Suspensión o acuerdo: el debate sobre las patentes y la COVID-19
En mitad de la pandemia, las vacunas se han convertido en el bien más valioso
Las ansiadas vacunas contra la COVID han llegado a América Latina por primera vez el 1 de marzo a través de COVAX destinadas a Colombia, uno de los pocos países del mundo que recibe dosis de esta plataforma. Mientras en Europa y Estados Unidos se han administrado más de 29 y 66 millones de dosis respectivamente, en todos los países africanos se han inoculado apenas 4 millones. Las patentes tienen mucho que ver en esta diferencia de acceso, Sudáfrica e India presentaron en la OMC una propuesta para su suspensión temporal en las herramientas útiles en la lucha contra la COVID-19. Esto implica hacer uso de las licencias obligatorias, pero también existe otra opción por la que parecen inclinarse los países ricos: las licencias voluntarias.
La primera pregunta que hay que responder sobre este tema es ¿qué son las patentes? Todo invento tiene Derechos de Propiedad Intelectual (DPI), también denominados patentes. Las vacunas y las medicinas no son una excepción. Los DPI permiten al creador del invento controlar el uso de su invención durante el periodo de vigencia de la patente, es decir, durante 20 años. El titular puede decidir si compartir la propiedad intelectual con terceros -a cambio de una rentabilidad monetaria- o puede optar por no compartir los beneficios e impedir que otros investiguen, fabriquen o distribuyan sus productos.
Para los descubridores de estas nuevas tecnologías las patentes son importantes, ya que favorecen los desarrollos tecnológicos que puedan acontecer, gracias al flujo de ingresos que les permiten explotar sus innovaciones mientras recuperan los gastos que les han supuesto.
En mitad de una pandemia como la que vivimos las vacunas se han convertido en el bien más valioso, y en varios sentidos: el pronóstico de Evauate Pharma para 2021 indica que las ventas de vacunas contra la COVID ascenderán entre los 10 y los 15 billones de dólares. Por ello, ni las farmacéuticas ni los países ricos están interesados en reducir las ganancias que conllevaría una eliminación de las patentes como la que aún hoy se debate en la OMC.
Los principales problemas de las patentes son que encarecen los productos y retrasan la entrega, debido a los procedimientos burocráticos. Sin duda, estos son dos grandes obstáculos para los países en desarrollo que no pudieron realizar acuerdos de compra ni tienen los mismos recursos económicos que el resto de los países. Aisling McMahon, especialista en derecho médico de la Universidad de Maynooth (Irlanda), defiende en su artículo publicado en The BMJ que, si bien es cierto que las patentes se consideran incentivos necesarios para el desarrollo de tecnologías sanitarias, se debe cuestionar el grado de control que se le otorga a los titulares de las patentes, modificándolo de algún modo: “Para que regrese cualquier sentido de normalidad global, todo el mundo debe tener acceso asequible a futuras vacunas, medicamentos y diagnósticos COVID-19 efectivos tan
pronto como sea posible. Esto es de nuestro interés. Sin embargo, la práctica actual de patentes podría utilizarse de manera plausible para obstruir o retrasar esto”, afirma.
La primera vez que Sudáfrica e India presentaron su solicitud de suspensión temporal de las patentes de todas aquellas herramientas que sean útiles en la lucha contra la COVID fue el 16 de octubre de 2020, en una reunión del Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), parte de la Organización Mundial de Consumo (OMC). A esa primera reunión le han seguido varias más que han acabado con el mismo resultado: los países reconocen un acceso sin trabas a medicamentos, vacunas y demás herramientas contra la pandemia, pero siguen sin ponerse de acuerdo en la forma de lograrlo. La prohibición de patentes sería de carácter temporal, “deberá seguir aplicándose hasta que tenga lugar una vacunación generalizada en todo el mundo, y la mayoría de la población mundial haya desarrollado inmunidad”, aseguran en un documento los defensores de la propuesta.
Este tipo de concesiones se llaman licencias obligatorias, vigentes bajo el marco del artículo 31 del acuerdo de los ADPIC, y otorgan a terceros el derecho a producir, importar y vender los productos necesarios sin contar con el beneplácito del dueño de la patente. Algunos países como Israel y Canadá ya han hecho uso de este tipo de licencias para aprobar el uso interno de algunos medicamentos que sirven como tratamiento de la COVID-19 sin pedir permiso a los titulares de las patentes. Las licencias obligatorias podrían ser una solución si los propietarios de las patentes se niegan a compartirlas, pero tienen varios inconvenientes. El principal, según McMahon, es que están limitadas a un nivel nacional, de manera que en cada Estado se otorgan de una manera u otra. Por ello las licencias obligatorias tienen una efectividad territorial bastante escasa, sobre todo si las grandes potencias, como la UE, no las aplican.
