La purga de Erdogan se cobra la expulsión de 21.000 mandos militares de las Fuerzas Armadas turcas

La intentona golpista de 2016 hizo creer a Erdogan que una parte de la administración maniobraba en su contra. De ahí que, tras fracasar la supuesta asonada, el mandatario otomano pusiera en marcha una cruzada contra todo aquel ocupante de las instituciones sospechoso de simpatizar o haber participado en la conspiración contra su figura. Los cuadros del Ejército han sido hasta la fecha los más golpeados. Un total de 21.000 mandos militares han sido expulsados de las Fuerzas Armadas por sus presuntos vínculos con la organización FETÖ, acusada de dirigir el golpe. Unos vínculos que, en muchos casos, ni siquiera han sido probados por la Justicia. 

Así lo anunció el propio Recep Tayyip Erdogan el lunes durante la ceremonia de graduación de la Escuela de Guerra del Ejército en Ankara. En su alocución, el presidente turco aseguró que todos los expulsados mantenían conexiones con la “organización terrorista” de Fethullah Gülen, el clérigo al frente del Movimiento Gülen, señalado a su vez como autor intelectual del golpe de Estado. Erdogan reveló que 4.723 militares continúan aún en prisión por participar del complot y 3.560 están siendo investigados judicialmente. “Después del golpe de Estado, hicimos reformas integrales, incluidas las instituciones educativas. También cerramos todas las escuelas contaminadas con esta ideología”, trasladó.

El presidente puso en valor la “exitosa” transformación institucional acometida tras la asonada y ejecutada principalmente en el seno de las Fuerzas Armadas, alegando que ningún otro país del mundo ha sido sometido a una “conmoción” similar. “Turquía fue testigo del intento de golpe más atroz y peligroso de nuestra historia hace 5 años, pero juntos lo derrotamos”, sentenció Erdogan. Sin embargo, la purga en el Ejército se enmarca en una estrategia de fondo que ha acabado con más de 170.000 puestos del sector público a golpe de decreto presidencial. El propio Erdogan se ha encargado de expedirlos personalmente.

Contra esta práctica se ha manifestado el líder del principal partido de la oposición, Kemal Kılıçdaroğlu. El presidente del Partido Republicano del Pueblo (CHC) tildó de “ilegales” los decretos leyes de emergencia que permitieron a su vez la destitución del funcionariado, al tiempo que se comprometió a readmitir a todos los expulsados y juzgar de nuevo a aquellos que enfrenten una demanda en caso de llegar al poder. En este escenario de aparente debilidad para Erdogan, el CHC exige la convocatoria de elecciones anticipadas, una petición rechazada de plano por el presidente y su socio de Gobierno, Devlet Bahçeli, líder del Partido Acción Nacionalista, de marcada tendencia ultraderechista.

El cabecilla del Partido de la Justicia y Desarrollo (AKP), al frente del Ejecutivo desde 2014, acusa al FETÖ de extender sus tentáculos sobre todas las ramas del Estado y crear un orden paralelo con el único objetivo de derrocarle. También acusa al movimiento y a su líder, el clérigo Fethullah Gülen, de orquestar el plan supuestamente ejecutado en julio de 2016. Una acusación que ha negado en todo momento. Aunque muchos han señalado que se trató de un autogolpe capaz de justificar la depuración de las instituciones del Estado turco, pues Erdogan rentabilizó la ocasión interviniendo en diversas áreas, como la judicatura, el sistema educativo y los asuntos religiosos, para extraer a los que no concordaban con sus planteamientos.

A su vez, el Movimiento del clérigo ha acusado al presidente Erdogan de estar envuelto en tramas de corrupción y favorecer a los grupos yihadistas armados que operan en la región. Unas acusaciones que han laminado la figura del presidente y que habrían alimentado la persecución contra el grupo. El líder del FETÖ, guía espiritual y figura próxima a Erdogan en el pasado, reside en la actualidad en el Estado de Pensilvania y cuenta con la doble nacionalidad. Las autoridades estadounidenses han declinado facilitar su deportación a Turquía tras las múltiples peticiones de Ankara.

La asonada fallida, que se saldó con la muerte de 251 personas, provocó el despido de 16.500 estudiantes de la Escuela de Guerra. Ni siquiera se habían graduado, por lo que no oficialmente formaban parte de las filas del Ejército. Erdogan consideró a todos ellos simpatizantes del FETÖ. En este sentido, el presidente turco declaró durante la graduación que un total de 1.452 estudiantes, 1.351 turcos y 101 extranjeros, finalizarían los estudios de la academia militar, y pasarían a engrosar la nómina de las Fuerzas Armadas.

Asolado por las múltiples crisis que atraviesa Turquía, el líder turco se arrogó una serie de victorias políticas. Erdogan inició en 2018 una revolución estructural del Ejército con el objetivo de modernizar el esquema operativo y mejorar los recursos de las Fuerzas Armadas. Esta serie de cambios fueron probados sobre el terreno y permitieron a Ankara intervenir en asuntos regionales mediante el poder duro. Tanto es así que, en gran medida, las reformas permitieron a Erdogan cumplir su agenda expansionista. No obstante, los días de gloria de Turquía han acabado. El país atraviesa una profunda crisis política, económica y social que lastra el rol del país a nivel regional e internacional.