El juez Lasala, instructor del ‘caso Ghali’, cita al número dos de la Policía para comprobar si Interior ocultó la entrada del líder polisario
El magistrado Rafael Lasala, titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, ha citado a José Ángel González, Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, y a un inspector jefe del Grupo de la Comisaría General de Información en el marco de la investigación sobre la entrada en España de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario. El juez ha indicado que los testigos pueden optar por la declaración presencial ante el juzgado de Zaragoza o, por el contrario, declarar por videoconferencia.
El objetivo del juez es determinar si el Ministerio de Interior tenía conocimiento del ingreso del líder Polisario, que aterrizó en la Base Aérea de Zaragoza el 18 de abril. Tal y como informa la agencia de noticias Europa Press, que ha tenido acceso al auto del magistrado, Lasala ha aceptado la petición de la Acusación Popular que pedía aclarar si la Comisaría General de Información informó al DAO de la entrada de Ghali en el país.
El auto del juez destaca que estos hechos deben comprobarse, además de descubrir las decisiones que “se adoptaron a raíz de tal información y de los hechos que posteriormente supieron mientras convalecía Brahim Ghali en el Hospital San Pedro de Logroño”, donde ingresó bajo el nombre falso de ‘Mohammed Benbatouche’ y enfermo de coronavirus.
En este sentido, Lasala señala que es “procedente” aclarar las circunstancias “por las que no se procedió de oficio a indagar sobre la denunciada falsedad documental una vez se supo que quien había ingresado en el Hospital de Logroño”. Sin embargo, no era la primera vez que Ghali accedía al territorio nacional con una identidad falsa. En 1999 entró a España “con pasaporte falso” y posteriormente en 2003 “se le prolonga la residencia con otro pasaporte falso”.
Por otra parte, el instructor del caso considera “adecuado” el testimonio del DAO y del inspector jefe “para detallar el grado de conocimiento anterior y/o posterior que sobre las peculiares circunstancias subjetivas procesales tenían las autoridades intervinientes en la llegada y estancia en España de Ghali”.
Cuando Ghali llegó al aeropuerto de Zaragoza, presuntamente sin pasar ningún control de pasaportes, el líder saharaui estaba siendo investigado en la Audiencia Nacional por dos causas diferentes relacionadas con delitos de detención ilegal, torturas y crímenes contra la humanidad. Dos víctimas han señalado directamente a Ghali como uno de los torturadores en los campamentos argelinos de Tinduf. Entre las prácticas usadas por Ghali, destacan “todo tipo de torturas físicas y psicológicas”, además de “palizas y descargas eléctricas”
Poco después de que se filtrase la entrada de Ghali en España, la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH) solicitó la inmediata detención del líder polisario. ASADEDEH se querelló contra más de 20 miembros del Frente Polisario por vulnerar los derechos humanos de los refugiados saharauis en los campamentos de Tinduf entre 1975 y 1990. En esta línea, la organización denunció una limpieza étnica contra las minorías tekna, aitusa, yegutt.
A pesar de las serias denuncias, el Gobierno de España decidió acoger al presunto torturador por “motivos humanitarios”. Además de las críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, la entrada de Ghali provocó una grave crisis diplomática y migratoria con Marruecos. Debido a la gravedad de los hechos, varias autoridades políticas como Camilo Villarino, exjefe del gabinete de Arancha González Laya, o la propia exministra de Asuntos Exteriores, ya han declarado como imputados del ‘caso Ghali’ ante el juez Lasala.
Villarino aseguró al magistrado haber actuado bajo las órdenes de Laya. No obstante, el segundo de la exministra afirmó que “la decisión fue tomada desde más arriba” y que la operación se desarrolló bajo un “alto nivel de discreción”, ya que había terceros países que podrían considerar la entrada de Ghali como un ataque a sus intereses nacionales, aludiendo a Marruecos. Por este motivo, el abogado Antonio Urdiales, quien ejerce la acusación popular del caso, solicitó al juez que la exministra declarase como investigada. Laya, tras presentarse ante Lasala, insistió a los medios de comunicación que la entrada de Ghali se produjo “de acuerdo con la ley”.
El ‘caso Ghali’ ha salpicado también al Ministerio de Defensa, involucrado en la operación. El general de Estado Mayor del Ejército del Aire, Javier Fernández Sánchez, declaró en calidad de testigo que Villarino “no le dijo exactamente quién era el pasajero” del vuelo internacional que el 18 de abril aterrizó en la Base Aérea de Zaragoza.