Organizaciones como Médicos Sin Fronteras apoyan esta medida, defendiendo que las tecnologías útiles en la lucha contra la pandemia “deben ser auténticos bienes públicos globales, libres de las barreras que imponen las patentes y otras medidas de propiedad intelectual”. En cambio, no todas las opiniones al respecto son iguales: para Aisling McMahon lo único que resultaría efectivo de las licencias obligatorias sería el amago de hacer uso de ellas, pues esto alentaría a los titulares de patentes a negociar un precio u oferta más razonable; aunque bajo las licencias obligatorias el titular de la patente recibe una remuneración, esta misma la fija el Estado y no siempre les resulta satisfactoria. Ocurrió en Israel con el medicamento Kaletra, de la farmacéutica AbbVie, que servía para tratar a pacientes con COVID-19. Cuando Israel emitió una licencia obligatoria la farmacéutica se apresuró a ceder y, al final, eliminó la patente.
Para que la propuesta consiga la aprobación de la OMC, necesita el voto favorable de 123 Estados. En la votación del 24 de febrero contaban con el respaldo de 58 países, una cifra que no alcanza ni la mitad de los votos necesarios. La eliminación seguirá negociándose en próximas reuniones del consejo de los ADPIC. El total de dosis de vacunas contra la COVID-19 administradas en aquellos países que han rechazado la propuesta ascienden a más de 198 millones. Esto equivale a más de un 80% del total de dosis que se han inoculado en todo el mundo. Este dato hace evidente el hecho de que los países en desarrollo, que han apoyado o patrocinado la eliminación de las patentes, no están recibiendo las vacunas con la misma celeridad que el resto del mundo.
El Fondo de Acceso Global para Vacunas contra la COVID-19, conocido como COVAX, envió por fin el 1 de marzo 117.000 vacunas a Colombia, convirtiéndose en el primer país de América Latina que recibe dosis a través de esta plataforma. El continente africano recibió las suyas el 24 y 26 de febrero: 600.000 dosis para Ghana y más de 500.000 destinadas a Costa de Marfil, que ya han comenzado su campaña de vacunación.
El director general de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ha publicado en The Guardian un artículo en el que celebra la llegada de las vacunas a Ghana, pero advierte de que aún hay mucha inequidad entre los países ricos y los pobres en cuanto a acceso a la vacuna. Defiende, una vez más, la suspensión temporal de las patentes, hacer uso de “todo nuestro músculo de fabricación” y zanja la indecisión con su ya famoso “¿si no es ahora, cuándo?”.
Pero existe otra opción: las licencias voluntarias. Varios expertos defienden que este tipo de concesiones son más efectivas porque cuentan con el consentimiento del titular de la patente. Aunque también esto podría suponer una dificultad, precisamente por eso mismo, ya que si el titular se niega no hay nada que hacer. Para Aisling McMahon las licencias voluntarias son la mejor opción en tiempos de pandemia, ya que si se llegasen a realizar agrupaciones de este tipo de licencias en distintas partes del mundo las ventajas podrían darse, esta vez sí, a un nivel internacional. Coinciden con ella los autores del artículo sobre propiedad intelectual publicado en la revista Nature, que concluyen su texto asegurando que “la concesión de licencias obligatorias gubernamentales puede ser el único mecanismo realista para hacer que los derechos de propiedad intelectual estén ampliamente disponibles”.
De nuevo Médicos Sin Fronteras no está de acuerdo con McMahon y los demás expertos, destacando en un informe publicado en octubre que, si bien las licencias voluntarias ayudan a que los tratamientos sean más accesibles, sí conllevan limitaciones geográficas (así como falta de transparencia, puesto que las compañías son reacias a publicar los acuerdos).
Según la organización, este tipo de licencias voluntarias no pueden aplicarse por igual en cualquier país, ya que en los acuerdos se dejan de lado a potencias de bajo o medio nivel económico y países en los que se manufacturan medicamentos genéricos. El ejemplo más reciente fue la firma de licencias voluntarias que Gilead concedió a algunas empresas de genéricos sobre el medicamento contra la COVID-19 Remdesivir. Muchos países en vías de desarrollo quedaron fuera del acuerdo, de forma que no pueden comprar esas versiones genéricas más baratas. La razón es que varios de esos países tienen capacidades de producción de genéricos, y esto les excluye directamente.
