Venezuela, el principio del fin

La actualidad internacional parece empeñada en zarandearnos de una parte a otra del globo sin permitirnos focalizarnos más allá de unos pocos días seguidos en un sólo asunto. La relación de ejes de enfrentamiento, de desestabilización y de tensión con capacidad potencial de afectar, no sólo a la región donde se producen, sino a todo el planeta, es cada vez más larga. Y a esta hemos de añadir esos conflictos soterrados que se desarrollan en la zona gris, aunque lo que sucede en este campo no es sino una fase más de los conflictos propiamente dichos. 

Gaza, Ucrania, el Sahel, Venezuela… son áreas donde el choque se está desarrollando, o donde se está gestando, de una forma más definida. Pero también tenemos la compleja zona de Asia-Pacífico con sus enrevesados y entrecruzados intereses que, más que en ningún otro lugar, puede dar lugar a extrañas alianzas, y tampoco podemos olvidarnos del Ártico, esa región en la que todos los expertos vaticinan que se dirimirá el próximo gran choque. 

Pero hoy nos centraremos de nuevo en el mar Caribe. Opacado por lo que sucede en otras zonas, se está desarrollando un enfrentamiento que, si bien es claramente desigual en medios, puede que, si se eleva el grado de éste, tome una derivada mucho más sangrienta para los Estados Unidos.  

En su momento ya dedicamos unas líneas a describir como la nueva “Guerra contra el terrorismo”, declarada por la Administración Trump, iba a escalar de manera irremediable. Son muchos los factores convergentes de los que el actual mandatario norteamericano puede sacar rédito de cara a su imagen dentro de su país. Y ello sin obviar que, si consigue sus objetivos, seguramente contribuya a mejorar la deteriorada seguridad en ciertas zonas de EE. UU. debido a la acción de organizaciones criminales que dirigen el tráfico de drogas, y contribuya a disminuir significativamente el número de afectados por esta lacra. 

A priori, puede parecer que esta no es más que otra ocurrencia a las que nos tiene acostumbrados el presidente Trump. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. 

Lo que podemos considerar una campaña de presión sostenida contra el régimen de Nicolás Maduro no ha surgido de la nada, sino que es fruto de una cuidadosa arquitectura legal y doctrinal desarrollada de manera específica. El enfoque se basa en la fusión de la coerción económica creciente con la disuasión militar. 

El fundamento legal que permitió la aplicación de sanciones económicas masivas y la posterior escalada militar no es cosa de esta administración, sino que se originó en marzo de 2015, bajo el mandato de Obama, cuando Venezuela fue declarada una "amenaza para la seguridad interior y las relaciones internacionales de Estados Unidos". Esta declaración se convirtió en el pilar para todas las Órdenes Ejecutivas implementadas por la Casa Blanca en relación con Venezuela a partir de ese momento, permitiendo la justificación de acciones coercitivas sobre bases de la seguridad nacional. 

Con posterioridad, con Trump al frente de la Casa blanca, esta base legal fue reforzada introduciendo el pilar del narcoterrorismo. La justificación primordial para el despliegue militar que estamos presenciando en el Caribe se centra en la acusación de que el régimen de Maduro funciona como un “cártel que gobierna Venezuela”. Y en consonancia con esa afirmación, y para aumentar la presión y tratar de causar alguna fisura en la cohesión interna del régimen, Washington ha elevado la recompensa por la captura de Nicolás Maduro a 50 millones de dólares, cimentando la fusión de la política exterior con la guerra contra las drogas y proporcionando una narrativa de seguridad que justifiquen el incremento de las operaciones militares. 

Si observamos detenidamente los pasos que está dando EE. UU., encontraremos un patrón de presión ascendente en todos los frentes de manera sucesiva, no simultánea. La finalidad no es otra que crear dentro del régimen de Maduro la sensación de incertidumbre, la certeza de que esa presión va a ir aumentando sin saber exactamente en qué área, para de ese modo provocar un desgaste progresivo y continuo no en el propio sátrapa, sino en aquellos que le rodean para que asuman que, llegado el caso, su líder buscará la forma de escapar y ellos asumirán consecuencias de las acciones de su Gobierno. 

La estrategia que se está llevando a cabo tiene además un doble propósito: el estrangulamiento financiero del Estado venezolano y la generación de una disuasión psicológica orientada al cambio político interno. El objetivo táctico inmediato es cortar la financiación del régimen, atacando sus fuentes primarias de divisas, como el petróleo y el oro. Pero no sólo las del régimen, sino las de sus líderes, y ahí es donde entra en juego también el ataque directo al tráfico de estupefacientes. El objetivo estratégico final no es otro que lograr de una vez por todas un cambio de régimen. Se busca “intimidar a los funcionarios y militares que rodean a Maduro para que lo dejen caer”.  

Si echamos la vista atrás habremos de remontarnos a 2008 para encontrar las primeras sanciones contra Venezuela cuando el Departamento del Tesoro sancionó a tres funcionarios militares venezolanos por sospechas de colaboración con las FARC y vínculos con el narcotráfico. Durante casi una década, las medidas se enfocaron exclusivamente en individuos concretos vinculados a la corrupción o violaciones de derechos humanos, aplicándoles restricciones financieras, de viaje y congelación de bienes.  La Unión Europea adoptó un enfoque similar contra 25 individuos en noviembre de 2017, complementado con un embargo de armas. 

El punto de inflexión se produjo el 25 de agosto de 2017 con la aplicación de las primeras sanciones económicas directas al gobierno. Estados Unidos prohibió transacciones relacionadas con la financiación a cualquiera de sus órganos o entes, incluyendo la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), impidiendo nuevas emisiones de deuda o la negociación de bonos existentes. 

