La democracia tunecina se enfrenta a dos lacras del pasado: el terrorismo y la tortura
Por Mohamed Sahli
Foto: Moncef Marzuki, presidente de Túnez
Túnez derrocó la dictadura de Zine El Abidine Ben Ali, en 2011, e inició una transición democrática difícil y llena de contradicciones que dio el poder a los islamistas de Ennahda, partido liderado por Rachid Ghanuchi. Ahora tiene un gobierno tecnócrata hasta que se celebren las próximas elecciones generales. El presidente sigue siendo el mismo: Moncef Marzuki, un luchador por los derechos humanos que se enfrentó al sátrapa Ben Ali y a su régimen corrupto y represor sostenido por Francia y Occidente. El país aprobó este año una nueva Constitución democrática que tiene el apoyo de Ennahda y del conjunto del arco político laico. El jefe del Estado declaró el domingo pasado en la cadena de televisión privada 'Attounissia' que "Túnez avanza por la buena vía, a pesar de las dificultades y de mucha lentitud". Muchos ciudadanos tunecinos lo creen así, pero el país que hace más de tres años dio el pistoletazo de salida a la Primavera Árabe sigue arrastrando dos graves problemas del pasado: el terrorismo y la tortura. Los grupos yihadistas como Ansar al Sharía, cuyo líder, Abu Iyad, está en busca y captura desde que intentó asaltar la Embajada de Estados Unidos, en septiembre de 2012, son un peligro para la democracia. Estos grupos se nutren de yihadistas de otros países como Argelia y actúan en diversos lugares del territorio tunecino. Según fuentes del Ejército y la Guardia Nacional tunecinos citadas para la agencia de noticias TAP, un nuevo grupo yihadista estaría actuando en la región de Ain Drahem, cerca de la frontera con Argelia. Las unidades de élite antiterroristas descubrieron el pasado 6 de junio cerca del pueblo de Tbeiniya un escondite de este grupo terrorista durante una operación para desmantelar la organización salafista Ansar al Sharía. El Ejército y la Guardia Nacional sospechan de que este grupo quiere controlar las vías que unen la región montañosa de la Krumiria con el monte Chaambi, donde se refugian muchos terroristas. Esta zona ha sido escenario de combates encarnizados entre las fuerzas militares y policiales y los grupos yihadistas. Para hacer frente al nuevo grupo terrorista detectado por los aparatos de seguridad del Estado, el Ejército desplegó "helicópteros y artillería pesada" en la zona, según las autoridades de la Krumiria.
Comisarías y cárceles
Mientras, la tortura es una práctica que no ha desaparecido en comisarías y cárceles del país, según denunció el relator especial de la ONU sobre esta cuestión, Juan Méndez. El alto responsable de la ONU, que viajó al país magrebí, aseguró: "La tortura persiste en Túnez". El diplomático de Naciones Unidas reconoció que Túnez ha dado pasos importantes en materia de derechos humanos, pero puntualizó que "hay resultados muy decepcionantes cuando nos referimos a la tortura". Según Méndez, muchas denuncias por malos tratos y torturas no prosperan debido a la falta de sensibilidad de los jueces, y dio los tristes ejemplos de Walid Denguir, fallecido en noviembre de 2013 tras haber sido torturado, y de Rachid Jaidane y Kusai Jaibi. Méndez consideró que el Gobierno no tiene "voluntad política" para acabar con la lacra de la tortura. Desde la caída de Ben Ali, ONG como Acción de Cristianos por la Abolición de la Tortura (ACAT) y Track Impunity Always (TRIAL) han venido denunciando la persistencia de la tortura en cárceles y comisarías tunecinas. Por otra parte, el ministro de Justicia, Nuredine Bhiri, anunció la puesta en marcha de la instancia Verdad y Dignidad en Túnez, que será presentada en el marco de una conferencia internacional. El objetivo de la instancia será investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas durante los regímenes de Habib Burguiba y Zine El Abidine Ben Ali y dar asistencia a las víctimas. Los poderes públicos piensan que este organismo necesitará de cuatro o cinco años para investigar los crímenes cometidos por el Estado tunecino durante casi seis décadas.
Veredicto contra el primer ministro libio
En Libia, la Corte Suprema consideró que la elección del primer ministro, Ahmed Mittig, por el Parlamento a principios del pasado me de mayo fue inconstitucional. Esta decisión complica aún más la situación política en Libia, un país dividido desde el punto de vista territorial y tribal, con amplios sectores sociales que no reconocen a los gobernantes de Trípoli, milicias armadas y grupos yihadistas que combaten al débil Estado libio y un general retirado, Khalifa Hafter, que se sublevó en Bengasi para acabar con el terrorismo. Mittig aseguró que respeta el veredicto de la Corte Suprema. Desde hace un mes dos Gobiernos se disputan la legitimidad: el conservador de Mittig, que tiene el apoyo de sectores islamistas, y el gabinete saliente de Abdallah al-Theni, más liberal. En la votación caótica que se celebró en el Congreso General de la Nación (CGN, Parlamento), Mittig recibió el apoyo de 113 votos, en lugar de los 121 necesarios.