. El primero de ellos está relacionado con el proceso de separación del territorio de España; con dos capítulos,  el estatuto que tenía el territorio hasta la separación, y la forma en que España dejó de estar presente. Ambos relacionados con la firma de los Acuerdos tripartitos de Madrid, entre España, Mauritania y Marruecos.  

El segundo tiene que ver con la responsabilidad, si existe, de España ante la comunidad internacional sobre este proceso de descolonización.  

El tercero es el protagonismo, si lo tiene, de España en la solución del problema pendiente. 

Una de las trabas actuales para encontrar solución al problema reside en el papel de las Naciones Unidas. El hecho de que la cuestión del Sáhara siga estando inscrita en “la lista de territorios no autónomos” del Comité de descolonización, es un freno en lugar de ser un acelerador de la solución. En los más de treinta años que la ONU y el Consejo de Seguridad han monopolizado el foro de solución del problema, desde los Acuerdos de 1991, no se ha avanzado ni un ápice.  

Quizás sería llegado el momento de emular a Margaret Thatcher y solicitar a las Naciones Unidas que excluya al Sáhara Occidental de la lista de territorios no autónomos inscritos en su Comité de Descolonización. La “Dama de hierro” así lo hizo en los años 90 del siglo pasado, lo que le permitió negociar directamente con el líder chino Deng Xiaoping, la devolución de Hong Kong a China, que se formalizó en 1997. España podría hacer otro tanto y renegociar con los actores interesados en el conflicto, Marruecos, Argelia, Mauritania y el Frente Polisario, el Estatuto final de su ex colonia.  

Sin embargo, si continuamos con la emulación de Gran Bretaña en lo que se refiere a la devolución de Hong Kong, o con Portugal con la de Macao, se plantea inevitablemente la cuestión de las indemnizaciones. Cuantificarlas no es una tarea fácil, porque entran en juego una serie de hechos que es necesario abordar. Habría que señalar, entre otras, las siguientes direcciones: 

• Por las acciones militares franco-españolas emprendidas contra la población del Sáhara en 1958 y el Ejército de Liberación del Sur activo en la región después de la proclamación de la Independencia de Marruecos. 
• Por las víctimas y los daños causados por la guerra española en el Sáhara entre 1957 y 1958, incluida la Guerra de Ifni. 
• Por las expropiaciones e incautaciones de bienes de los españoles en el Sáhara que tuvieron que abandonarlo en 1975. 
• Por las infraestructuras creadas por el Gobierno español en el Sáhara español, incluidas las investigaciones científicas y las prospecciones minerales. 
• Por las incautaciones realizadas contra los ciudadanos saharauis que abandonaron el territorio obligados por la guerra.  

Existen reclamaciones por diversas partes. Se trata de hacer un elenco de las demandas y de peticiones pendientes, afín de renegociar el Estatuto final de la ex colonia española, de modo que se satisfagan las reivindicaciones de las partes; sin olvidar las reclamaciones que pide el Polisario por las consecuencias de los Acuerdos de pesca firmados entre Marruecos y la Unión Europea.  

La cuestión final no reside en la cuantificación monetaria de las correspondientes indemnizaciones en todos los órdenes, sino en sentar las bases de un Programa General y Global de Inversiones en el que deben participar todos los actores del proceso descolonizador, para permitir el desarrollo total de la región del Sáhara, coordinado, identificado e integrado en un Territorio Autónomo adscrito al Reino de Marruecos, y coordinado territorialmente con las repúblicas de Mauritania y de Argelia.