Los miembros ricos como Reino Unido, Estados Unidos y la UE que han votado en contra de la propuesta de Sudáfrica e India, asegurando que el sistema de patentes es fundamental actualmente para lograr que se incentiven nuevas vacunas y negando que la propiedad intelectual suponga un obstáculo para el acceso, optan por llegar a acuerdos con los titulares de las patentes y mediante las herramientas que ya existen. Se refieren al artículo 31 bis de la declaración de los ADPIC, un artículo que permite a los Estados importar invenciones patentadas realizadas bajo licencia obligatoria en otro lugar bajo determinadas circunstancias. Los países que defienden la eliminación de las patentes han descartado esta opción dado que se trata de un proceso complejo, que requiere cuantiosos recursos de los que muchos estados carecen.
Después de las últimas tensiones entre las farmacéuticas y la UE por los retrasos en las entregas de dosis de vacunas, la situación podría dar un vuelco. Varias voces dentro de la comunidad apuntan hacia las licencias obligatorias, si la situación con las farmacéuticas no se resuelve, para garantizar la distribución de las vacunas.
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo en enero que “si no se puede encontrar una solución satisfactoria, creo que deberíamos explorar todas las opciones y hacer uso de todos los medios legales y medidas de ejecución a nuestra disposición en virtud de los Tratados”. Se refiere al artículo 122 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que podría interpretarse legalmente para que obligase a los fabricantes de vacunas a compartir sus patentes, es decir: hacer uso de las licencias obligatorias. Michel asegura haberle trasladado la sugerencia a la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen.
También el ministro alemán de Economía, Peter Altmaier, habló sobre la cuestión en un programa de televisión en el que dijo estar dispuesto a hablar sobre “medidas coercitivas” si las farmacéuticas dejasen de cooperar, aunque las licencias obligatorias no ayudarían a aumentar la producción de manera inminente.
El Gobierno italiano se comprometió a mediados de diciembre de 2020 a “promover una derogación en el base del acuerdo de Marrakech para las vacunas COVID-19 del régimen ordinario del Acuerdo sobre los ADPIC sobre patentes y propiedad intelectual”, lo que significa apoyar la propuesta de Sudáfrica e India.
Ya tenemos antecedentes de lo que sucede cuando se confía en la buena voluntad de los titulares de los derechos de propiedad. Durante los primeros meses de la pandemia se crearon plataformas que servían para compartir patentes de tecnologías contra la pandemia, haciendo uso de las licencias voluntarias. Es posible que el motivo de su poco éxito se deba a depender de las intenciones colaborativas de los dueños de las patentes. La OMS creó el Grupo de Acceso a la Tecnología COVID-19 (C-TAP), un foro para el intercambio de derechos de propiedad intelectual, conocimientos, datos… y cualquier
elemento que pueda ser de ayuda en la pandemia. Se puso en marcha en mayo del año 2020 y, según una investigación de The Guardian, la plataforma no ha recibido ni una sola contribución desde entonces. De hecho, solo tiene el respaldo de 40 países (menos de los que hoy en día aprueban la eliminación de las patentes), Estados Unidos y Reino Unido, por ejemplo, votaron en su contra. La OMS sigue apostando por el funcionamiento de la plataforma, en su declaración de equidad para las vacunas contra la COVID pide específicamente que los fabricantes de las vacunas compartan sus conocimientos en C-TAP. Está por ver si esta llamada, casi súplica, tiene resultado.
Otra plataforma más antigua y que tiene la misma función que el C-TAP es Medicines Patent Pool (MPP), apoyada por Naciones Unidas. La mala noticia es que desde que incluyó los tratamientos contra la COVID-19 tampoco ha negociado ningún acuerdo al respecto.
En numerosas ocasiones ya se ha mencionado la necesidad de que todo el mundo pueda vacunarse contra la COVID-19. En una sociedad tan conectada globalmente como la nuestra, el hecho de que la mitad de los países no puedan permitirse tener acceso a la vacunación pone en riesgo el ansiado fin de la pandemia. Los expertos abogan por una modificación de la manera en la que los países con menor poder adquisitivo obtienen las vacunas. Incluso los países ricos, que se oponen a la eliminación, reconocen que se debe buscar una solución que podría llegar en forma de licencias voluntarias.
Así pues, la vacunación es trascendental para todos socialmente, pero también económicamente; Médicos Sin Fronteras calcula que se han invertido a escala mundial 10.000 millones de dólares provenientes de fondos públicos “en I+D, ensayos clínicos y fabricación de las seis principales vacunas de COVID-19”.
El debate sobre la suspensión temporal continúa en las salas del consejo de los ADPIC. Mientras, Jonas Salk, inventor de la vacuna contra la polio, nos enseña algo desde el año 1955. Salk decidió que su vacuna no se patentaría, y cuando el periodista Edward Murrow le preguntó quién era el dueño de la patente él respondió: “Bueno, la gente, diría yo. No hay patente. ¿Podrías patentar el sol?”.