Esta fase culminó en el bloqueo casi total de la economía venezolana. En marzo de 2018, una nueva Orden Ejecutiva prohibió "todas las transacciones vinculadas, la financiación o cualquier otro tipo de relación comercial” con cualquier moneda o divisa digital del gobierno venezolano, apuntando directamente al lanzamiento del Petro. 

La presión se intensificó en noviembre de 2018, cuando se firmó una Orden Ejecutiva que impuso sanciones contra las exportaciones de oro y prohibió la compra de cualquiera de las emisiones de deuda del Gobierno o la cesión de participaciones accionariales del 50 % o superior en entidades estatales. La acción más decisiva llegó en enero de 2019, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señaló a PDVSA, bloqueando todos sus intereses y propiedades sujetos a la jurisdicción de EE. UU. y prohibiendo a cualquier ciudadano estadounidense hacer negocios con la entidad, estrangulando así la principal fuente de divisas del país. 

Continuando en esta línea, en marzo y abril de 2019 se sancionaron entidades clave como Evrofinance Mosnarbank, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bandes) y sus cinco subsidiarias, y el Banco Central de Venezuela (BCV). Finalmente, el 5 de agosto de 2019 una nueva Orden Ejecutiva decretó el bloqueo de todos los bienes e intereses en propiedades del Gobierno de Venezuela que se encontraran bajo jurisdicción estadounidense. 

Si hablamos de sanciones a personas, entre 2008 y noviembre de 2020, éstas afectaron a 209 individuos, de los cuales 192 eran venezolanos (58 militares y 134 civiles). Los motivos alegados para aplicar estas incluyen narcotráfico, corrupción y enriquecimiento ilegal. 

Además, estas medidas coercitivas han usado la extraterritorialidad como medida de aislamiento. Estados Unidos ha sancionado a 16 extranjeros que han tratado con altos funcionarios venezolanos, incluyendo ejecutivos de Rosneft y funcionarios iraníes por proporcionar apoyo al gobierno venezolano, sin embargo, este uso de la presión sobre terceros países es algo que la UE ha evitado con su Estatuto de Bloqueo. 

Pero los frutos no han sido los esperados, y el análisis económico de las sanciones indica una profunda dicotomía entre el éxito en la coerción financiera y el fracaso en el objetivo político de cambio de régimen. Y por ello se ha hecho necesario aumentar las acciones en el frente militar y en el campo de la inteligencia. 

La campaña de sanciones ha sido muy efectiva en su objetivo de asfixia financiera. Las sanciones causaron la pérdida de entre 17.000 y 31.000 millones de dólares en ingresos para el Estado venezolano. Esta caída drástica en su haber no ha hecho sino agrandar la crisis económica preexistente, causada por años de mala gestión y corrupción. 

Sin embargo, la transferencia del coste de las sanciones ha sido la consecuencia más grave. La reducción masiva de ingresos, principalmente procedentes del negocio del petróleo ha ido limitando severamente la capacidad del país para adquirir divisas, ello se ha traducido en un descenso vertiginoso de las importaciones. El valor promedio de las mensuales disminuyó un 46 por ciento en 2019 y un 50 por ciento adicional en 2020. Y a pesar de que las sanciones no restringen explícitamente la importación de alimentos y medicinas, la falta de divisas ha impedido a las empresas privadas y públicas importar productos de primera necesidad, lo que ha contribuido directamente al deterioro de la calidad de vida de los venezolanos y ha dado argumentos al régimen para fortalecerse al menos argumentalmente ante sus partidarios. 

La arquitectura de sanciones, aunque potente para descapitalizar al Estado, se ha revelado insuficiente para lograr el cambio de régimen, puesto que el análisis sugiere que las élites económicas, políticas y militares que apoyan al gobierno autoritario han logrado aislarse de los peores efectos, mientras que la población más vulnerable es la que ha pagado el precio más alto. 

Y aquí es donde entra en juego el despliegue militar justificado bajo la narrativa de la "Operación Antidrogas Reforzada" en el Caribe, como respuesta al aumento de la entrada de drogas a EE. UU. por vía marítima, y argumentando no sin razón la intención de cortar la financiación que el régimen de Maduro obtiene de las sustancias ilegales. Sin embargo, la naturaleza y la composición de las unidades desplegadas sugieren que la misión real va más allá de la simple interdicción, buscando una clara disuasión y capacidad de respuesta para escenarios de cambio de régimen. La prueba más evidente de lo anterior son las noticias de supuestas ofertas por parte de miembros del Gobierno venezolano de formar un gobierno donde no esté su actual dirigente, Nicolás Maduro. 

Este puede ser el primer indicio de grietas en un régimen que ha destrozado uno de los países más ricos de América, sumiéndolo en la pobreza y el caos. El reciente anuncio de la autorización dada a la CIA para llevar a cabo operaciones clandestinas en territorio venezolano no da más que otra vuelta de tuerca en la presión, causando inquietud, desconfianza y miedo en aquellos que sostienen a Maduro. No vamos a presenciar el derrocamiento del gobierno mediante una acción directa por parte las fuerzas de EE. UU., pero su presencia, la destrucción constante de embarcaciones vinculadas al narcotráfico y el temor a esas operaciones clandestinas, junto con la relación de medidas económicas relacionadas, puede ser la espada de Damocles que finalmente cause un movimiento interno que termine para siempre con la pesadilla que vive Venezuela.  

Y no olvidemos que, si esto sucede. será otro tanto que Donald Trump apuntará en su haber.