Yemen y los hutíes: el reto de extender de nuevo el alto el fuego

Sumido en un conflicto que roza ya su octavo aniversario, y al que la ONU califica de ser “la peor crisis humanitaria del mundo”, Yemen enfrenta ahora la difícil tarea de prorrogar, por seis meses más, un armisticio sin precedentes. Un alto el fuego que dura ya cuatro meses, y que, por primera vez en años, logró un acuerdo integral de las partes que ha permitido a miles de yemeníes acceder a servicios médicos, a mecanismos de protección y a oportunidades económicas, educativas y sociales. 

Sin embargo, prácticamente incapaz de forzar la ampliación del armisticio, la comunidad internacional observa ahora, expectante, el transcurrir de las últimas horas de descuento antes de la expiración de la tregua. Las negociaciones entre el Gobierno internacionalmente reconocido y los rebeldes hutíes, enquistadas desde hace ya varias semanas, parecen haber abandonado la senda de una mera aceptación o rechazo de las condiciones del otro bando, y han incorporado nuevas exigencias. Especialmente por parte del bando hutí. 

“La transición de una guerra de siete años a un estado de relativa calma no se ha sucedido sin desafíos y sin algunas deficiencias en la plena aplicación de los elementos del armisticio. Sin embargo, el armisticio ha transformado a Yemen. Ha marcado una diferencia tangible en la vida de miles de personas. Y, por ello, el pueblo yemení y la comunidad internacional desean y esperan la plena implementación, renovación y fortalecimiento de la tregua. (…). Debemos aprovechar esta ocasión y no desperdiciar la oportunidad”, decía, durante una declaración, el enviado especial de las Naciones Unidas para Yemen, Hans Grundberg, llamando a una “ampliación” del armisticio. 

Acordada por primera vez el 2 de abril de este año por todas las fuerzas yemeníes –y coincidiendo con el inicio de la celebración del Ramadán–, la tregua fue prorrogada por primera vez en junio, dos meses después de su firma, y gira en torno a cuatro ejes principales. 

La paralización de las operaciones militares hostiles, la reanudación de los vuelos desde y hacia el Aeropuerto Internacional de la capital de Saná (en manos hutíes) y la entrada de 18 envíos de combustible al puerto de Hodeida –al oeste de país, en las costas del Mar Rojo –, han sido los tres puntos respetados tanto en la tregua original, como en la extensión acordada el 2 de junio. No obstante, la reapertura de carreteras y corredores humanitarios en ciudades controladas por el Gobierno yemení, pero sitiadas por las fuerzas insurgentes hutíes (como es el caso de Taiz), ha sido una tarea pendiente durante los últimos dos meses. 

“En los últimos cuatro meses de tregua han ingresado más barcos de combustible en el puerto de Hodeida que en todo el año 2021, lo que permitió a los hospitales y empresas un mayor acceso al combustible”, recogía un comunicado conjunto emitido por varias organizaciones internacionales en defensa de la extensión del armisticio. “Aumentó aproximadamente un 53 %; de 23 barcos que transportaban colectivamente menos de 470.000 toneladas en 2021, a 26 petroleros que transportaban un total de 720.270 toneladas durante los cuatro meses de la tregua”, puntualizaba Ibrahim Jalal, investigador yemení de seguridad, conflicto y defensa; y miembro cofundador del Security Distillery Think Tank, para el medio Middle East Institute (MEI).

Pero los beneficios económicos obtenidos de estos movimientos portuarios no han ido a parar, como estipulaba la ONU, a la llamada cuenta conjunta de las Naciones Unidas, ni, aparentemente, a pagar a los funcionarios yemeníes que residen en los territorios controlados por los hutíes. Una cuestión que despierta desavenencias entre ambas partes, y que parece se convertirá en parte de las nuevas exigencias hutíes (que amenazan con pedir nuevas partidas presupuestarias para sufragar estos gastos).

Además, la negativa del grupo insurgente de implementar cualquiera de las propuestas de la ONU para reabrir las carreteras, en especial las que rodean la ciudad asediada de Taiz –de más de tres millones de habitantes –, complica todavía más el proceso de prorrogar la tregua. 

“Es difícil confiar en la continuación y el éxito de la tregua en vista de que las milicias hutíes no implementan ninguno de sus compromisos, y, por el contrario, no dejan de aumentar la gravedad de las violaciones militares del armisticio en varios frentes. Si bien el Consejo de Mando Presidencial fue claro al extender el alto el fuego para aliviar el sufrimiento de todo el pueblo yemení sin discriminación, la continuación del asedio de Taiz y la imposibilidad de lograr ningún avance en este sentido, además de la falta de compromiso al asignar los ingresos de los envíos de petróleo desde el puerto de Hodeidah para pagar los salarios de los empleados, afectan a la firmeza y continuidad de la tregua”, decía el ministro de Asuntos Exteriores yemení, Ahmad Awad bin Mubarak, para el medio Asharq Al-Awsat. 

