Bangladesh aumenta la presión sobre los refugiados rohingyas en el país
Aumenta la presión sobre un millón de musulmanes rohingyas refugiados en los campos de concentración de Bangladesh desde que el Gobierno del país haya anunciado la retirada de la conexión móvil en los campos para este fin de semana. El ministro de Telecomunicaciones de Bangladesh ha ordenado detener el servicio de telefonía móvil apelando a la “seguridad del Estado” y la “seguridad pública”, según ha recogido el diario The New York Times. El apagón comunicativo está programado para el próximo domingo y dejará sin conexión con el exterior al mayor campo de refugiados del mundo, en el que viven un millón de desplazados procedentes de Myanmar que huyeron de la limpieza étnica que se estaba desarrollando por las autoridades de su país contra esta minoría. “¿Cómo nos comunicaremos con nuestros familiares sin comunicación por teléfono móvil?”, ha declarado a este diario Mohammed Yusuf, que vive en uno de los campamentos. “Si alguno de nuestros familiares se enferma o muere, ni siquiera sabremos qué ha sucedido”, ha denunciado.
Las autoridades de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones de Bangladesh han señalado que sólo los nacionales del país pueden tener en posesión tarjetas SIM locales para terminales móviles y ha prohibido la venta de servicios de conexión telefónica en los campamentos de refugiados. Además, ha afirmado que las compañías que incumplan estas normar serán multadas. Miembros de la comunidad rohingya han afirmado que la conexión a internet ya ha empezado a detenerse en los campamentos.
Los dirigentes de Bangladesh han alegado que la violencia que en los últimos meses se ha vivido en los campos de refugiados, incluida una serie de asesinatos atribuidos al tráfico de drogas, ha motivado la prohibición del servicio telefónico. Sin embargo, varias voces en los campos han afirmado que personas inocentes, que ya están viviendo condiciones humanitarias y de salubridad devastadoras, van a ser castigadas injustamente. “Nuestro sufrimiento será ilimitado si se interrumpe la comunicación por teléfono móvil”, ha afirmado al diario neoyorkino Ramjan Ali, uno de los refugiados.
La presión sobre esta minoría musulmana por parte del Ejecutivo del país que los acogió se ha agudizado en las últimas semanas, especialmente desde que el pasado mes las autoridades de Bangladesh y Myanmar acordaran comenzar un proceso de repatriación sin éxito de los refugiados. Hasta ahora, los dos procesos de retorno han fracasado ya que ningún refugiado ha presentado voluntariamente su intención de volver a Myanmar debido a la falta de garantías y el temor de que su integridad esté en peligro. Además el Gobierno de Bangladesh este jueves ha declarado como ilegales a dos ONG que trabajaban en los campos de refugiados del país por “instigar” a los miembros de la comunidad rohingya a no volver a Myanmar, según ha recogido la agencia Efe.
La Oficina de Asuntos de ONG de Bagladesh también ha acusado a estas organizaciones (la estadounidense Agencia Adventista para el Desarrollo y el Socorro y la bangladesí Al-Markazul) de haber ayudado a la planificación de una manifestación en la que participaron 100.000 rohingyas el pasado 25 de agosto. En este día de agosto se cumplían dos años desde que Myanmar (antigua Birmania), un país de mayoría budista y que no reconoce la ciudadanía birmana a los rohingya, iniciara mediante su Ejército un ataque y persecución contra esta comunidad musulmana en 2017, que mató a 10.000 personas, según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y obligó a huir a 730.000.
Diferentes organizaciones como Human Rights Watch (HRW) o Cáritas han instado a las Administraciones de los dos países a suspender los procesos de retorno hasta que estos sean seguros. Del mismo modo, un total de 61 organizaciones voluntarias han reafirmado su compromiso con la Agencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Refugiados (ACNUR) y otras agencias para seguir brindando ayuda humanitaria a este enorme grupo de personas apátridas y desplazadas. Mientras tanto, Bangladesh sigue negándose a clasificar a la mayoría de desplazados como refugiados y otorgarles, así, los derechos que este estatus conlleva atendiendo al Derecho Internacional, con el objetivo de evitar la creación de asentamientos permanentes.
Al mismo tiempo, Myanmar no ha dado señales de querer poner fin al conflicto con las minorías en el oeste del país. El estado birmano de Rakáin no solo ha sido escenario de una “limpieza étnica de manual” con “indicios de genocidio” hacia la comunidad musulmana rohingya con una estrategia deliberada por parte del Ejército para violar a mujeres y niñas, arrasar aldeas y matar a 10.000 personas, según la ONU; a día de hoy continúa un conflicto armado entre la minoría budista arakanesa y el Ejército del Gobierno en el que, como han apuntado diferentes organizaciones de derechos humanos, podrían estar cometiéndose crímenes de guerra. Esta semana expertos de la ONU han pedido una investigación independiente sobre la muerte de, al menos, 15 personas que fallecieron bajo custodia de las Fuerzas Armadas de Myanmar y que fueron arrestados acusadas de formar parte del Ejército de Arakán, milicia étnica declarada como organización terrorista por las autoridades del país.
