Chile, “en guerra” contra una violencia que deja ya una decena de muertos

Las Fuerzas Armadas y de orden público de Chile libran una “guerra” contra los grupos violentos que han radicalizado una protesta social contra la desigualdad, que se ha cobrado ya diez muertos y que han sembrado de terror las calles de cada vez más lugares del país, con barricadas, incendios y saqueos.

Al presidente chileno, Sebastián Piñera, no le tembló el pulso al expresar que lo que está viviendo el país es una “guerra”, un conflicto bélico contra un “enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni a nadie”, como describió a los violentos.

Para ganar esta “batalla” el Gobierno declaró ya el estado de emergencia, totalmente o en algunas de sus comunas, en 10 de las 16 regiones de Chile: la Región Metropolitana (en la que se ubica Santiago), Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Maule, Concepción, Bío Bío, 0'Higgings, Magallanes y Los Ríos.

En virtud de esta medida, se han desplegado miles de militares para tratar de recomponer el orden público, alterado hasta el punto de configurar algunos escenarios callejeros propios de un frente de guerra. Así lo parecía la céntrica Plaza Italia de Santiago, donde en las horas centrales del día y parte de la noche se registraron fuertes enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

En paralelo, una jornada más, se sucedieron incendios de comercios, farmacias almacenes, bancos y edificios públicos; pillajes, saqueos y barricadas callejeras. Actos violentos que se sucedieron sin control por todo el país, poniendo en jaque a las fuerzas del orden. En uno de estos incendios, en un gran almacén de ropa de Santiago, fallecieron cinco personas, mientras que en otro incendio en un gran comercio de productos de construcción fallecieron otras dos personas y una víctimas más se encontró en otro incendio en un supermercado en la calle santiaguina de Matucana, lo que situó el total de decesos por los actos violentos de esta jornada en ocho, que se suman a los dos reportados hasta esta pasada madrugada.

En un intento de paliar los desórdenes, las autoridades militares decretaron el toque de queda en Santiago, en las ciudades de La Serena, Coquimbo y Valdivia, en la región de Valparaíso y en Concepción para restringir en un determinado horario la libre circulación de personas en pos de favorecer el control de las zonas conflictivas. Y aunque esta medida, junto con el llegar de la noche, dispersó varias manifestaciones, algunos violentos continuaron generando desmanes y buscando oportunidades de saqueo en comercios y supermercados.

La intendenta de la Región Metropolitana, Kala Rubilar, reconoció que las fuerzas del orden se vieron sobrepasadas por momentos y que no pudieron llegar a tiempo para evitar algunos de los actos vandálicos que continuaron pese al toque de queda. 

El ministro chileno del Interior, Andrés Chadwick, aseguró que los violentos que atemorizan al país están organizados para dañar la convivencia, con unos hechos vandálicos que hasta el momento han dejado más de 150 detenidos. “No nos engañemos, estamos enfrentando una verdadera escalada, que sin duda es organizada, para causar un grave daño a nuestro país y la vida de cada ciudadano”, dijo Chadwick en una comparecencia ante los medios de comunicación.

1. Cacerolazos

Simultáneamente a los actos vandálicos, cientos de chilenos se han manifestado también pacíficamente, principalmente haciendo sonar sus cacerolas en la calle. La santiaguina plaza de Ñuñoa fue un claro ejemplo de esta expresión cívica de hartazgo por las desigualdades, donde se generó durante casi todo el día un ambiente más festivo de protesta.

En muchos otros barrios de Santiago y comunas del país se replicaron estos cacerolazos y otras muestras de manifestaciones pacíficas contra el Gobierno de Piñera y por un cambio en la forma en que se gestionan la educación, la salud o las pensiones, problemas de fondo tras este estallido popular que pilló de improviso a las autoridades.

2. Autodefensas

En algunas comunas de Santiago, como La Pintada o La Granja, grupos de vecinos se organizaron para defender sus casas y negocios de los potenciales asaltos por parte de violentos. Las imágenes de las televisiones mostraban a vecinos en la calle fuera de sus domicilios y armados con palos.

3. Incertidumbre ante el comienzo de la semana 

El Gobierno tiene su fe puesta en que este lunes, con el comienzo de la actividad laboral, el país recupere la normalidad, al menos en parte, y para ello habilitó una línea de metro, que no opera desde el viernes, y pidió la solidaridad de los ciudadanos para ayudarse unos a otros en el desplazamiento a los puestos de trabajo.

Se reforzará también el servicio de autobuses y taxis colectivos para cubrir los recorridos de las líneas de metro que no operarán en los próximos días. Los colegios permanecerán cerrados y el ministro de Trabajo, Nicolás Monckeberg, solicitó “flexibilidad” a los empleadores en los horarios de entrada y salida de las personas.

