El caso de Hajar Raissouni desata la indignación en Marruecos
“Nosotras, ciudadanas y ciudadanos de Marruecos, estamos fuera de la ley”. Así comienza el escrito de apoyo a la periodista Hajar Raissouni, del periódico marroquí Akhbar al-Yaum, publicado esta semana en el diario francés Le Monde. El manifiesto, impulsado por la escritora Leila Slimani y la cineasta Sonia Terrab, pide que se reforme el Código Penal para que tener relaciones sexuales fuera del matrimonio deje de ser delito. Demanda, además, que las mujeres marroquíes tengan un mayor control sobre su propio cuerpo y que el sexo deje de ser un tabú social.
El caso de Hajar Raissouni ha puesto en pie de guerra a una parte sustancial de la sociedad marroquí, especialmente a las mujeres. A finales del pasado mes de agosto, esta periodista de 28 años, que ha cubierto en el pasado los disturbios en el norte del país y forma parte de una estirpe de periodistas críticos con la Administración, fue arrestada a la salida de un hospital junto con su prometido, su ginecólogo, el ayudante de este y una enfermera. El cargo inicial, cuyo fundamento no se ha hecho público, sostenía que Raissouni había acudido al centro para abortar (en Marruecos, solo está permitido interrumpir el embarazo en los casos en que haya peligro para la vida de la madre).
Raissouni negó entonces la acusación y adujo que, en realidad, había acudido a los servicios médicos para tratarse una hemorragia interna, pero su testimonio no sirvió de mucho: fue forzada a someterse a pruebas médicas y fue enviada a prisión. Poco después, se hizo pública una segunda acusación por haber mantenido relaciones sexuales fuera del matrimonio, prohibidas explícitamente en el artículo 490 del Código Penal. En el caso de que, finalmente, sea declarada culpable, se arriesga a ser condenada a un máximo de dos años de prisión. Los asistentes legales de Raissouni, por su parte, han declarado que se querellarán contra las fuerzas del orden por tratos degradantes.
Mientras la periodista sigue en prisión a la espera de juicio, el debate sobre la libertad sexual en el país, soterrado la mayor parte del tiempo, ha salido a la superficie. El documento promovido por Slimani y Terrab es un buen ejemplo de ello. “Llamamos a nuestros gobernantes, a nuestros decisores, a nuestros legisladores a demostrar su coraje, a dar ese paso adelante entablando un debate nacional sobre las libertades individuales”, reza el manifiesto; “No es un lujo, no es un favor: es una necesidad”.
Según los datos aportados en el texto, más de 14.500 personas fueron detenidas en Marruecos en 2018 en aplicación del artículo 490; eso significa una media de casi 40 personas al día. Del mismo modo, los abortos clandestinos, con los riesgos sanitarios que conllevan para la vida de la madre, son una práctica común; se calcula que son practicados entre 600 y 800 al día.
Cientos de personas, mujeres y hombres, se han manifestado a lo largo de las últimas semanas en distintas ciudades de Marruecos. Una de las más destacadas tuvo lugar en Marrakech durante la primera vista del proceso. Mientras se escuchaban gritos desde el exterior y se veían por doquier pancartas en las que se pedía la libertad para Raissouni, el juez decidió mantener la prisión preventiva.
Los manifestantes han querido poner de relieve la sombra política del asunto. Las críticas han llegado también desde la esfera de las organizaciones en defensa de los derechos humanos. Dada la profesión de la acusada, Reporteros Sin Fronteras ha sido una de las más activas. “Todos los indicios parecen apuntar a que [Raissouni] ha sido víctima de una estrategia política que busca desacreditarla; a ella, a su familia y a los periodistas políticos”, ha manifestado Omar Brousky, de RSF Marruecos, en una entrevista a France 24. “Las mujeres son las víctimas potenciales de esta hipocresía social: hay un desfase enorme entre una ley medieval y una sociedad marroquí que está en plena evolución”, ha remarcado.
El activista marroquí de Human Rights Watch Ahmed Benchemsi ha calificado de “absurda” la criminalización del sexo extramatrimonial en un artículo reciente en la página web de la organización. Benchemsi ha abogado repetidamente por su abolición, argumentando que Marruecos ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que censura las violaciones de la privacidad de los ciudadanos. La propia Constitución marroquí prohíbe, además, la detención arbitraria de personas y consagra, en su artículo 24, el derecho a la protección de la vida privada.