Turquía mantiene una fuerte represión contra los refugiados sirios pese a las alianzas con el Gobierno de Al-Sharaa
La situación de los refugiados sirios es cada vez peor. A pesar de que el nuevo Gobierno sirio es considerado un aliado para Ankara, esto no ha supuesto un cambio significativo en la política turca hacia los sirios que residen en su territorio, lo que ha derivado en serias inquietudes para organizaciones de Derechos Humanos locales e internacionales.
Ni la llegada de Ahmed al-Sharaa al Gobierno sirio, ni los acercamientos diplomáticos han frenado las campañas de arrestos, deportaciones forzadas y acoso contra activistas, periodistas y ciudadanos comunes por parte de las autoridades turcas, sino que estos actos se han intensificado.
Casos como el del activista de derechos humanos Taha al-Ghazi y el periodista Ghassan Yassin ilustran a la perfección el calvario que están sufriendo ciertos colectivos.
Detenidos por las autoridades turcas, bajo el amparo del código “G-207” de la Ley de Extranjería, una herramienta ambigua aplicada a refugiados que, según las propias autoridades, han participado en actividades “provocadoras”, ambos fueron deportados y se les retiró la nacionalidad turca. En ambos casos ningún organismo nacional ha aclarado los motivos ni ha dado una explicación oficial clara sobre su caso.
En cuanto a la deportación, las autoridades turcas se han limitado a señalar que “todos y cada uno de los retornos son voluntarios”, una afirmación que activistas y periodistas consideran “lejos de la realidad”. Si bien parece cierta la postura de activistas y demás colectivos reprimidos, muchos refugiados están regresando a Siria por miedo, acoso o amenazas, y no por decisión propia.
Ante esta situación, diversas organizaciones de Derechos Humanos han subrayado que el desempeño de las políticas aplicadas por las autoridades turcas con el régimen de Bashar al-Assad y con al-Sharaa son las mismas por lo que afirmar que ha habido un cambio es toda una contradicción.
A pesar de que la comunidad siria esperaba cierto alivio desde la llegada del nuevo Gobierno, lo cierto es que la realidad es totalmente contraria, tal y como informan numerosos informes presentados por estas organizaciones en los cuales se documenta el constante incremento en las restricciones, deportaciones y presiones económicas sobre los refugiados sirios.
La aplicación de códigos de restricción como el del G-207 está a la orden del día y que afecta a miles de refugiados sirios, muchos de los cuales han sido detenidos arbitrariamente o deportados incluso después de haber sido absueltos por la justicia.
Este conjunto de actos ha generado una profunda sensación de inseguridad entre los refugiados, muchos de los cuales temen ser expulsados en cualquier momento. No obstante, la baja eficacia de las solicitudes, dado el contexto regional y las limitadas capacidades institucionales de Siria tras años de conflicto, es una señal de alivio para la comunidad siria.