Chile en estado de emergencia
América Latina está convulsa. Tras las protestas en Ecuador, que finalmente se saldaron con un acuerdo entre el Gobierno y los manifestantes -principalmente indígenas-, ahora es el turno de Chile. Su capital, Santiago de Chile, lleva amaneciendo en llamas desde el viernes. La razón es el incremento de un 3,75% en el precio del pasaje del metro anunciado hace dos semanas. En concreto, el billete se ha elevado 30 pesos (0,0378 euros) hasta los 830 pesos (1 euro). La indignación estalló cuando el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, exhortó a los chilenos a madrugar para que se pudieran beneficiar de la tarifa baja disponible entre las 6 y las 7 de la mañana.
Los incidentes comenzaron en la red del suburbano. Las estaciones de Los Héroes, San José de la Estrella, Trinindad, Cumming, República, Gruta de Lourdes, Neptuno, Tobalaba, Baquedano, Pedro de Valdivia, Santa Lucía y Estación Central se convirtieron “en verdaderos campos de batalla”, según lo recoge el periódico chileno La Tercera. Así, hasta 19 estaciones de metro, de un total de siete líneas, lo que ha obligado a cerrar el suburbano durante todo el fin de semana. Nunca antes se había adoptado esta medida desde la inauguración de la red en el año 1975. Las protestas se extendieron más tarde a las calles de la capital, con autobuses incendiados, saqueos en establecimientos, destrucción de mobiliario urbano y oficinas de la Policía chilena totalmente destruidas. El edificio corporativo de la compañía eléctrica ENEL, localizado en el centro de la capital, acabó envuelto en llamas.
Todo ello ha llevado al presidente del país latinoamericano, Sebastián Piñera, a decretar el estado de emergencia en los distritos -regiones metropolitanas- de Santiago y Chacabuco, donde se encuentra el corazón político de Chile, con el Palacio de la Moneda -oficina presidencial-. También ha sido impuesto en las comunas de Puente Alto y San Bernardo. Según la Constitución chilena, el estado de emergencia queda recogido en los artículos 39 y 42. El primero postula que “el ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas solo puede ser afectado bajo las siguientes situaciones de excepción: guerra externa o interna, conmoción interior, emergencia y calamidad pública […]”. Por su parte, el segundo establece que “el estado de emergencia, en caso de grave alteración del orden público o de grave daño para la seguridad de la Nación, lo declarará el presidente de la República, determinando las zonas afectadas por dichas circunstancias”.
De acuerdo con el texto constitucional, el estado de emergencia no se puede extender durante más de quince días, si bien el mandatario puede prorrogarlo durante otra quince más. En el caso de que considere que son necesarias más extensiones, deberá contar con el apoyo del Congreso Nacional.
Cuando se declara el estado de emergencia, se cede el control de las zonas afectadas a un jefe de la Defensa Nacional designado por el presidente. En este caso, ha sido designado el general Javier Iturriaga del Campo. En el terreno práctico, queda restringida la libertad de locomoción y reunión, es decir, tiene el mando de autorizar o no la celebración de reuniones en el espacio público -incluyendo las manifestaciones- y de controlar la entrada y salida de las zonas declaradas, así como la circulación por ellas.
A las 4 de la mañana de este sábado, hora local -las 9 horas en España- las primeras unidades del Ejército de Chile han comenzado a patrullar las arterias de la capital. También se han desplegado efectivos de las Fuerzas Armadas en los puntos candentes, como las estaciones de metro o los supermercados que ya habían sido saqueados.
El general del Campo ha asegurado que “no tienen información” que les obligue “a declarar el toque de queda”, por lo que, de momento, no se va a “restringir ninguna libertad personal”.
Pese a ello, la instauración del estado de emergencia, lejos de calmar los ánimos del pueblo chileno, los ha caldeado aún más. Han prometido “volver el lunes” con más fuerza para que sus reivindicaciones sean escuchadas por el Gobierno y por la Presidencia. Todas las instituciones políticas del país se han negado a dialogar con los manifestantes.
Según ha publicado el diario local El Mercurio, el balance de heridos se eleva hasta las 114 personas. Solo en la red de metro, los daños materiales se cifran ya entre 400 y 500 millones de pesos (más de 500.000 euros).