El alza del precio del pasaje del metro de Santiago es solo la punta del iceberg del violento estallido social que se ha registrado en Chile. El telón de fondo es la desigualdad social, la concentración extrema de la riqueza, la impunidad ante la corrupción, la desconexión de la élite política y la precariedad de la sanidad, las jubilaciones y el sistema educativo.

No son problemas de ahora, se arrastran desde hace años y algunos tienen su origen en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), pero han confluido estos últimos días en un estallido furioso sin precedentes en la historia reciente de Chile, un país que se consideraba una balsa de aceite dentro de la convulsionada América Latina.

El anuncio del presidente Sebastián Piñera de dar marcha atrás a la subida del boleto del metro no logró aplacar los saqueos y el vandalismo se desató en varias zonas de Santiago y otras ciudades del país, porque la violencia ya se había convertido en un modo de expresar el descontento con el modelo político, económico y social.

1. Pensiones, un modelo privatizado y heredado de Pinochet 

El sistema de pensiones es uno de los puntos que más rechazo concita en la sociedad chilena. El modelo fue establecido en 1980, durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), y obliga a los trabajadores a depositar cada mes cerca del 12% de su sueldo en cuentas individuales manejadas por entidades privadas conocidas como Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Las AFP invierten en los mercados en busca de rentabilizar sus fondos y obtienen beneficios millonarios, pero no entregan pensiones dignas a los jubilados, que reciben mucho menos dinero del que ganaban cuando trabajaban. Según cifras de la Superintendencia de Pensiones, el promedio de las pensiones de vejez pagadas en agosto pasado fue de unos 220 dólares, poco más de la mitad del sueldo mínimo, que está en 422 dólares mensuales. Paradójicamente, los miembros de las Fuerzas Armadas y las Policías cotizan en un sistema aparte, de reparto, que ofrece jubilaciones mucho más elevadas.

2. Educación de baja calidad y universitarios endeudados 

La educación universitaria fue gratuita en Chile hasta 1981, cuando la dictadura simplificó los requisitos para la creación de universidades privadas. Estos centros se multiplicaron hasta superar las cuarenta en un esquema de mercado en el que tenían libertad para fijar el valor de sus matrículas. Al mismo tiempo, se redujo el aporte estatal a las universidades públicas ya existentes, que también comenzaron a cobrar las matrículas a los estudiantes como una manera de mantenerse competitivas.

El resultado actual de ese modelo es una amplia oferta de universidades privadas de dudosa calidad y matrículas carísimas, que obligan a los estudiantes a pedir créditos avalados por el Estado para financiar sus estudios. Esto lleva a que muchos universitarios se titulen y empiecen a trabajar, pero pasan los primeros años de su carrera laboral pagando deudas con los bancos.

En 2016, la entonces presidenta Michelle Bachelet repuso la gratuidad universitaria para los estudiantes de menos recursos, aunque la cobertura de ese beneficio es aún insuficiente y no ha acabado con el endeudamiento de los jóvenes.

3. Sanidad pública precaria y privada discriminatoria 

Los trabajadores deben cotizar en Chile por lo menos el 7% de sus remuneraciones en planes de salud y pueden elegir entre hacerlo en el sistema público, el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), o en el privado, sustentado por las Instituciones de Salud Previsional (Isapres).

Unos 14 millones de trabajadores están afiliados a Fonasa, muy criticado por los pacientes por la mala atención en los hospitales, largas esperas para obtener una cita médica, incluso en urgencias, y las malas condiciones de los establecimientos. Las Isapres, que cubren a las personas de mayores ingresos, ofrecen planes más caros y con coberturas más bajas a las mujeres y los ancianos, una discriminación que Piñera busca erradicar con una reforma al sistema.

4. Alto costo de la vida y alzas en servicios básicos

Vivir en Chile se ha vuelto más caro, especialmente en Santiago, donde el precio de las propiedades ha subido hasta un 150% en la última década, mientras que los ingresos lo han hecho solo un 25 %, de acuerdo a un estudio de la Universidad Católica publicado en mayo pasado.

Además del alza del billete del metro, que en hora punta vale 1,2 dólares, los ciudadanos han recibido con indignación un aumento del 10% en la factura de la electricidad y pagan precios desorbitados por los medicamentos.

5. Corrupción en la élite

Estos últimos años se han destapado millonarios casos de corrupción de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, esta última una institución que hasta hace poco gozaba de una confianza total de los ciudadanos. También se constató que la financiación ilegal de campañas fue una práctica generalizada en la política chilena, y partidos tanto de izquierda como de derecha recibieron dinero de los principales grupos económicos. El poco empeño de la Fiscalía y otros organismos públicos en perseguir esos delitos hizo que fueran sancionados con simples multas