Mientras persiste el enfrentamiento entre el presidente de Túnez, Kaïs Saied, el primer ministro Hichem Mechichi y el líder del partido islamista Ennahda, Rached Ghannouchi, el Middle East Eye, publicó un documento de cinco páginas, fechado el 13 de mayo y marcado como “top secret”, en el que se insta al presidente de Túnez a que promulgue el artículo 80 de la Constitución que le permite establecer el estado de emergencia concediéndole amplios poderes.
Este documento, filtrado por una fuente de la Presidencia, salió de la oficina de la jefa de gabinete del presidente, Nadia Akacha, para promulgar el artículo 80 en la Constitución que – en caso de emergencia nacional- bajo el amparo de la situación sanitaria y la acumulación de deuda Pública, le daría el control total de Estado al actual presidente, Kais Saied. Asimismo, el documento contiene un “plan” que afirma que "en tal situación, es función del presidente de la República reunir todos los poderes en sus manos para que se convierta en el centro de la autoridad que le permita controlar en exclusiva... todas las autoridades que le otorguen este poder.
Kais Saied, declararía entonces una “dictadura constitucional” que, según los autores del documento, es una herramienta para concentrar todos los poderes en manos del presidente de la República para tender una emboscada a Hichem Mechichi, primer ministro, y Rached Ghannouchi, presidente del Parlamento y líder del partido Ennahda, anunciando en su presencia la promulgación del artículo 80 de la Constitución. En ese momento, el presidente se dirigiría a la nación en un discurso televisado en presencia del primer ministro y del presidente del parlamento para anunciar su golpe de Estado.
Para popularizar el golpe, el documento establece que se suspenderá durante 30 días el pago de las facturas de electricidad, agua, teléfono e internet, así como la devolución de los préstamos bancarios y el pago de impuestos, y que se reducirá el precio de los productos básicos y del combustible en un 20%.
El plan también incluye propuestas para prohibir la salida del país de cualquier parlamentario reclamado por la justicia tunecina, y para relevar de sus cargos a todos los gobernantes afiliados a un partido político. El problema es que este artículo no puede ponerse en marcha sin un Tribunal Constitucional, que aún no existe, bloqueado por Kais Saied entre otros.
El documento no ha podido ser autentificado, pero los partidarios de Kais Saied han acusado directamente a Ennahda de haber creado este documento desde cero para empañar la imagen de la presidencia y dar crédito a la idea de una tentación autoritaria. Asimismo, las "peligrosas propuestas" contenidas en el plan exigen una "investigación seria y rápida para revelar todas las circunstancias y tranquilizar a la opinión pública", dijo Ennahda en un comunicado.
Ennahda ha formado una coalición de gobierno aliándose con el movimiento islamo-nacionalista Al-Karama, y el partido Qalb Tounes del magnate de los medios de comunicación Nabil Karoui. Esa coalición ha estado en desacuerdo durante meses con Saied, elegido tras los comicios legislativos de octubre del 2019 que dieron como resultado un parlamento fragmentado en una decena de partidos y una veintena de independientes. El partido islamista Ennahda, que cuenta con 52 de los 217 escaños del Parlamento, ha sido pieza clave en las negociaciones para formar gobierno- el tercero en poco más de un año-y se ha convertido en el principal apoyo del Ejecutivo del Hichem Mechichi.
El pasado 26 de enero, el jefe de Gobierno, Hichem Mechichi, obtuvo una amplia mayoría parlamentaria para proceder al cambio de once de las 25 carteras- entre ellas la de Interior, Justicia y Sanidad- pero que el presidente de la República, Kais Saied, lo rechaza al considerar que no fue consultado previamente y que cinco de los nuevos ministros estarían implicados en casos de corrupción y conflicto de intereses.
Ya han surgido alternativas en el seno del Parlamento en caso de que de Saied mantenga su postura. Algunos diputados han lanzado la fórmula de la moción de censura contra el presidente, recogida en el artículo 88 de la Constitución. En este punto indica que “los miembros de la Asamblea de Representantes del Pueblo podrán, por mayoría, presentar una moción motivada para dar por terminado el mandato del presidente de la República por una grave violación de la Constitución”. La moción de censura debe ser aprobada pro dos tercios de la Asamblea. En caso de recibir la rúbrica parlamentaria, el proceso pasaría a manos del Tribunal Constitucional, órgano que también decide por mayoría de dos tercios. Aunque en caso de aprobación, el propio Tribunal Constitucional tan solo puede pronunciar el sobreseimiento del proceso penal sin prejuicios para Saied.
La parálisis política se produce en un momento en el que la crisis de la COVID-19 está debilitando una economía ya maltrecha que se contrajo más de un 8% el año pasado, y en el que los prestamistas extranjeros y los poderosos sindicatos tunecinos exigen que se aceleren las reformas, mientras muchos tunecinos están cada vez más hastiados por la gestión del Gobierno en cuanto a unos servicios públicos deficientes y una clase política que ha demostrado repetidamente su incapacidad para gobernar de manera coherente. Esta decisión privaría al presidente de la República del derecho a presentarse como candidato en cualquier otra elección.
