La valoración de los derechos humanos en Tayikistán cae a mínimos históricos
Recientemente, los funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores de Tayikistán han estado muy ocupados, reuniéndose con representantes de alto nivel de Washington y las Naciones Unidas para hablar del aumento de la inversión extranjera y del interés de las potencias occidentales en mantener una Asia Central políticamente estable en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania. En febrero, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores, Sirojiddin Muhriddin, para hablar de Afganistán, y en marzo la UNCTAD de las Naciones Unidas publicó un nuevo análisis económico que pretende hacer realidad el plan de desarrollo sostenible a largo plazo de Tayikistán. Puede parecer una noticia relativamente buena para el país más pobre de Asia Central, pero se produce mientras la población civil de Tayikistán está siendo asediada por su propio Gobierno.
Puede que Estados Unidos y la ONU se centren principalmente en cuestiones internacionales relacionadas con Tayikistán, pero varios grupos de vigilancia de los derechos humanos (y también la ONU) han dado la voz de alarma: los derechos y libertades básicos en el país han sido objeto de una violenta represión por parte del régimen autocrático del presidente Emomali Rahmon.
CIVICUS Monitor, consorcio mundial de organizaciones de la sociedad civil, ha rebajado la calificación de Tayikistán de "reprimida" a "cerrada", la más baja posible. Desde el comienzo del reinado de más de 30 años del presidente tayiko Rahmon sobre el país, el Gobierno siempre ha reprimido los derechos humanos individuales, como la libertad de expresión o la libertad de prensa, pero 2022 marcó un nuevo mínimo, cuando estallaron protestas generalizadas en la región autónoma de Gorno-Badakhshan (GBAO) tras el asesinato público de un hombre desarmado a manos de la Policía. Por orden del presidente, la Policía y el Ejército respondieron brutalmente, atacando a líderes locales y opositores políticos, y dejando decenas de manifestantes muertos o heridos. Durante la embestida, se cortó el acceso a Internet en la vasta región, en su mayoría rural, y numerosos periodistas, abogados, blogueros y disidentes políticos fueron detenidos y procesados en tribunales a puerta cerrada.
Las ONG asociadas a la sociedad civil, así como los defensores de los derechos humanos, también fueron objeto de ataques y encarcelados con largas condenas. Entre las personas atrapadas por el aparato represivo de Rahmon se encontraban la conocida periodista Ulfatkhonim Mamadshoeva, y Manuchehr Kholiknazarov, director de la Asociación de Abogados Pamiri. Otras ONG, como el Centro Independiente para la Protección de los Derechos Humanos, han sido cerradas a la fuerza por el Gobierno.
Por supuesto, CIVICUS no es la única organización que ha tomado nota de la agitación interna de Tayikistán. La Asociación Internacional para los Derechos Humanos (IPHR), la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y muchos otros grupos siguen esforzándose por llamar la atención internacional sobre la difícil situación del pueblo tayiko. Y, mientras, Tayikistán se enfrenta a nuevos retos que surgen fuera de sus fronteras -desde un Afganistán controlado por los talibanes hasta posibles trastornos económicos derivados de la guerra entre Rusia y Ucrania-, dentro del país la mayor amenaza para la sociedad es su propia élite dirigente.