Europa y la difícil decisión de confiscar los activos rusos
Si se confirmase la idea de recurrir a los activos congelados rusos para financiar a Ucrania, tras la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirar los apoyos económicos y militares al Gobierno de Zelensky, los planes de Europa podrían violar el principio de inmunidad jurídica internacional de activos.
El debate surge tras el creciente aumento de la burocracia europea y las declaraciones de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, quien insistió en que la decisión de utilizar los fondos congelados no corresponde al BCE, sino a los líderes de los países que conforman la Unión Europea.
Actualmente los activos congelados por la Unión Europea superan los 300.000 millones de dólares, lo que supondría 50.000 millones más de los 250.000 millones que ha solicitado el presidente ucraniano al bloque europeo para poder seguir financiando la guerra con Rusia.
Lagarde perseveró en que una decisión tan arriesgada podría debilitar el sistema financiero europeo y afectar al euro como moneda de reserva, ya que, según los datos del propio banco, las reservas mundiales en euros han disminuido, desde 2010, un 5,8 %, como consecuencia del ascenso de otras divisas y del dólar que se sitúa en el 58,4 %.
Sin embargo, esta decisión, que ya se ha utilizado más de una vez a lo largo de la historia, y con principal énfasis en el siglo pasado, está plagada de riesgos legales y diplomáticos.
Casos históricos: Irak, Cuba y la Unión Soviética
La confiscación de bienes y activos es una práctica repetida a lo largo de los años como medida represiva en diversos conflictos, desde que en 1918 la Unión Soviética confiscase el oro del Banco Central de Rumanía.
Uno de los ejemplos más conocidos fue la confiscación de los activos iraquíes tras la invasión norteamericana en 2003, cuando George W. Bush, el presidente norteamericano por aquel entonces, confiscó más de 1.700 millones de dólares, bajo el paraguas de que el régimen de Saddam Hussein no representaba legalmente al pueblo iraquí, a pesar de que generara controversia con respecto a la violación del derecho internacional y la soberanía financiera de Irak.
Por otro lado, en el supuesto soviético, los activos se pudieron recuperar tras negociaciones. Sin embargo, este acto sentó el precedente de que la confiscación de activos puede derivar en el empeoramiento de las relaciones entre los diferentes países, generando inestabilidad y confrontaciones que se pueden extender durante periodos prolongados de tiempo.
En el contexto actual, la posible confiscación de activos rusos por parte de Europa enfrenta desafíos similares, puesto que Moscú podría recurrir en controversias prolongadas que podrían estancarse y generar problemas en el sistema financiero global.
Por último, el otro caso significativo sucedió en 1996 con la confiscación norteamericana de los fondos cubanos, los cuales fueron usados para compensar a los familiares de tres ciudadanos que fueron asesinados por el Ejército cubano tras derribar los aviones en los que se encontraban.
Esta medida se tomó en base a la Ley Helms-Burton por la cual se endurecieron las sanciones económicas contra el régimen cubano. Esta ley fue la que permitió a Washington congelar los activos cubanos. Una decisión que fue altamente polémica estableciendo dudas e incertidumbres en los bancos norteamericanos, y reforzó la idea de que las confiscaciones podrían ser utilizadas como una medida de represión.
Principio de inmunidad jurídica de activos
El uso de activos confiscados a otros países a lo largo de la historia y principalmente en el siglo pasado ha supuesto siempre un difícil desafío. Según indica el principio de inmunidad jurisdiccional de los Estados y sus bienes, la violación de este supone la vulneración de uno de los principios más importantes de la Carta de las Naciones Unidas de 2004, considerado uno de los principios básicos del orden jurídico internacional.
Un estudio publicado por Roscongress en 2023 establece que, al no haber una jurisdicción clara en cuanto al uso de los activos congelados a otros países, podría fijarse que las consecuencias legales recayeran en la jurisdicción nacional de cada país que haya impuesto dichas sanciones. Como consecuencia, Rusia podría apelar las decisiones relativas a sus reservas congeladas con resultados potencialmente poco claros, según Roscongress.
No solo Rusia podría reclamar, sino que Europa tendría serios problemas, ya que instituciones financieras e inversores privados, los cuales gestionan parte de estos fondos, podrían presentar demandas para evitar la confiscación, argumentando que su cometido es el de proteger los intereses de sus clientes respetando en todo momento el Estado de derecho internacional.
E incluso si los países de la Unión Europea lograsen aprobar una ley conjunta que sirviera para justificar la medida de confiscación de los activos rusos, estas podrían ser impugnadas y retrasadas si se realizara cualquier tipo de movimiento bancario con destino a Ucrania.
Todos estos inconvenientes están generando dudas sobre la viabilidad de la legalidad del proceso y la incertidumbre sobre tomar una decisión firme que pueda terminar con un estancamiento del conflicto.