La Justicia tunecina señala al islamismo y abre una investigación contra Ennahda por financiación extranjera
Una década después del estallido de la Revolución de los Jazmines, cerilla que prendió la mecha de la Primavera Árabe, el primer y único país islámico en atestiguar un aperturismo democrático vive jornadas determinantes para su futuro. El golpe de efecto al escenario político tunecino ejecutado por el presidente Kaïs Saied puso en jaque a la comunidad internacional y abrió un período de crisis constitucional que debe ser resuelto en los próximos 30 días.
Saied asumió el domingo plenos poderes después de destituir al primer ministro, Hichem Mechichi, y suspender el Parlamento por un mes. El presidente cesó también a los titulares de Defensa, Interior y Justicia y decretó un toque de queda vigente hasta el próximo 27 de agosto junto a la prohibición de mantener reuniones de más de tres personas en espacios públicos. Este martes, además, Saied ha cesado a más de una veintena de altos cargos vinculados al Gobierno, entre los que se encuentra el fiscal general.
En este contexto, el fiscal adjunto del Tribunal de Primera Instancia de Túnez, Mohsen Dali, ha anunciado este martes la apertura de una investigación contra Ennahda y otras dos formaciones políticas por “financiación desde el extranjero y aceptación de donaciones para las campañas electorales”.
El presidente tunecino, una figura alejada del establishment y sin plataforma política a sus espaldas, tomó la polémica decisión ante la oleada de manifestaciones contra la gestión sanitaria y económica del Gobierno islamista de Ennahda, registradas el pasado domingo en las principales ciudades de Túnez. Así lo anunció esa misma noche a través de un discurso televisado después de mantener una reunión con su núcleo duro en el Palacio de Cartago.
Tras conocer la noticia, miles de tunecinos tomaron de nuevo las calles. Unos para celebrar; otros para protestar contra la medida de gracia de Saied. El desencuentro evidenció la profunda fractura social que experimenta el país tras más de una década plagada de crisis e inestabilidad política. Los enfrentamientos no tardaron en producirse entre los seguidores de Saied y los de Ennahda, hasta el momento sin incidentes de gravedad.
La causa que explica esta erupción social apunta hacia la devastadora crisis de la COVID-19. En los últimos siete días, el país norteafricano contabiliza más de 64.000 nuevos contagios y 2.317 fallecidos, 164 registrados este martes, una de las tasas de mortalidad más elevadas del continente. Otros, sin embargo, ponen el foco en la precaria situación económica y en la escasez de salidas laborales. Hace 10 años, la figura de Mohamed Bouazizi simbolizó el sentir de una generación ante la falta de oportunidades. Hoy, tumbado el régimen que las raptaba, la situación parece no haber cambiado: el paro juvenil es del 40,8% y el PIB se contrajo un 8,8% en 2020.
Los problemas que azotan a Túnez son estructurales y de hondo calado, al menos ese es el diagnóstico del presidente Saied. El austero profesor de Derecho Constitucional, sin experiencia política previa, hizo campaña en las elecciones de 2019 para modificar la Constitución de 2014 –de la que fue uno de sus redactores–. Saied, 63, arrasó en los comicios con más del 72% de los votos aunando a los electores desencantados con el sistema.
En este sentido, la justificación de Saied para arrogarse plenos poderes radica en el artículo 80 de la Carta Magna. Este título enuncia que el presidente de la República podrá adoptar medidas excepcionales “en caso de peligro inminente que amenace las instituciones de la nación o la seguridad o la independencia del país, y que obstaculice el normal funcionamiento del Estado”, un campo abierto a interpretaciones.
No obstante, el contenido matiza que la decisión deberá emitirse “previa consulta con el jefe de Gobierno y el presidente de la Asamblea de Representantes del Pueblo e informar al Presidente del Presidente del Tribunal Constitucional”, unos criterios que no se han llevado a cabo. En primer lugar, por la creciente desconfianza entre Saied y el Ejecutivo islamista, así como su desconexión total con el presidente del Parlamento, Rached Ghannouchi, a su vez miembro fundador y líder de Ennahda. Además, el Tribunal Constitucional ni siquiera existe.
Saied trasladó a la sociedad civil que la situación de emergencia era temporal y aseguró que protegería “el camino democrático”. Ghannouchi, por su parte, cargó contra el presidente acusándole de acometer “un golpe de Estado” y exhortó a sus militantes a manifestarse para “recuperar la democracia y la revolución”. La intensidad de las calificaciones contra el presidente Saied se han apaciguado en las últimas horas. Parte de la oposición le ha brindado su apoyo, y la otra mitad aboga por un “encuentro constitucional”.
Una parte de la opinión pública dirige sus críticas hacia el partido en el poder. Conocido como el Partido del Renacimiento e inspirado en los Hermanos Musulmanes, Ennahda representa la principal fuerza política de Túnez y ha estado presente en todos los Gobiernos desde 2011 hasta llegar al poder en solitario en 2019. En un país tradicionalmente secular, Ennahda profesa un marcado islamismo político que le obligó a retirarse de la Troika en 2013 tras ser acusado por instigar el asesinato de Chokri Belaid y Mohamed Brahmi, dos líderes izquierdistas. Sin embargo, el partido acabaría formando un Gobierno de coalición un año después con el principal partido laico.
Las graves acusaciones de infiltración en las Fuerzas de Seguridad y el Poder Judicial no impidieron a Ennahda salir vencedor de los comicios de 2019. Tras las elecciones, el partido asumió la tarea de gobernar en un Parlamento con más de 30 fuerzas políticas, el más fragmentado de su historia. En este escenario, la incapacidad para alcanzar acuerdos y las denuncias por corrupción provocaron la dimisión en 2020 del primer ministro Elyès Fakhfakh.
Fue el propio Saied quien propuso al tecnócrata Mechichi, entonces ministro del Interior, para el puesto de primer ministro. Una vez en el cargo, este tejió alianzas con varios partidos contraviniendo la línea marcada por el presidente. Mechichi aceptó la decisión de Saied y anunció que facilitaría el traspaso de poder. “He tomado decisiones impopulares a los ojos de algunos”, reconoció, aunque matizó que estas eran necesarias atendiendo a las limitadas capacidades del Estado y su deteriorada situación económica.
Las reacciones de la comunidad internacional no se hicieron esperar. Los primeros en pronunciarse fueron los estamentos mediáticos de Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Egipto, que celebraron la decisión del presidente Saied. Desde Riad, Abu Dabi y El Cairo se vincula a Ennahda con los Hermanos Musulmanes y se le acusa de fomentar el terrorismo. Los tres rechazan de plano el islam político.
En esta línea se ha manifestado el ministro de Relaciones Exteriores tunecino, Othman al-Jarandi, que ha tratado de tranquilizar a sus interlocutores regionales. Al-Jarandi ha mantenido una serie de conversaciones telefónicas con las autoridades saudíes, emiratíes y kuwaitíes, entre otros. El objetivo del diplomático era transmitir un mensaje de calma y ganarse el respaldo de sus socios.
Por su parte, el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha recalcado en una declaración en nombre de los Veintisiete que las raíces democráticas, como el respeto al Estado de derecho y la Constitución, deben preservarse a toda costa sin dejar de atender a las peticiones de la sociedad tunecina. Una sociedad que parece exigir vientos de cambio.