¿Es justo que los presos realicen trabajos forzados?
El Primer Informe Integral sobre el Trabajo Forzoso en las Prisiones en Cuba es la materialización de la denuncia por parte de la asociación Prisoners Defenders ante los trabajos forzosos de más de 60.000 prisioneros promovidos por el régimen de Cuba.
“El presente informe de denuncia expone la alarmante situación del trabajo forzoso en los centros penitenciarios cubanos, revelando y demostrando, sin dar lugar a la duda, la dolorosa y criminal situación de trabajo forzoso ejercido por el Estado, con fines económicos y punitivos”, se lee el informe.
Destacó la asociación que ya hay llamadas de atención internacionales, como, por ejemplo, el señalamiento del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Prisoners Defenders, mediante su investigación, llama a la acción y exige que los dirigentes cubanos sufran las consecuencias de sus acciones, ya que, aunque estén entre rejas, los prisioneros también tienen derechos humanos.
El documento recopila 53 testimonios, pruebas cuantitativas y cualitativas, además de argumentos legales en contra de las prácticas de esclavitud dentro del país latinoamericano.
Es más, ofrece una amplia sección que indaga en normas judiciales, penales y laborales que se están violando, ya sean internacionales o nacionales: “El sistema carcelario cubano no solo incumple las Reglas Mandela, el PIDCP (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), los Convenios de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y todas las normas internacionales del trabajo, sino que constituye una maquinaria de represión y extracción de valor económico mediante coerción, sufrimiento y abuso”.
Según las conclusiones de la investigación, hay mínimo 60.000 prisioneros (tanto comunes como políticos) viviendo una situación de esclavitud promovida por el régimen y el modelo económico que se decidió llevar a cabo.
La razón de esa cifra tan alta es porque explicaron que en Cuba hay 242 centros penitenciarios de trabajo forzoso. Es decir, existe una estructura institucional que cuenta con cárceles principales y lo que se denominan “campamentos”, “granjas” o “correccionales”. Nombres de centros penitenciarios satélite que, al no llamarse “prisiones”, escapan de consecuencias legales.
“La impunidad con la que se estructura el trabajo es de tal magnitud, que los Generales y altos mandos del ejército usan a los presos comunes y políticos para construir sus propias mansiones privadas”.
Y es que las violaciones de derechos que ha recopilado Prisoners Defenders con los testimonios son: imposición del trabajo forzoso sin voluntariedad, ausencia de contrato laboral, trabajo como castigo penal obligatorio, violencia física mientras trabajan, obligación para trabajar pese a condiciones más adversas, ausencia de medidas de protección laboral, asignación de tareas sin formación ni capacitación previa, exposición a condiciones climáticas extremas, jornadas laborales abusivas, falta de pago o salario simbólico, descuento arbitrario del salario por insumos básicos, falta de transferencia o registro de pagos, represalias por negarse a trabajar y la fabricación de infracciones disciplinarias.
Los entrevistados aseguraron que los coaccionaron a realizar labores forzosas, y la mayoría trabajan en condiciones insalubres y extremas, hasta el punto de que no les atendieron cuando necesitaban atención médica. Por esto y la falta de formación o herramientas, o las enfermedades que ya acarreaban de antes, tienen secuelas físicas y psicológicas.
“14 de los 53 declararon que no tenían ni un solo pequeño descanso al día, y el resto (39) reportaron descansos de entre 20 y 30 minutos al día”.
Muchos ni siquiera tienen un contrato de trabajo, ni tampoco tienen un salario real: “35 tenían supuestamente asignado un salario, pero a 18 no les asignaron remuneración salarial alguna (el 33,96 % de los 53), a 25 se les retenía con la excusa de usar dicha retención para costear las herramientas de trabajo, la ropa de trabajo, la comida y/o el agua (el 71,43 % de los 35 que tenían asignado un presunto salario), y para 9 de los declarantes la cantidad era solo simbólica”.
Prisoners Defenders también notó diferencias en el trato de los prisioneros dependiendo de su sexo, si son políticos y su raza.
Las mujeres entrevistadas fueron sometidas a labores que no iban acorde a su condición física, e incluso las obligaron a limpiar excrementos sin guantes. Una incluso sufrió esclavización estando embarazada “en avanzado estado de gestación”. 3 de ellas aseguraron ser víctimas de acoso sexual.
Los presos políticos son destinados a labores de menos dureza, “para evitar que los presos políticos -más activos y menos dóciles ideológicamente que los comunes- denuncien esta barbarie”.
Por otro lado, las personas de ascendencia afrocubana sufren discriminación. Además, son los que más sufren el maltrato del modelo esclavista que viven en la estructura penitenciaria. Según un informe de 2024 del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), hay una gran cifra de afrocubanos en las cárceles de Cuba.
