Marruecos avanza para poner fin al aumento de la violencia contra las mujeres
Continúan los esfuerzos legislativos y de las organizaciones de derechos humanos en Marruecos para impulsar leyes que pongan fin a la violencia contra las mujeres. En una sesión plenaria en la Cámara de Representantes esta semana, la mayoría de partidos políticos pidieron la adopción de penas máximas contra quienes maltratan a las mujeres.
Los grupos políticos destacaron que la ley debe incluir también la violencia online y la violencia verbal, no solo la física. En este sentido, la parlamentaria Fatima Yassin recordó que la violencia verbal ejerce una gran presión psicológica sobre las mujeres maltratadas, por lo que pidió más respaldo psicológico para las víctimas de esta violencia.
El Partido Istiqlal había presentado una propuesta integral para revisar la ley de lucha contra la violencia contra las mujeres en abril de 2023 con el fin de que Marruecos consiga una ley para combatir la violencia contra las mujeres que preserve los logros alcanzados en el texto actual, así como para mejorarlo de una manera que contribuya a reducir la creciente preocupación social por la violencia contra las mujeres.
Los datos de la última encuesta del Afrobarómetro revelan que el 78% de los residentes urbanos en Marruecos se oponen a la violencia contra las mujeres, mientras que, en zonas rurales, este porcentaje baja hasta el 70%.
Por su parte, la parlamentaria Lubna Al-Saghiri señaló durante la sesión plenaria que “la ley no detalla las medidas preventivas que previenen la violencia contra las mujeres y no es capaz de enfrentar el problema de la impunidad, ya que los perpetradores aún escapan a la condena”. Es por ello, que Al-Saghiri condenó “la negligencia de los organismos responsables”. "La ley implementa el proceso de evaluación de los riesgos que pueden amenazar la vida de la víctima, lo que en ocasiones conduce a exponerla a nueva violencia”, añadió.
Respecto a los problemas relacionados con la prueba de los delitos de violencia contra las mujeres, los políticos concluyeron que si bien se han incrementado las penas para ciertos delitos y tipificado nuevos actos que antes no estaban, se ha supeditado la prueba de estos delitos a las reglas generales de prueba estipuladas en el Código de Procedimiento Penal.
La Federación de la Liga por los Derechos de la Mujer considera que “el acoso sexual está estipulado en los requisitos de la ley, pero la prueba recae sobre las mujeres, lo que es una carga muy difícil”. La organización recuerda que la violencia a menudo ocurre en un “espacio privado”, por lo que a menudo no se consiguen pruebas suficientes al respecto. “La violencia en todas sus formas, ya sea electrónica o conyugal, así como el acoso sexual en sus diversas formas, están ampliamente difundidos en Marruecos, y lo comprobamos en el centro de acogida de la red de la Asociación contra Violencia de género”, agrega.
El grupo parlamentario afirmó que los tribunales se basan en el testimonio de la víctima y le imponen la carga de probar a qué ha estado expuesta, especialmente en los delitos de violencia conyugal y doméstica, que muchas veces ocurren dentro de los hogares.