Y es que, por si estos desencuentros no fuesen suficiente, las continuas violaciones del alto el fuego –que suman ya más de 1.700, según “Yemen Tregua Monitor” del Proyecto de Datos de Eventos y Ubicación de Conflictos Armados– han puesto en entredicho el compromiso de las partes. Especialmente del bando hutí, a quien se atribuye el 93% de estos ataques. Pero, tal como afirma Ibrahim Jalal, “la relativa calma provocada por esta tregua de cuatro meses ha significado que las violaciones no han dado como resultado un cambio significativo en el control territorial o un gran número de muertos en combate. Pero, pese a que el frágil alto el fuego siga en pie, continúan creciendo las provocaciones y las señales de una nueva escalada”. 

En este escenario, una delegación del Sultanato de Omán visitaba Saná, la capital yemení en manos hutíes, el pasado domingo, según informaba el jefe de las negociaciones y portavoz oficial del grupo hutí, Mohamed Abdul Salam, a través de un comunicado oficial. Frente a una ONU que ha parecido incapaz de rebajar las nuevas exigencias hutíes, varios observadores internacionales consideran que este viaje omaní jugará un papel clave en las negociaciones. Algo que ya ha sucedido en los intentos de acercamiento previos entre el Gobierno yemení, la alianza internacional liderada por Arabia Saudí y el grupo insurgente hutí (respaldado por Irán), ya que estos últimos consideran a Mascate como un mediador neutral.

“La visita de la delegación omaní a Saná llegó para convencer a la milicia hutí de que acepte la tregua, especialmente porque la milicia ha impuesto condiciones imposibles, incluyendo la incautación de los ingresos de las gobernaciones liberadas con la excusa de pagar los salarios de los empleados en el áreas bajo su control”, explicaba el investigador político yemení Yasser Al-Yafei.

“La milicia hutí encara los esfuerzos de mediación con una mayor escalada a través de la movilización continua de combatientes y la organización de desfiles militares para mostrar su falta de voluntad de extender la tregua. Pero, de hecho, la milicia necesita la tregua en esta etapa para consolidar aún más el deseo internacional de poner fin a la guerra en Yemen”, añadió. Y es que la autoridad yemení, representada en el Consejo de Liderazgo Presidencial, ha afirmado que el Gobierno del país ya no puede hacer más concesiones para el acuerdo de una nueva prórroga, ya que esto solo contribuiría a debilitar, aun más, su postura negociadora, y a beneficiar al bando hutí. 

En contradicción con el propio espíritu de la tregua, el bando hutí anunciaba el pasado domingo el reclutamiento de más de 3.000 combatientes para fortalecer los frentes de combate. “Si el enemigo”, decía el portavoz militar hutí, Yahya Saree, refiriéndose a las fuerzas de la coalición árabe y al Gobierno yemení internacionalmente reconocido, “quiere la paz, nuestra delegación negociadora ya ha hecho lo suficiente; y si quiere la guerra, entonces estamos listos y presentes en todos los campos de batalla”. 

Esto ha sido interpretado por algunos analistas internacionales como un uso del armisticio, por parte de las milicias hutíes, para fortalecer sus posiciones bélicas y para “acumular más armas iraníes en barrios residenciales y utilizar a civiles como escudos humanos”. Algo que podría motivar a la comunidad internacional a abortar cualquier esfuerzo por extender, de nuevo, la tregua. 

 A los intereses por proteger a la población yemení –en la que más de 19 millones de personas sufren inseguridad alimentaria –, se suman también los intereses de una comunidad internacional que enfrenta la crisis de combustibles causada por la guerra en Ucrania. Por ello, potencias como Estados Unidos o Reino Unido han visto con gran preocupación el colapso del armisticio, ya que un nuevo crecimiento de los ataques hutíes contra las plantas petroleras de Arabia Saudí (líder de la coalición internacional enemiga) provocaría interrupciones en el suministro petrolero internacional y las cadenas de suministro asociadas. 

Ahora bien, tal como apuntaba el investigador yemení Ibrahim Jalal, en caso de una nueva prórroga de la tregua de seis meses, esta habrá de ser, en cualquier caso, “solo una medida temporal de la desescalada”, y “no puede prolongarse indefinidamente”. “Debe estar vinculada a un proceso político más amplio”.