Hacinamiento en las cárceles, un problema cada vez mayor en América Latina
El 28 de septiembre, Ecuador vivió su tercer motín carcelario en lo que va de año, en la Penitenciaría del Litoral de la ciudad de Guayaquil. El suceso se saldó con la muerte de 119 presos, convirtiéndose en la peor revuelta carcelaria de la historia del país andino, evidenciando la grave crisis penitenciaria que atraviesa la nación.
Esta situación se repite en cárceles de América Latina, donde los enfrentamientos mortales se extienden entre los presos, debido a condicionantes como el hacinamiento, la precariedad y el abandono por parte de las autoridades, características que convierten a los sistemas penitenciarios en los más agresivos del mundo.
La masacre en la cárcel de Guayaquil ha vuelto a poner en el centro de la polémica, la situación y condiciones de las cárceles latinoamericanas, concretamente de la situación de hacinamiento y colapso que se vive en su interior.
El Instituto para la Investigación de Políticas de Crimen y Justicia (ICPR) en Reino Unido, junto con World Prison Brief (WPB), la principal base de datos mundial sobre asuntos penitenciarios del mundo ha elaborado el ranking de niveles de ocupación carcelaria y que sitúa a Ecuador en el puesto número 18.
El colapso de las cárceles en Ecuador es un problema crítico, puesto que las 52 prisiones ecuatorianas albergan a más de 39.000 presos, según cifras oficiales de capacidad carcelaria, muy por encima de su capacidad. Los expertos señalan que la tasa de ocupación carcelaria en Ecuador, del 133%, es uno de los factores que propiciaron las tragedias vividas este año en las cárceles del país.
A pesar de estas cifras alarmantes, Ecuador ni siquiera se encuentra entre los 10 países latinoamericanos y caribeños con las prisiones más hacinadas. Cinco naciones triplican o cuadruplican la cantidad de presos que admiten sus prisiones.
Los peores datos son los recogidos por el sistema penitenciario de Haití, cuya ocupación carcelaria alcanza el 454,4% afectando al control de estas y propiciando el aumento de la violencia y las malas condiciones de los recintos.
La principal causa de esta situación de hacinamiento se debe al sistema de prisión preventiva, donde el 81,9% de los presos están detenidos sin juicio y en algunas ocasiones nunca tiene un veredicto, según datos de World Prison Brief.
La congregación masiva de presos recrudece una crisis penitenciaria a la cual hay que sumar la falta de preparación de los funcionarios de prisiones, lo que posibilita que los intentos de fuga sean comunes en las prisiones, donde la falta de autoridad del Estado es una realidad.
La nación centroamericana triplicó la capacidad de sus cárceles, que actualmente se encuentran al 367,2% de ocupación máxima.
Según datos de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), a 13 de septiembre de 2021, 12.077 personas se encuentran en prisión preventiva y 12.865 han recibido la sentencia en firme, lo que se traduce en un total de 24.942 presos en un sistema penitenciario colapsado.
Las estadísticas del Sistema Penitenciario (SP) manifiestan un problema de hacinamiento en las cárceles guatemaltecas, que sigue incrementándose en cárceles como la de Mariscal Zavala, donde la capacidad de 135 reos ya ha sido superada hasta los 262.
Los centros de Guatemala con mayor cantidad de presos son Granja Penal Pavón, Granja Canadá, Preventivo de la zona 18, Granja Cantel, Puerto Barrios y Pavoncito, según afirma el medio El Periódico.
El país recoge que la capacidad de sus cárceles se encuentra al 269,9%, muy por encima de su diseño. Ante esta situación el Gobierno ha planteado distintos procesos para descongestionar su sistema penitenciario.
En febrero de 2021, a través de un decreto presidencial aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia se otorgaba el indulto por razones humanitarias a miles de personas que se encontraban en prisión durante el Gobierno de Jeanine Añez, y se liberó a quienes se encontraban en prisión indebida.
