Resumen de la actividad terrorista en España
Con el 20 aniversario del 11-M en España y el auge de Hezbolá a la vuelta de la esquina, el terrorismo es una preocupación permanente para los ciudadanos del mundo.
España ha estado en alerta nivel 4 (riesgo alto) desde 2015 en el Nivel de Alerta Antiterrorista (NAA) y no hay indicaciones de que vaya a bajar en un futuro cercano. Según el Balance del Terrorismo en España 2023 del Centro de la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, el atentado en Afganistán en mayo de este año ha sumado tres víctimas a las 300 muertes españolas por grupos de inspiración yihadista. También encontró que recientemente, los actos terroristas en España son realizados, mayoritariamente, en Cataluña y por individuales, no células organizadas.
En 2023 se detuvieron a 78 personas por atentados terroristas, 29 más de la media. Los arrestos por terrorismo desde el 11-M han alcanzado los 1.035 en total, la mayoría con afiliación al Estado Islámico (Daesh). De los 78 arrestados el año pasado, gran parte (el 58%) están asociados a este grupo terrorista.
Solo el 8% estaba asociado a Al-Qaeda, algo explicado por el debilitamiento y el cambio de estrategia del grupo. Según un informe del Real Instituto Elcano y teniendo en cuenta sus problemas de divisiones internas, Al-Qaeda está concentrando sus esfuerzos en África, un continente dónde los poderes mundiales y grupos yihadistas están dirigiendo sus estrategias para afianzar y fortalecer su posición en el campo internacional.
Este mismo informe ha destacado que el papel de la mujer en el yihadismo está convirtiéndose en algo cada vez más relevante. En España, hasta 2014, no existían procesamientos de mujer por actividades terroristas, pero actualmente, se han registrado 24. La estrategia del Daesh es utilizar redes digitales para radicalizar a mujeres para que, generalmente, difundan la ideología yihadista y adoctrinen a otras mujeres.
Entre los 78 procesados en 2023, 23% están acusados de haber realizado propaganda terrorista o de haber glorificado el terrorismo. Otro porcentaje similar se dedicó a preparar atentados mientras que el 15% trabajó sobre la financiación del terrorismo, algo que se hace a menudo con criptomonedas (como en la operación Miya II y Bruder II). La mayoría de los detenidos tenían nacionalidad española (casi el 40%) seguido por procedencia marroquí. Además, el Centro Memorial ha resaltado en su balance un aumento en detenidos de nacionalidad paquistaní. Esto es un derivado de la posible emergencia de un nuevo grupo terrorista Tehreek-e-Labbaik Pakistán (TLP), un partido de extrema derecha islámica de Pakistán fundado en 2015. Su manifiesto demuestra la intención de crear un modelo de gobernanza similar a la de otros países islámicos radicales, con la estricta adherencia a la sharía. En Francia, se ha vinculado miembros de este grupo a un atentado terrorista y 15 de los arrestados del año pasado -y 6 del año anterior- en España están asociados al TLP. Pese a que no estén declarados formalmente como un grupo terrorista, están en el ojo de mira de autoridades internacionales.
Paralelamente, se han realizado 35 expulsiones de personas vinculadas a actividades terroristas este último año, incluyendo a Abdelmajir Bouchar, uno de los condenados del 11-M. Muchos de los que se enfrentan a esta medida usan el propio sistema para retrasar su expulsión, como, por ejemplo, la falta de documentos de identificación válidos. La mayoría de los expulsados fueron acusados de haber difundido y consumido propaganda de organizaciones terroristas y de adoctrinamiento. 14 de los expulsados fueron ciudadanos paquistaníes, procesados por formar parte del TLP.