¿Qué labores forzadas realizan los presos?
Prisioners Defenders hizo una lista de los trabajos que los presos están obligados a llevar a cabo:
- Producción de carbón vegetal de marabú
- Corte de caña de azúcar (zafra)
- Producciones agrícolas
- Otros (construcción, fábricas, puros habanos, materias primas, etc.)
- Basuras
- Limpieza de calles
- Trabajo en instituciones del estado del tipo social
- Otras adicionales (no hay documentación suficiente)
En el informe, destacaron sobre todo la producción de carbón vegetal, porque es en donde hay más presos aparte de ser el más brutal, y la elaboración de tabaco cubano por la implicación de la empresa Tabacuba.
“En 2023, Cuba exportó 61,8 millones de dólares de carbón vegetal producido bajo mano de obra esclava (decenas de miles de presos comunes y algunos políticos), lo que la convirtió en el noveno mayor exportador de carbón vegetal del mundo (de un total de 159)”.
Los principales países a los que ha destinado el carbón son España, Portugal, Grecia, Italia y Turquía. La investigación detalló que, en el caso español, se exportaron 23 millones de dólares, de los cuales “pueda incluir toneladas de carbón vegetal de marabú cubano”.
Y expuso a empresas españolas como Carbones Loira, BarbecueWorld o PRALIPORT como comercializadores de ese producto elaborado de trabajos forzosos.
Aunque, Prisoners Defenders tiene dos ideas sobre la implicación de los importadores: “Todos o muchos de los importadores, o ignoran que este carbón vegetal de marabú del estado se elabora bajo trabajo forzoso, o conocen bien este hecho como causa para conseguir precios y márgenes inigualables”.
En el caso del tabaco, según el informe, la producción está bajo la dirección de la empresa Tabacuba con un modelo que combina civiles y reos.
Por ejemplo, en la Prisión de Quivicán, dos civiles expertos en la producción de tabaco van y enseñan a los prisioneros los fundamentos básicos y se encargan de la contabilidad de la fábrica.
“Los dos trabajadores civiles no sancionados penalmente tienen un empleo en línea con las miseras condiciones laborales que soportan los cubanos. (…) con media hora de descanso entre horas, junto con un pequeño tentempié, y la comida proporcionada por el penal. Reciben un salario de en torno a 40 mil pesos cubanos al mes”.
Pero los presos, que fueron engañados con una promesa de un contrato de trabajo justo, tienen horarios mucho más extensos con sueldos muy bajos que muchas veces no llegan a sus respectivas familias.
Y sí, según detalló el informe, el mayor importador de puro cubano es la Unión Europea. “Al llegar a Europa, el consumidor europeo paga un promedio de 17,9 euros por puro, es decir, 21,00 USD por puro. Es decir, respecto al precio de venta al público, el margen bruto de los comercializadores europeos es del 85,47 %, del Gobierno de Cuba es del 14,53 %, y el del preso es del 0,015 %”.
¿Cómo es la situación en Cuba actualmente?
Para entender el origen de un modelo económico cuyo pilar es la esclavitud de personas que, o trabajan o sufren peores castigos entre rejas, es necesario un contexto de cómo está la situación en Cuba.
Según el informe mundial 2025 de Human Rights, la isla vive bajo la presión de una grave situación económica “que afecta a sus derechos, incluyendo el acceso a la salud y la alimentación”.
La represión de su propio gobierno llega a niveles de tortura y encarcelamiento por levantarse en su contra. Tan mala es la situación que el pueblo se enfrenta a un mal nivel de vida que obliga a muchos a abandonar su nación.
Y si sus ciudadanos no pueden ejercer sus derechos, los prisioneros no tienen una forma de denunciar los abusos en los centros penitenciarios. Es más, las autoridades prohíben la entrada de organizaciones de derechos humanos.
Detallaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relator Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Medioambientales están muy preocupados ante la enorme falta de seguridad alimentaria y energética de la isla.
El Informe 2025 sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) aseguró que el 89 % de las familias vive en pobreza extrema.
En cuanto a las cifras de empleo, el informe detalló que el 12 % de la población adulta no tiene trabajo. El Estado, por su parte, emplea al 48 % de los que sí tienen un trabajo. Esta precariedad laboral afecta a la economía del país, causando que más de la mitad de las familias cubanas tengan problemas para conseguir lo mínimo y necesario.
El informe, Tormenta financiera sobre La Habana, de Emilio Morales, presidente y CEO de La Habana Consulting Group, añade el dato de que Cuba tiene una deuda externa de más de 40.000 millones de dólares. Lo cual agrava aún más la situación.
“La única salida a esta catástrofe nacional es el reemplazo total del sistema político y económico que asfixia a Cuba desde hace décadas”, concluyó Morales.