Ankara frenó las exigencias de Polonia y los países bálticos contra Minsk en un discreto acercamiento a Moscú

Turquía presionó a sus aliados de la OTAN para rebajar la condena a Bielorrusia

photo_camera PHOTO/REUTERS - Turquía presionó a sus socios de la OTAN para suavizar la reacción oficial de la organización contra Bielorrusia ante la detención del periodista disidente Román Protasévich

Turquía presionó a sus socios de la OTAN para suavizar la reacción oficial de la organización contra Bielorrusia ante la detención del periodista disidente Román Protasévich y su pareja, previo aterrizaje forzado de un vuelo comercial, según ha revelado la agencia Reuters. Ankara insistió en que se excluyeran tanto las alusiones a más sanciones como los llamamientos a la liberación de los presos políticos bielorrusos. Del comunicado también se eliminaron las amenazas a la suspensión de la cooperación de la organización con Bielorrusia.

“El Consejo del Atlántico Norte condena enérgicamente el desvío forzoso a Minsk de un vuelo de Ryanair entre Atenas y Vilna el 23 de mayo, así como el desalojo del avión desviado y la detención de Román Protasévich, un destacado periodista bielorruso que viajaba a bordo, y de Sofia Sapega”, contenía la misiva emitida el miércoles por los 30 aliados de la OTAN. La detención del periodista “es una afrenta a los principios de disidencia política y libertad de prensa”, sostuvo la organización.

La OTAN solicitó, además, el inicio de una “investigación independiente de urgencia, incluso por parte de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)” a tenor de la violación de “las normas que rigen la aviación civil”. La carta remarcó que el régimen de Lukashenko “puso en peligro la vida de los pasajeros y la tripulación”, sin embargo, no contuvo ninguna de las medidas punitivas exigidas por los países bálticos y Polonia.

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La gravedad de los hechos no frenó a Turquía a la hora de disuadir a sus socios de tomar medidas contra Bielorrusia. Fuentes diplomáticas citadas por Reuters alegan que la intención de Ankara es mantener a toda costa sus vínculos con Moscú, en vista de que Lukashenko tiene el respaldo del Kremlin y es su aliado más cercano. Esto, a su vez, permitiría a Ankara mantener las relaciones económicas con Minsk a través de la aerolínea otomana Turkish Airlines, con vuelos diarios a Bielorrusia.

La estrategia de Turquía pasa, además, por contraponerse a la acción de la Unión Europea. Bruselas impulsó un bloqueo el lunes al espacio aéreo bielorruso, por lo que las aerolíneas europeas tienen prohibido desde entonces sobrevolar el país y las compañías bielorrusas no pueden hacer uso de los aeropuertos de los países miembro de la UE. Esta decisión ha supuesto un importante revés económico para Minsk.

Por su parte, Rusia ha decidido cancelar los vuelos de la UE en apoyo a su socio del sur. Aviones de las compañías Austrian Airlines y Air France se vieron obligados a cancelar el trayecto hacia Moscú al no recibir la autorización por parte de Rusia de nuevas rutas para evitar sobrevolar Bielorrusia. Ankara parece orientarse en este sentido, ya que necesita reactivar su turismo con la llegada de turistas rusos en mitad de la grave crisis por la COVID-19.

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La insistencia de Turquía para suavizar el mensaje irritó a varios aliados, en particular a Polonia, Lituania y Letonia, que habían exigido una redacción más dura. Sin embargo, Turquía parte con ventaja respecto de sus socios, ya que tiene el segundo Ejército más grande de la OTAN y está en una ubicación estratégica entre Europa y Oriente Medio y con costas en los mares Negro y Mediterráneo. Ankara ha reiterado su apoyo a la organización, aunque ha matizado que tiene derecho a mantener su soberanía en materia de política exterior.

La ONU inicia su investigación ante la condena unánime de la comunidad internacional

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), con sede en Montreal, ha anunciado que investigará el caso para determinar si se han infringido las normas internacionales de aviación. La organización anexa a Naciones Unidas elaborará un informe provisional antes del 25 de junio, según el ministro de Transportes irlandés, Eamon Ryan. En el comunicado, la OACI remarcó “la importancia de establecer los hechos”. No obstante, la organización –de la que forma parte Bielorrusia– no tiene la potestad de imponer sanciones, y el respaldo de Moscú a Minsk dificulta el consenso del Consejo de Seguridad de la ONU.

Las potencias mundiales del G7 también exigieron al régimen de Lukashenko la liberación de Román Protásevich. Los ministros de Asuntos Exteriores del Grupo del grupo así lo hicieron saber a través de una declaración conjunta emitida el jueves por el Gobierno británico. En ella se pedía también la liberación de todos los presos políticos detenidos en Bielorrusia. A esta postura se adhirió el Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, con el anuncio de varias propuestas para atacar sectores clave de la economía bielorrusa. 

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El G7 también estudia la posibilidad de imponer “sanciones selectivas” a las 88 personalidades del régimen y a las siete compañías incluidas en la lista negra por la brutal represión en el país tras las elecciones presidenciales del curso pasado. La líder opositora, Svetlana Tijanóvskaya, exigió un “boicot económico” al régimen desde Lituania, donde está exiliada. Sin embargo, la posibilidad de que el bloque se ponga de acuerdo para rechazar el tránsito de hidrocarburos por los gasoductos de Bielorrusia es reducida a corto plazo.

El presidente bielorruso, Aleksandr Lukashenko, es considerado como el último dictador del viejo continente. Tras más de 26 años en el cargo, su última acción represiva contra de la disidencia fue la detención de Román Protásevich, de 26 años, y su pareja, Sofía Sapega, de 23. El periodista es cofundador de Nexta, un canal de Telegram con presencia en Twitter y YouTube, y con casi 2 millones de suscripciones, utilizado para instigar las movilizaciones contra el presunto amaño electoral de Lukashenko, que ganó con un 80% de los votos. Los observadores internacionales los comicios como fraudulentos.

Protásevich, que abandonó Bielorrusia en 2019, fue incluido entonces en la lista de “personas involucradas en actividades terroristas”. Causar disturbios masivos puede ser castigado con hasta 15 años de cárcel y, según la líder opositora Svetlana Tijanóvskaya, al ser considerado un “terrorista”, incluso puede ser condenado a pena de muerte. Esa fue su primera reacción cuando se detuvo el vuelo en el que viajaba a Vilna. Su última reaparición fue en un vídeo publicado el pasado lunes por las autoridades bielorrusas. En el clip, el periodista afirma estar en buen estado y confiesa los delitos por los que es acusado, aunque muchos intuyen que Protásevich se encontraba bajo coacción.
 

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