“Se pretende beneficiar a un total de 3.180 privados de libertad, 2.781 varones y 399 mujeres de las diferentes cárceles del país. Siendo las principales poblaciones, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, progenitores de menores de 12 años o con discapacidad, perseguidos políticos y víctimas de retardación de Justicia, según el contenido de la norma”, así lo confirmó el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.
En el puesto número cuatro y con una población de 112.003 personas, Granada, uno de los países menos poblados, se encuentra dentro de las naciones latinoamericanas cuyo sistema penitenciario está colapsado. Sus cárceles se encuentran al 233,08% de su capacidad, por encima del doble que permiten.
Es el quinto lugar en este ranking, teniendo un 223,6% de sobrepoblación de presos, un problema que se ha mantenido con los años.
En febrero de 2020, según información del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), alrededor del 48% de los presos no tenían condena, es decir, cerca de la mitad de los presos se encuentran recluidos a la espera de una sentencia.
Un ejemplo de la sobreocupación de las cárceles peruanas es el centro penitenciario de Jaén, cuya capacidad de 50 internos, fue superada hace un año en un 540%, llegando a albergar a 320 reclusos en total, según los datos ofrecidos por el INPE.
Según el ranking de World Prison Brief, en América de Sur, Surinam es el único país que no tiene sus cárceles colapsadas, con una tasa de ocupación del 75,2%. Le sigue en segundo lugar Chile, con un 100,4% de su capacidad. Mientras, en Centroamérica, únicamente Belice se mantiene en 49,8%, seguido por México con una tasa de 101,8%.
Estos datos evidencian que la mayoría de las naciones de América Latina, tienen un sistema penitenciario en crisis que, según el Instituto para la Investigación de Políticas de Crimen y Justicia (ICPR), alcanza un promedio de ocupación del 160% en la región, con países que multiplican por tres y por cuatro la capacidad de sus prisiones.
César Muñoz, investigador senior en el departamento de América Latina de Human Rights Watch (HRW), afirma que el problema principal del hacinamiento es “de la justicia penal, no del sistema penitenciario, que no decide quién está allí". Asimismo, señala la lentitud de los procesos judiciales en la mayoría de los países de la región y su "uso excesivo de la prisión preventiva".
Las cifras aportadas por World Prison Brief sobre cuántos presos están detenidos sin juicio son alarmantes, en Paraguay es el 71.7% y en Bolivia el 65%. En promedio, más del 40% de los reclusos en Sudamérica están presos sin condena. En América Central, la cifra promedio es del 35%.
La justicia de América Latina ha multiplicado los casos a los que debe enfrentarse en los últimos años debido a un mercado ilegal en auge "Hoy uno de los principales motivos para estar en la cárcel es la venta de drogas” afirma Sacha Darke, profesor adjunto en Criminología en la Universidad de Westminster, en Reino Unido, quien se especializa en los sistemas penitenciarios en América Latina. Pero la mayoría de las personas apresadas no son narcotraficantes, sino “jóvenes que intermedian entre quienes venden y compran" señala Darke.
La hegemonía y el poder entre los grupos criminales, se manifiesta también en el control de las cárceles, donde a través de motines y asesinatos imponen su superioridad. Gran parte de esta situación, según los expertos, la tiene la situación de hacinamiento que se viven en las cárceles “La sobrepoblación carcelaria favorece el crecimiento de las redes criminales porque hay menos control del Estado", afirma César Muñoz.
El número de personas privadas de libertad en el mundo ha ido en aumento, lo que ha impuesto una carga financiera al gobierno y ha afectado la cohesión social de la sociedad según afirma el manual de estrategia para reducir el hacinamiento en las cárceles elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) con la cooperación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
El documento muestra que el uso excesivo de la prisión preventiva puede ser costoso para el país porque incluye instalaciones penitenciarias, costos de investigación y trámites judiciales. La organización sugiere como posible solución alentar a los tribunales a adoptar medidas alternativas al encarcelamiento en lugar de la prisión de corta duración, y así, promover el uso de sanciones no privativas de la libertad.
Coordinador de América Latina: José Antonio Sierra.