Naciones Unidas propone un proceso de diálogo en Sudán ante la negativa de las plataformas civiles
La situación en Sudán es crítica. El golpe de Estado del pasado 25 de octubre deshizo el proceso de transición y empujó a la sociedad civil a tomar las calles en señal de protesta contra el Ejército, organizador de la asonada. La fractura total entre el ala civil y militar del Gobierno, que compartían el poder desde 2019, ha llevado al país africano de vuelta a la casilla de inicio. Un nuevo comienzo para dejar atrás las más de tres décadas de dominio castrense, aunque el Ejército tiene su propia hoja de ruta.
La dimisión del hasta ahora primer ministro Abdalla Hamdok, máximo representante civil del Ejecutivo y cara visible del aperturismo democrático, dejó a la sociedad sudanesa huérfana de referentes. Su imagen, sin embargo, había perdido todo el crédito cuando aceptó ocupar de nuevo su cargo después de ser puesto bajo arresto domiciliario durante la ejecución del golpe. Las bases sociales han perdido toda confianza en el economista de 66 años.
El país queda sumido en una inestabilidad preocupante para la región. Sudán, otrora promotor del terrorismo bajo el régimen islamista de al-Bashir, ocupa un enclave determinante para la seguridad global y la comunidad internacional es consciente de la necesidad de atajar la crisis. En este sentido, Naciones Unidas se ha ofrecido como organizador para establecer un diálogo de reconciliación nacional “para poner fin a la violencia y emprender un proceso constructivo”.
Así lo anunció el jefe de la misión de la ONU en Sudán, Volker Perthes, cuyo único propósito es resolver la crisis. La Misión Integrada de Asistencia para la Transición en Sudán (UNITAMS, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado en el que se recogía que los términos del proceso pretenden “apoyar a las partes sudanesas para alcanzar un acuerdo sobre una salida de la actual crisis política y sobre una ruta sostenible hacia la democracia y la paz”.
La propuesta del diplomático alemán se produjo después de una conversación telefónica entre el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y el presidente del Consejo Soberano de Transicion, Abdel Fattah al-Burhan. Ambos convinieron en la necesidad de “completar las estructuras e instituciones del período de transición y acelerar la formación de un Gobierno civil”, según una nota emitida por el propio Consejo Soberano.
Naciones Unidas cuenta en este proceso con la participación de “todos los actores clave civiles y militares, incluidos los movimientos armados –firmantes del acuerdo de transición en 2020–, la sociedad civil, los grupos de mujeres y los comités de resistencia”. Plataformas que protagonizaron el diálogo nacional de 2019 iniciador del proceso transicional.
En el acuerdo preliminar de julio de 2019, las Fuerzas de Libertad y Cambio (FFC) cerraron filas con el Consejo Soberano, capitaneado por el general al-Burhan. Una alianza inédita entre civiles y militares con el fin de establecer un nuevo sistema político que deshiciera los cimientos del régimen de al-Bashir. El propio al-Burhan encabezó la presidencia del país, mientras que Hamdok tomó las riendas de un gabinete copado por perfiles tecnócratas. Todo ello con la vista puesta en las elecciones previstas para 2023, donde los sudaneses elegirían a sus representantes.
Todo se truncó de forma irreversible en septiembre y octubre, con dos golpes de Estado sucesivos –el primero fallido y el segundo exitoso– que pretendían revertir el acuerdo. En ese momento apareció la comunidad internacional para frenar la acción del Ejército, al que amenazó con cortar los fondos millonarios y aislar al país. Desde el exterior se consiguió mitigar el golpe, mientras que desde el interior se organizaron una batería de protestas multitudinarias en las que se exige un Gobierno civil.
La dura represión de la Policía y Fuerzas Armadas se ha saldado con más de 60 muertos y centenares de heridos. Las denuncias por agresiones contra periodistas y medios de comunicación y, sobre todo, por las múltiples violaciones “en grupo” contra las mujeres durante el desarrollo de las movilizaciones, registradas por la ONU, han empujado a este organismo a buscar soluciones inmediatas. Y su decisión ha sido la de sentar en la misma mesa a militares y civiles.
Las Fuerzas de Libertad y Cambio, la amplia coalición política que integra el proceso de transición, han respondido favorablemente al anuncio de Naciones Unidas con un agradecimiento por la disposición a contener el golpe del Ejército y organizar un proceso con el horizonte puesto en establecer un Estado democrático. Sin embargo, aún no ha mostrado su postura oficial y se encomiendan a analizar las propuestas una vez tengan acceso a la iniciativa de la UNITAMS.
Más beligerante ha sido la respuesta de la Asociación de Profesionales Sudaneses, una de las organizaciones civiles más importantes del país que formó parte de las protestas de 2019 que desembocaron en el derrocamiento de al-Bashir. La plataforma ha rechazado de plano la agenda de reencuentro entre militares y civiles trazada por la ONU: “Afirmamos nuestro total rechazo a esta iniciativa, que busca impulsar la normalización con los criminales del Consejo Militar golpista y su autoridad fascista”.
La Asociación de Profesionales Sudaneses considera que el organismo otorga legitimidad al Ejército y al propio al-Burhan, promotor de la asonada y máximo responsable de “las masacres que han cometido contra el indefenso y pacífico pueblo sudanés”, sentenció el grupo. En el comunicado detallan, además, que la solución para resolver la crisis pasa por disolver “por completo el Consejo Militar golpista”.